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Para el Gobierno de Santa Fe, el déficit del sistema de jubilaciones y pensiones de la provincia genera una situación insostenible a través del tiempo, por lo que considera inevitable e impostergable avanzar hacia una reforma.
Mientras los gremios de estatales se oponen a cualquier modificación que implique alguna pérdida de derechos para los futuros jubilados y pensionados provinciales, el déficit crece y el sistema solo se sostiene gracias a los aportes que realiza el Gobierno a través de Rentas Generales.
Entre otros reclamos, los sindicatos plantean que el Estado santafesino debería “blanquear” todos los ingresos de sus trabajadores, para generar mayores aportes a la Caja de Jubilaciones. Sin embargo, desde el gobierno aseguran que si esto ocurriera, el déficit se reduciría en apenas 15%.
La actual gestión insiste en que los desequilibrios hacen insostenible al sistema. No solo porque subsiste gracias a los aportes de fondos de Rentas Generales que podrían utilizarse para otros fines, sino porque esos fondos se generan en gran medida a partir de los tributos de sectores privados que no mantienen ninguna relación laboral con el Estado provincial.
“El déficit de este mes va a ser cerca de 40 mil millones de pesos, estamos hablando de que en un mes hubiésemos podido construir 8 escuelas, 40 kilómetros de ruta o comprar 940 patrulleros”, dijo hace algunos días el gobernador Maximiliano Pullaro.
Existen, al menos, dos frentes a tener en cuenta.
Por un lado, la deuda de alrededor de 700 mil millones de pesos que la Nación mantiene con Santa Fe, una de las 13 provincias que en la década de los noventa decidieron no transferir su Caja de Jubilaciones.
Por otro, el quiebre del equilibrio entre los aportes que realizan mes a mes los 208.000 trabajadores activos del Estado santafesino, y lo que cobran los 102.000 jubilados y pensionados que alguna vez fueron agentes provinciales.
Ambos factores van de la mano.
Santa Fe mantiene su reclamo por la deuda acumulada de Nación. Tanto es así que el año pasado la Provincia llevó su planteo ante la Justicia y, en las últimas horas, Maximiliano Pullaro; el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora; y el de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, firmaron una declaración para abordar en forma conjunta y consensuada con el Estado Nacional la problemática del financiamiento de los déficits de los sistemas previsionales de las tres provincias de la Región Centro.
Sin embargo, mientras se repiten los reclamos y se aguarda una respuesta que aparece incierta, lejana y hasta improbable -en 2023 la Nación cubrió la deuda de 2019 y el gobierno de Javier Milei eliminó todas las transferencias-; en junio el Estado santafesino pagó jubilaciones y pensiones por aproximadamente 100 mil millones de pesos, con un sistema que apenas recaudó unos 70.000 millones.
Caja de Jubilaciones de Santa Fe: 14 subsectores con distintos grados de déficit
En el sistema jubilatorio de Santa Fe existen 14 subsectores: seguridad, docentes, Administración Central, Api/Catastro, Poder Judicial, Vialidad, Arte de Curar, Gráficos, Caja de Previsión, Dipos, Poder Legislativo, bancarios, EPE, Municipios y Comunas.
En todos los casos, los trabajadores aportan el 14,5% de sus sueldos para sostener la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia, mientras que el Estado aporta el 17,2%.
Cada uno de estos sectores refleja situaciones diferentes, pero en general todos son deficitarios. Municipios y Comunas y la Administración Central aparecen como los más equilibrados. Sin embargo, en algunos casos el déficit entre los aportes y las jubilaciones que se pagan oscila en el 50%.
Mientras el régimen general de jubilaciones y pensiones nacional que depende de la Ansés tiene un tope de 1.392.450 pesos en junio 2024 -nadie cobra más que eso-; en Santa Fe la jubilación máxima supera los 9 millones de pesos, ya que es igual al 80% del sueldo del presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, con 30 años de antigüedad.
Los 4.598 trabajadores activos del Poder Judicial santafesino aportan alrededor de 4.500 millones de pesos mensuales; pero el pago a los 2.900 jubilados y pensionados del sector implica una erogación de unos 8.700 millones.
El caso de la Justicia refleja algunos de los principales desajustes.
A partir de una “ley de enganche”, cualquier aumento de sueldos en el Poder Judicial a nivel nacional se traslada a los agentes del Poder Judicial de Santa Fe.
Sin embargo, mientras los trabajadores activos de la Justicia nacional aportan el 18% de sus sueldos a sus futuras jubilaciones, los trabajadores del Poder Judicial de Santa Fe solo aportan el 14,5% de sus salarios, al igual que los docentes, la administración central, los policías y cada uno de los subsectores del sistema jubilatorio santafesino.
El promedio de las jubilaciones del Poder Judicial en la provincia de Santa Fe es de 3.650.505 pesos mensuales, seguidos de cerca por el Poder Legislativo -tiene 2.039 aportantes y 950 beneficiarios-, con un promedio de 3.324.381 millones.
En el caso de los docentes, el pago de jubilaciones y pensiones en abril sumó alrededor de 32.000 millones de pesos mensuales, pero los aportes apenas superaron los 21.000 millones de pesos, por lo que el déficit oscila en el 35%.
El subsector correspondiente a la EPE -alrededor de 4.000 aportantes para cubrir 3.700 jubilaciones y pensiones- tiene un déficit del 48% entre lo que tributan los activos y lo que cobran los pasivos.
Jubilados con un promedio de 60 años
La relación ideal para que un sistema de jubilaciones pueda sostenerse es que existan entre 3,5 y 4 aportantes por cada jubilado o pensionado. Si bien este equilibrio no se alcanza en ningún régimen -sobre todo por los incrementos en las expectativas de vida-, este año la relación en la provincia de Santa Fe es de 2,7 activos por cada pasivo.
Pero eso no es todo. El promedio de edad de jubilación de los estatales santafesinos es apenas de 60 años, y en algunos subsectores las edades de retiro son aún más bajas.
Los docentes hombres se jubilan a los 60 años, mientras que las mujeres lo hacen a los 57; los policías hombres se jubilan a los 55 años y las mujeres a los 52; mientras que el resto de los estatales hombres se retira a los 65 años y las mujeres a los 60.
Sin embargo, los promedios de edades jubilatorias son más bajos, porque en todos los casos existe la posibilidad de adelantar un año la jubilación, por cada dos años trabajados luego de los 30 años de servicio.
Solo a modo de ejemplo: un docente hombre con 36 años se servicio puede jubilarse a los 57; mientras que una docente con el mismo tiempo de trabajo se puede retirar a los 54 años.
Si esa persona viviera hasta los 90 años, habrá pasado el mismo tiempo de su vida trabajando -36 años-, que como jubilada de la provincia de Santa Fe.
Por su parte, un empleado de administración central con 34 años de servicio se puede jubilar a los 63 si es hombre o a los 58 si es mujer.
Los promedios de edad jubilatoria de los agentes públicos de Santa Fe son los siguientes: policías, 52 años; docentes, 59 años; resto del sistema, 62 años.
En el caso de los docentes, solo el 60% se jubila cuando alcanza la edad para hacerlo; en la administración central, el 62%; en la EPE, apenas el 16%; y en el resto de los sectores, el 51%.
Las mujeres representan casi el 70% de los jubilados y pensionados de Santa Fe
Otro dato importante es que el 69% de los beneficiarios de la Caja de Jubilaciones de Santa Fe son mujeres.
Las estadísticas oficiales reflejan que las mujeres no solo se jubilan en promedio cinco años antes, sino que además viven 5 años más que los hombres.
En promedio, los hombres jubilados o pensionados de Santa Fe fallecen a los 77 años, con una permanencia de 16 años dentro del sistema; mientras que las mujeres viven hasta los 81 años, con una permanencia promedio de 21 años en el sistema de jubilaciones y pensiones.
Por estos motivos, no se descarta que una futura reforma del sistema avance en la equiparación progresiva de las edades jubilatorias de hombres y mujeres.
La comisión creada para generar un informe sobre la situación general del sistema jubilatorio de la Provincia se mueve rápido. En cuestión de días, se escucharon las voces de sectores docentes, empleados judiciales y magistrados.
Por el momento no trascendieron los detalles de las reformas del sistema jubilatorio que el Poder Ejecutivo tiene en carpeta y se aguardan los resultados finales de estas rondas de consultas.
De todos modos, existen tan solo tres alternativas para achicar el déficit: encontrar mecanismos que permitan reducir en el futuro los montos destinados al pago de jubilaciones y pensiones, incrementar los aportes que realizan los empleados estatales en actividad, o avanzar en ambos objetivos al mismo tiempo.
Mientras la incertidumbre sobre el futuro de la Caja de Jubilaciones está planteada por todos estos motivos, existen al menos tres certezas:
- 1. La Caja de Jubilaciones y Pensiones de Santa Fe continuará dependiendo de la Provincia.
- 2. Se sostendrá un sistema de reparto.
- 3. Los derechos adquiridos por jubilados y pensionados de Santa Fe no serán modificados, pero la decisión política del Ejecutivo -que cuenta con mayorías legislativas- está tomada y los cambios para avanzar hacia el equilibrio de la Caja parecen inevitables.
