Como si no fuera lo suficientemente grave que se detenga en Santa Fe a dos personas sospechadas de distribuir material sexual infantil y que una de ellas trabaje en el Hospital de Niños, una suma de contradicciones entre los responsables de hacer Justicia incrementa las dudas sobre este inquietante caso: la fiscal que investiga los hechos y la jueza que ordenó la liberación de los imputados, brindan versiones contrapuestas sobre sus actuaciones en la causa.
Ese día, se realizaron 33 procedimientos impulsados por la Embajada de Estados Unidos en Argentina, el U. S. Department of Homeland Security de Estados Unidos y el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires.
Los operativos se repitieron en las provincias de Buenos Aires, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, Río Negro, Salta, Santa Fe, Tierra del Fuego y Tucumán, además de Caba. Además, hubo allanamientos en diferentes ciudades de República Dominicana, Ecuador, Paraguay, Panamá, Puerto Rico, Alemania, Costa Rica y Perú.
Pero en la ciudad de Santa Fe el caso tuvo un aditamento inesperado: Matías J., uno de los imputados de distribuir material sexual infantil por internet, trabaja nada menos que en el Hospital Alassia, donde se atiende a menores de 14 años. Y este lunes, se presentó a trabajar como si nada hubiese ocurrido.
Fuentes del hospital confirmaron que se produjo la inmediata reacción de algunos de los empleados al verlo llegar, por lo que se elevó el caso al Ministerio de Salud y se tomó la decisión de apartarlo de sus funciones en el nosocomio.
En realidad, Matías J. se presentó a trabajar en el hospital porque la jueza Celeste Minniti, en la audiencia de medidas cautelares realizada la semana pasada, no le prohibió que lo hiciera.
La magistrada solo les impuso a Matías J. y a Leandro P. las siguientes restricciones: que no accedan a internet -una medida de difícil control-, que se presenten cada 15 días ante la Justicia, que no salgan del país y una caución de 10 millones de pesos para cada uno.
Contradicciones entre una jueza y una fiscal
Y es en este contexto donde comienzan a surgir las contradicciones entre la jueza Minniti y la fiscal de la causa, Luciana Escobar Cello, responsable de acusar a los sospechosos y de recabar los elementos indispensables para sostener las imputaciones.
Mientras la fiscal adelantó que apelará la decisión de dejar en libertad a los imputados porque no está de acuerdo con las decisiones de la magistrada, la jueza aseguró que los elementos de prueba presentados por la Fiscalía fueron, por lo menos, endebles para sostener la acusación.
Esta falta de acuerdo no reviste, de hecho, ninguna gravedad; ya que así funciona el sistema y por eso existe ahora la posibilidad de que la Cámara de Apelaciones resuelva esta situación puntual.
Sin embargo, surge un pregunta clave en este controvertido caso: ¿sabía la jueza Minniti que Matías J. trabajaba en el Hospital de Niños? Y si fue así, ¿no consideró conveniente mantenerlo alejado de ese lugar, teniendo en cuenta el delito que se le atribuye?
En el programa Ahora Vengo, que se emite en AIRE, se le hizo exactamente esta pregunta a Luciana Escobar Cello:
– ¿La jueza Minniti conocía el lugar de trabajo de este imputado?
La respuesta textual de la fiscal fue la siguiente: “Sí, creo que sabía donde trabajaba…”, cargando de esta manera a la magistrada con el peso de no haber tomado la decisión de alejar al sospechoso del hospital.
Un día después, en el programa Creo, que también se emite en AIRE, la jueza Celeste Minniti dio su versión de los hechos.
– ¿Usted sabía que Matías J. era empleado del Hospital Alassia?
– No. Eso no se dijo nunca… Las que brindan esos datos son las partes -la defensa o la Fiscalía-. Nosotros -los jueces- no hacemos un chequeo de la planilla prontuarial.
– ¿Hubiera decidido de otra manera si hubiese tenido ese dato?
– A mejor calidad de información, mejor resolución.
– ¿No solicitó más información?
– Lo solicité. Hice preguntas aclaratorias. Lo que no puedo hacer como jueza es suplir la actividad de las partes -esto significa que no puede hacer el trabajo de la defensa, ni de la Fiscalía-.
– ¿Se le entregó esa información?
– Sí, se me respondió.
– Pero nadie preguntó dónde trabajaba el imputado.
– No. Es un contexto que yo desconocía. Recién en las audiencias previas a un juicio se le pregunta a qué se dedica. Pero no se profundiza en ese sentido. Son las partes las que tienen que dar la información si lo consideran importante.
– ¿Se arrepiente de algo en este caso?
– Yo hice lo que debí hacer, con la información que se me dio. La Fiscalía sabe el material que tiene y por qué lo llevó a la audiencia.
Si lo que dice Minniti es cierto, al parecer la fiscal Luciana Escobar Cello no consideró un dato relevante que uno de los imputados por semejante delito trabajara en el Hospital de Niños.
Pero cuando se le preguntó públicamente a la fiscal sobre este punto, lejos de reconocer que no llevó este dato ante la jueza del caso, respondió de manera ambigua: “Sí, creo que sabía -la jueza- donde trabajaba” el imputado.
Minniti explicó en Creo que “los jueces y las juezas decidimos sobre la base de lo que nos dicen el fiscal y la defensa. Nosotros no tenemos ningún documento, no tenemos absolutamente nada. La decisión se toma a partir de los que nos dicen las partes. Con los elementos presentado, consideré que hay evidencia para sostener una calificación menos gravosa que la que consideraba la Fiscalía”.
Incluso, la jueza indicó que a partir de la última reforma al Código Procesal Penal, la fiscal no tenía la obligación de llevar dentro de las 48 horas a los imputados a esta audiencia, sino que pudo mantenerlos en prisión preventiva durante ocho días, mientras recababa más evidencias para acusarlos.
Otra versión diferente que alimenta las suspicacias
Y es acá donde surge una nueva contradicción entre la magistrada y la fiscal:
Según Escobar Cello, en el momento de las detenciones uno de los imputados estaba bajando “en caliente” material sexual infantil.
Pero la jueza dio otra versión de los hechos: “Fue un punto discutido por la defensa. No hubo acuerdo sobre eso. Fue materia de discusión en la audiencia. Fue un punto corregido por la defensa y la fiscal aceptó esa corrección. Por lo menos, eso es lo que pasó en la audiencia”.
Más allá de estas contradicciones públicas entre una magistrada y una fiscal del MPA, otra pregunta resuena indefectiblemente en esta causa.
Uno de los dos detenidos, Matías J., es hijo de un reconocido abogado de Santa Fe. ¿Influyó este antecedente en la jueza o en la fiscal a la hora de tomar decisiones?
Minniti respondió al interrogante: “En mi anterior función -fue fiscal de delitos contra la integridad sexual- he tenido casos con gente de nombre y apellido reconocidos, y otros con gente ignota. A mí no me mueve la aguja quién esté del otro lado. Yo imparto justicia. Sé muy bien cómo se manejan estos casos. No incidió, es una persona que no conozco y, si la conociera, me hubiese apartado de la causa.
A estas alturas de las circunstancias solo resta aguardar la decisión de la Cámara de Apelaciones para saber si uno o los dos imputados terminan en prisión preventiva, o si continúan el proceso en libertad.
Si los camaristas ordenan las detenciones, será porque consideran que la fiscal realizó su trabajo correctamente y no están de acuerdo con la mirada de la jueza.
Si, por el contrario, deciden que los imputados sigan libres, será porque las pruebas presentadas por la fiscal Escobar Cello no resultan suficientes como para detenerlos.
Más allá de la gravedad de los delitos investigados, del hecho de que uno de los imputados sea familiar de un reconocido abogado y de que trabaje nada menos que en un hospital de niños; las declaraciones de la jueza y de la fiscal de la causa solo contribuyen a generar dudas y sospechas sobre la manera en que se desarrolla este proceso judicial.
Quizá ninguna de las dos haya mentido flagrantemente en sus declaraciones públicas.
Sin embargo, sobrevuela indefectiblemente la inquietante sensación de que algunas respuestas suenan a medias verdades. Y en materia de Justicia, no hay lugar para verdades a medias.
Sobre todo, cuando están en juego no solo las vidas de los imputados, sino las de niñas y niños potenciales víctimas de semejantes atrocidades.
