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En la provincia de Santa Fe se encuentran registradas 202 agencias de seguridad privada donde trabajan 9.617 agentes y se encuentran declaradas 764 armas de fuego. Sin embargo, no existe ninguna ley que regule la actividad, establezca controles, sanciones, perfiles de los propietarios e integrantes y sanciones en caso de que no se cumplan las reglas.
Sin embargo, la magnitud del negocio es seguramente mayor, ya que desde la Dirección Provincial de Control de Seguridad Privada, dependiente del Ministerio de Seguridad de la Provincia, reconocen que no cuentan actualmente con registros sobre cantidad de prestadores clandestinos o informales.
“Me pregunto si en algunos casos no es el lobo el que cuida a las gallinas”, dijo el defensor del Pueblo de Santa Fe, Jorge Henn, en el programa Creo que se emite cada mañana en AIRE.
Santa Fe conforma el grupo de apenas cuatro provincias que en la Argentina no cuentan con una ley que regule esta actividad. Por ese motivo, desde la Defensoría del Pueblo se elaboró un proyecto de ley que ya fue presentado en la Cámara de Diputados y que espera su tratamiento.
“No hay un marco legal adecuado. Tenemos una normativa de principio de los noventa, cuando todavía no existían muchos de los avances tecnológicos con que cuentan estas empresas y que ni siquiera establecía sanciones”, insistió Henn.
Y agregó: “Es imprescindible que podamos saber quiénes nos están cuidando, si están capacitados, saber la situación de los prestadores informales. Es que uno de los grandes problemas es la informalidad”, insistió.
Por ese motivo, junto al defensor del Pueblo con sede en Rosario, Gabriel Savino, y la abogada del organismo, Celina Muguruza, se vino trabajando desde hace tiempo en este proyecto de ley que tiende a ordenar la actividad, generar mayores certezas para los ciudadanos y también para los empleados de estas empresas.
El proyecto de ley para regular a las agencias de seguridad privada de Santa Fe
El proyecto de ley está presentado y a disposición de los diputados de Santa Fe, para que luego sea evaluado por los miembros de la Cámara de Senadores: “La seguridad privada es parte de la seguridad ciudadana. Urge una regulación para que estemos todos seguros. Hay empresas serias que también deben ser apoyadas, que forman a sus empleados, que los tienen en blanco, que acceden a la tecnología”, remarcó.
Desde la Defensoría del Pueblo advierten que “la proliferación de prestadores informales se encuentra favorecida por la deficiente regulación provincial que debilita el proceso de supervisión de la actividad por parte del Estado y no logra encauzar al universo de prestadores dentro del marco de legalidad”.
En su artículo tercero, el proyecto elevado por la Defensoría establece como principios rectores que la actividad debe tener “total sujeción y absoluto respeto a las normas constitucionales nacionales y provinciales, a los tratados internacionales con jerarquía constitucional incorporados, y en cumplimiento de las obligaciones internacionales previstas en el derecho internacional de derechos humanos y en el derecho internacional humanitario”.
Fija como autoridad de aplicación al Ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Fe, a través de la Dirección Provincial de Control de Seguridad Privada u organismo que en el futuro lo reemplace.
Esta dependencia tendrá, entre otras, las facultades de ejercer el poder de policía en el ámbito de su competencia y controlar y velar por el cumplimiento de la ley, otorgar la habilitación administrativa con carácter previo a las personas físicas o jurídicas que cumplimenten los requisitos, para prestar los servicios regulados e instruir sumarios, aplicar el régimen de fiscalización, infracciones y penalidades que se establezcan. Es también esta Dirección Provincial la que deberá llevar el Registro Provincial de Empresas de Seguridad Privada.
Asimismo, el proyecto establece exclusiones para personas que posean “antecedentes penales por delitos dolosos”, revistan o hayan revestido “en los tres años anteriores como personal o funcionario en actividad de las Fuerzas Armadas, de Seguridad Nacional o provincial, policiales, organismos de inteligencia, servicios penitenciarios o en dependencias de la administración pública nacional, provincial, municipal o comunal que tengan por objeto o se relacionen a cuestiones de seguridad pública, o a regulación y control de los servicios de seguridad privada”. Y También quienes hayan sido destituidos, exonerados o pasados a retiro, entre otros.
