En la ciudad de Rosario, los investigadores del narcotráfico se investigan entre sí. Se miran de reojo. Desconfían. La droga, la corrupción y ciertas conductas que parecen estar teñidas por deleznables intereses políticos, complican una situación que, de por sí, es de extrema gravedad.
A estas alturas de las circunstancias, ya no quedan dudas de que el narcotráfico echó raíces profundas en la principal ciudad de la provincia. Queda absolutamente claro, además, que las administraciones locales y provinciales reaccionaron tarde frente a un problema que viene creciendo desde hace años; y que, desde el gobierno nacional, se intenta utilizar este flagelo para desacreditar al gobierno santafesino por el simple hecho de representar a otro signo político.
Todavía retumban las acusaciones del diputado nacional Andrés Larroque, quien a fines del año pasado y en pleno recinto de la Cámara baja habló de “narcosocialismo”. Si el legislador pensó que de esta manera iba a perjudicar la imagen del gobierno santafesino, logró todo lo contrario.
El socialismo se encontraba por entonces acorralado y perplejo frente a la detención de quien comandaba la Policía de Santa Fe. Paradójicamente, los dichos de Larroque provocaron una mutación en la percepción de gran parte de la opinión pública, que comenzó a convencerse de la posibilidad de que el kirchnerismo estuviera decidido a utilizar el narcotráfico para entorpecer la gobernabilidad de la provincia.
En los últimos días, aparecieron en la sede de los juzgados federales de Rosario panfletos anónimos en los que se vertían fuertes sospechas sobre la honestidad de tres de los policías que comandan las investigaciones sobre la Banda de Los Monos, una de las organizaciones delictivas más peligrosas y poderosas de la ciudad.
Entonces, un fiscal federal -que milita abiertamente en una agrupación política vinculada al kirchnerismo- pidió a la Provincia los legajos de estos tres policías, para comenzar a investigarlos. Pero desde el gobierno santafesino se sospecha de las intenciones de este fiscal, sobre todo luego de que se detectaran escuchas telefónicas en las que se planteaba la decisión de desprestigiar a los integrantes de la Unidad Regional II abocados a la persecución de los narcotraficantes.
Hace aproximadamente un mes, este mismo fiscal intentó que la Justicia Federal declare la nulidad de todas las actuaciones realizadas por un juez de la Provincia y que permitieron las detenciones de algunos de los principales cabecillas de esta banda delictiva. Sin embargo, tal solicitud fue rechazada por el juez federal Marcelo Bailaque.
Frente a este contexto, el margen de error para el gobierno de Santa Fe es mínimo. No sólo porque funcionarios judiciales y autoridades del Ministerio de Seguridad se encuentran amenazados por los narcotraficantes, sino porque cualquier equivocación será utilizada políticamente en contra de la provincia.
De hecho, algunas equivocaciones ya se produjeron y fueron graves. Todo indica que policías cooptados por los narcotraficantes fueron designados por la actual gestión en puestos clave. Algunos de ellos se encuentran en prisión.
El panorama generado por la narcocriminalidad es siempre complejo. Pero los intereses políticos que parecen estar en juego, oscurecen el futuro y lo tornan verdaderamente incierto.
