Da la sensación de que nadie quedó realmente conforme con el proyecto de ley de Reforma Tributaria al que la Cámara de Senadores de la Provincia otorgara media sanción durante el último jueves. Éste parece ser el desenlace casi inevitable para un debate realizado en condiciones intrincadas desde el punto de vista político y asfixiantes desde una mirada económica.
Por un lado, por la atomización evidente de los sectores encargados de analizar la letra del proyecto. Las diferencias no sólo aparecen entre opositores y oficialistas, sino que también existen entre los partidos que conforman la oposición y en los que integran el Frente Progresista.
Por otra parte, porque nunca es fácil negociar cuando las necesidades económicas son tan profundas y los tiempos tan apremiantes.
Los legisladores no son los únicos embarcados en estas discusiones. De hecho, los más interesados en que la reforma sea aprobada cuanto antes son los intendentes, presidentes comunales y, claro está, los integrantes del Poder Ejecutivo, quienes en estos momentos pagan el costo político que implica la virtual paralización de la obra pública por la falta de dinero.
El contexto es asfixiante. El 65{e84dbf34bf94b527a2b9d4f4b2386b0b1ec6773608311b4886e2c3656cb6cc8c} de las arcas del Estado santafesino dependen de los fondos que llegan desde la Nación a través de la coparticipación. Por lo tanto, la única alternativa para la provincia es buscar un incremento de recursos en el restante 35{e84dbf34bf94b527a2b9d4f4b2386b0b1ec6773608311b4886e2c3656cb6cc8c} de sus ingresos.
Como para complicar aún más la situación, el freno de la actividad económica a nivel nacional impacta directamente en la recaudación y en los fondos coparticipables.
Desde la Secretaría de Ingresos Públicos de la Provincia se dijo claramente que el Ejecutivo no está conforme con la letra del proyecto aprobado.
El gobierno esperaba recaudar más a través del Impuesto Inmobiliario Rural. Tanto es así que, si el proyecto de reforma aprobado el jueves se convirtiera en ley, el valor de este impuesto sería cuatro veces más bajo en Santa Fe que en la provincia de Entre Ríos y tres veces menor al que se cobra en la provincia de Córdoba.
De esta manera, la mayor incidencia recaudatoria continuará pesando sobre los Ingresos Brutos. Sin embargo, el gobierno insiste en que el proyecto aprobado en el Senado no permite gravar más a quienes más facturan y cuentan con mayor capacidad contributiva.
Desde la primera gestión socialista, se viene insistiendo en la necesidad de establecer en la provincia un sistema tributario que, más allá de incrementar los ingresos a las arcas del Estado, establezca un esquema más redistributivo.
Ahora se aguarda la discusión en la Cámara de Diputados. Sin embargo, la atomización política y las urgencias económicas actuales, parecen conspirar contra la posibilidad de un cambio profundo.
Lamentablemente, a esta altura de las circunstancias, queda la sensación de que el concepto original de reforma tributaria se fue desvirtuando demasiado y que, lejos de avanzar hacia un esquema más justo y equitativo, terminará siendo un mero aumento de impuestos.
