Este informe fue publicado en Aire Digital.
Luego de que la Asociación de de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público de la Acusación de la Provincia de Santa Fe y la Asociación Argentina de Fiscales enviaran una nota a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para plantear la injerencia de la política provincial sobre los integrantes del MPA, el organismo internacional resolvió aceptar el planteo y fijó una audiencia para el próximo 18 de marzo.
Desde Santa Fe, los fiscales elevaron un informe en el que se plantean situaciones que atentan contra la independencia de poderes. Entre ellas, la denuncia que presentó el senador del PJ, Armando Traferri, contra los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra por el hecho de que intentan investigarlo como posible cabeza de una organización dedicada al juego clandestino en Santa Fe.
La Comisión también escuchará en la audiencia del 18 de marzo lo sucedido con los fiscales Sebastián Narvaja y Adrián Mac Cormack, denunciados cuando investigaban el manejo de los subsidios de los senadores, en 2017.
Armando Traferri y la decisión de la Corte de Santa Fe
En estos momentos, en Santa Fe se aguarda la inminente decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, que debe determinar si los legisladores santafesinos pueden ser investigados penalmente mientras mantienen sus fueros.
En diciembre de 2020, la Cámara de Senadores de Santa Fe rechazó el pedido de desafuero de Traferri, presentado por los fiscales que desde entonces tratan de investigarlo.
La presentación ante la CIDH para plantear estas situaciones fue elevada en su momento por Marcelo Omar Varona Quintián, presidente de la Asociación Argentina de Fiscales (AAF), y Gisela Paolicelli, presidenta de la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público de la Acusación de la provincia de Santa Fe.
En octubre del año pasado, el procurador general de la Corte Suprema de Santa Fe, Jorge Barraguirre, dictaminó que es admisible el pedido de inconstitucionalidad realizado por el Ministerio Público de la Acusación (MPA) respecto del artículo 27 del Código Procesal Penal de la provincia, que trata sobre los obstáculos legales para conseguir el desafuero de legisladores que se encuentran en ejercicio del cargo.
