¿Sabías que el nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Carlos Rosenkrantz, defendió a la provincia de Santa Fe?
Puede que un presidente de la Nación, un gobernador, un intendente o un legislador tengan enorme exposición pública y responsabilidad frente a los problemas acuciantes del día a día. Sin embargo, ejercen un poder y una función que en mayor o menor medida resultan efímeros.
En cambio, la situación del Poder Judicial es diferente. Los jueces son (o deberían ser), en definitiva, los últimos garantes del sistema. Son ellos quienes tienen en sus manos la potestad de decidir quién es culpable, o inocente. Son ellos los encargados de determinar si una ley puede ser aplicada o contradice los principios básicos de la Constitución.
Por eso gozan de garantías fundamentales para que puedan ejercer sus funciones. Por eso cuentan con estabilidad en sus cargos. Por eso el sistema funciona a partir de un esencial mecanismo de contrapesos.
Las pruebas del rol fundamental de la Justicia están a la vista. Así como resulta evidente que el Poder Judicial no hizo lo necesario en el momento adecuado para frenar el mecanismo de corrupción que desgarró a la Argentina de los últimos años; también es cierto que fue la Justicia la que en definitiva le puso límites al plan de “ir por todo” que en su momento planteó de manera pública el poder político.
Vale la pena tener memoria. A principios de 2013, el kirchnerismo se puso como objetivo instaurar en el país un proceso al que denominó “Democratización de la Justicia”.
Según aquel proyecto, los partidos políticos iban a postular, en listas sábana, a los candidatos a integrar el Consejo de la Magistratura, el órgano encargado de elegir, sancionar o destituir a los jueces de la Nación. En otras palabras, el partido que ganara las elecciones hubiera estado en condiciones de controlar políticamente al Consejo. Ya sean kirchneristas, peronistas “disidentes”, radicales, socialistas o macristas (por aquel entonces, Cambiemos no existía).
Así, los consejeros iban a ser elegidos en las urnas gracias al partido que los había designado como candidatos.
Pero eso no es todo. Como para que el plan de control sobre la Justicia resultara infalible, las leyes que terminaron siendo aprobadas por el Congreso de la Nación modificaban la cantidad de votos necesarios dentro del Consejo para destituir a un juez. Ya no se requeriría la conformidad de las dos terceras partes de los consejeros, sino que bastaría con la mitad más uno de los votos.
En junio de aquel año, finalmente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró que la ley aprobada era inconstitucional -el único que votó a favor fue Eugenio Zaffaroni- y el intento del poder político por “legalizar” el control sobre el Poder Judicial, acabó naufragando.
La contracara de lo sucedido en Argentina es Venezuela. En ese país, el poder político controla a la Justicia. No hay límite alguno. Y las consecuencias están a la vista.
Un nuevo presidente
En los últimos días sucedió un hecho trascendente en el país. Luego de 11 años, Ricardo Lorenzetti dejará de ser el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Será reemplazado por Carlos Rosenkrantz, un hombre que llegó a su cargo durante el gobierno de Cambiemos.
Todavía se recuerda el paso en falso dado por Mauricio Macri, quien de manera inesperada nombró por decreto a Rosenkrantz y a Horacio Rosatti como miembros de la Corte. La reacción generalizada contra esta metodología obligó el gobierno a dar marcha atrás y a enviar, como correspondía, los pliegos al Senado de la Nación, donde finalmente fueron aceptados para integrar el máximo tribunal.
Pero más allá de aquel accidentado ingreso a la Corte, es imprescindible ahora saber quién es este hombre que ocupará un cargo fundamental para el país.
En un contexto de permanentes intereses políticos, ideológicos y económicos que impactan sobre los medios de comunicación en general, no es fácil acceder a información confiable.
En este sentido, el sitio Chequeado.com se ha convertido en la Argentina en una fuente de datos fidedignos.
La directora de Chequeado, Laura Zommer, trazó un perfil de Carlos Rosenkrantz en el programa Todo Pasa, que se emite por LT10.
- En primer lugar hay que decir que no es un hombre fácil de encasillar.
- Fue a la escuela pública y se recibió de abogado en la Universidad de Buenos Aires (UBA) en 1983. Entre 1987 y 1989 hizo un máster y un doctorado en Derecho en la Universidad de Yale.
- Su primera función dentro del Poder Judicial fue la de ministro de la Corte. No es un hombre de “carrera”.
- Trabajó durante años como abogado para muchas de las empresas más importantes de la Argentina, algunas de ellas relacionadas con integrantes del actual gobierno. Entre otras Farmacity y Pegasus, vinculadas hasta hace algunas semanas al exvicejefe de Gabinete, Mario Quintana.
- Es fundador de la Asociación por los Derechos Civiles, una ONG no gubernamental, apartidaria, que vela por derechos esenciales y democráticos.
- Tiene una vasta y reconocida trayectoria académica, tanto en Argentina como en el exterior.
- Antes de llegar a la Corte era rector de la Universidad de San Andrés.
- Tiene vínculos con el radicalismo. Rosenkrantz dio sus primeros pasos durante la Presidencia de Raúl Alfonsín, como asesor de Carlos Nino, quien tenía a cargo el Consejo para la Consolidación de la Democracia, dependiente de la Presidencia de la Nación.
- Una década más tarde, fue asesor de Alfonsín en la Convención para la Reforma Constitucional de 1994. También fue asesor en la Convención Constituyente que sancionó en 1996 la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
- Tiene dos hijos y su esposa, Agustina Cavanagh, dirigió la Fundación Cimientos, que trabaja para mejorar la educación en los sectores más vulnerables.
- En su declaración jurada de 2015 reportó un patrimonio de $ 11,3 millones y mencionó haber formado parte de 14 sociedades en los últimos ocho años.
- A fines de 2015, pocas semanas antes de ser propuesto por Macri, la Corte falló en contra de la quita que la ANSES hacía del 15% de impuestos coparticipables de tres provincias, entre ellas Santa Fe. Esta provincia fue representada ante el máximo tribunal por el estudio de Rosenkrantz y Bouzat.
Puede que en el día a día los integrantes de la Corte Suprema de Justicia pasen desapercibidos para el común de la gente. Sin embargo, conocer quiénes son, cómo piensan y saber qué decisiones toman, resulta fundamental. En gran medida, los cimientos y las garantías del sistema dependen de ellos.
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