La nueva estrategia de campaña del kirchnerismo parece clara luego del último discurso de Cristina Fernández en la ciudad de Rosario: en su búsqueda de reformar la Constitución, el oficialismo intentará utilizar a su favor el fallo adverso de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre las leyes de reforma judicial.
Frente al Monumento a la Bandera, la primera mandataria terminó por encasillar de manera contundente a la Justicia como el nuevo enemigo del “modelo” y del pueblo, sumando a los magistrados a la extensa lista integrada por periodistas, opositores, productores agropecuarios y miembros del clero quienes, a diferencia del resto de los adversarios, gozan de una suerte de luna de miel desde que el molesto cardenal Jorge Bergoglio se convirtiera en el Papa Francisco.
En Rosario, Cristina Fernández desvirtuó la realidad y apeló a una serie de verdades irrefutables para arribar a conclusiones falaces.
Dijo que la Justicia actúa de manera corporativa, que existen jueces encerrados en sus despachos, que no suelen rendir cuentas de sus actos, que se fijan sus propios sueldos y que dichos salarios son pagados con recursos públicos. Todo esto es verdad. En gran medida y aunque las generalizaciones suelen ser injustas, estas críticas se condicen con la realidad.
Pero la presidente fue más allá. Dijo, además, que al fallar en contra de la ley que apuntaba a reformar el método de selección de consejeros de la Magistratura, los jueces demostraron que se oponen a la elección popular y que no están dispuestos a aceptar la voluntad del pueblo.
Al realizar tales afirmaciones, la mandataria desvirtúa los hechos. Los integrantes de la Corte no se sentaron en torno de una mesa para decidir si están o no de acuerdo con que el pueblo sea el verdadero propietario del poder en una democracia. Lo que hicieron, simplemente, es lo que les corresponde en un sistema republicano de gobierno: analizaron la letra y el espíritu de la reforma impulsada por el kirchnerismo para determinar si se contrapone, o no, con la letra y el espíritu de la Constitución Nacional.
Son dos cosas totalmente distintas. Y Cristina Fernández lo sabe.
Los constituyentes quisieron evitar que el Poder Judicial estuviera atado al poder político de turno. El kirchnerismo, buscó todo lo contrario al intentar que fuesen los partidos políticos los encargados de proponer,
en listas sábana, a los candidatos a convertirse en consejeros de la Magistratura, responsables de controlar, nombrar o remover a los jueces.
Paradójicamente, el gobierno intentará que fallo de la Corte se torne funcional a sus intereses políticos.
Frente a la declaración de inconstitucionalidad de las leyes aprobadas por el oficialismo, en las últimas horas algunos de los más encumbrados voceros del gobierno comenzaron a reclamar una reforma constitucional. La excusa, en este caso, apunta a buscar una Justicia más transparente y eficiente.
Sin embargo, el objetivo sigue siendo el mismo: cambiar las reglas de juego para buscar la re-reelección dentro de un sector que, luego de diez años de gestión, fue incapaz de generar una figura alternativa al matrimonio Kirchner.
En definitiva, Cristina es absolutamente consciente de que si no puede jugar con la posibilidad de ser re-reelecta, sus dos últimos años de gobierno serán un verdadero calvario. No sólo por la cantidad de frentes abiertos sino, sobre todo, por un peronismo siempre dispuesto a impulsar nuevos liderazgos apenas huele la sangre de un “pato rengo”.
