En la misma causa aparecen involucrados un jefe de policía y otras tres personas, por la desaparición de dinero de la escena del crimen del empresario. Aquella noche, mientras la fiscal se encontraba presente en la Galería Rivadavia -donde funcionaba la agencia de turismo de Oldani- familiares del empresario hicieron desaparecer dólares, pesos y documentación que se encontraba en la escena del crimen.
Tres allegados al círculo íntimo de Oldani, entre los que aparecen Diego Marcos Medera, José Luis Hernández y Virginia Venetucci, por entonces también empleada de la Asesoría Letrada de la Policía de la Policía de Santa Fe, fueron señalados como coautores de encubrimiento por favorecimiento real agravado por el ánimo de lucro por su participación en la desaparición del lugar de dinero en efectivo (al menos 3.050.000 pesos y 1.100.000 dólares estadounidenses) y documentación de valor indiciario que constituían rastros, pruebas e instrumentos del delito de intermediación financiera no autorizada por el que se estaba investigando a la firma Turismo Oldani S.R.L.
A todo esto se agrega el hecho de que mientras estos hechos sucedían, las cámaras de seguridad que apuntaban hacia las oficinas de Oldani habían sido apagadas por efectivos policiales. Al día siguiente, volvieron a funcionar.
El fiscal Rodríguez le atribuyó a José Julián Nizzo la autoría de desobediencia a un funcionario público ya que, según la acusación, en ejercicio de su función como jefe de la Primera Zona de Inspección de la Policía, desestimó la orden impartida por Ferraro sobre implantar una custodia permanente en la sede donde funcionaba Turismo Oldani entre el 12 y el 17 de febrero de 2020.
En su defensa, Nizzo remarca que incluso si hubiese mantenido esta custodia, las irregularidades investigadas ya se habían cometido durante la noche del 11 de febrero y en presencia e la fiscal.
Ferraro fue suspendida el año pasado en sus funciones por la Legislatura durante cinco meses. Pero ese plazo se cumplió y, el 24 de abril pasado -hace apenas 10 días-, estaba en condiciones de reincorporarse a sus tareas en el MPA. Sin embargo, esto no sucedió porque presentó un certificado médico y tendrá licencia hasta el 8 de mayo.
Qué hará la Legislatura de Santa Fe
La Legislatura de Santa Fe tiene la potestad de sancionar o de expulsar a los integrantes del Ministerio Público de la Acusación si incurren en irregularidades en el desempeño de sus funciones.
En el caso de Ferraro, a pesar de encontrarse procesada en la Justicia federal por su accionar en la causa Oldani, diputados y senadores optaron por aplicar solo una suspensión. No avanzaron en su remoción del cargo, a pesar de que el diputado Leandro Busatto -encargado de investigar a la fiscal- pedía que fuera expulsada del MPA.
Cuando te tomó la decisión de suspender a Ferraro, se dejó expresamente aclarado que el caso sería reabierto si se producían avances en la causa judicial. Ahora, esta funcionaria ya no solo se encuentra procesada, sino que además un fiscal federal solicitó formalmente que sea llevada a juicio.
La postura de la Legislatura de Santa Fe, de suspender a Ferraro durante cinco meses en sus funciones, hizo que en el MPA se produjera un hecho inédito en sus diez años de existencia: que existiera una fiscal en condiciones de realizar su tarea, a pesar de encontrarse procesada en la Justicia federal por las sospechas de que hubiese cometido el delito de encubrimiento por favorecimiento real, agravado por la condición de funcionaria pública en concurso real con abuso de autoridad.
