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San Francisco, Frontera y Josefina, tres localidades que comparten el límite entre las provincias de Santa Fe y Córdoba. Un conglomerado de 100 mil habitantes separado por una calle que unifica los problemas, pero divide los esfuerzos para enfrentarlos. Del lado santafesino no hay fiscales provinciales, ni fuerzas territoriales. Y el Juzgado federal más cercano, ni siquiera tiene juez.
“Acá no se vende Coca Cola, se vende cocaína, Frontera es nuestra”; “Frontera es nuestra, el que avisa no traiciona” ; “Alberione metete en tus cosas si querés a tu familia”.
El pasado miércoles 23 de agosto, tres cartones aparecieron junto a una puerta secundaria de la Municipalidad de Frontera, provincia de Santa Fe, con estos mensajes de amenazas hacia Bernardo Alberione, el fiscal de Delitos Complejos y Narcotráfico de la ciudad de San Francisco, provincia de Córdoba.
Pocos días después, la Justicia cordobesa -la santafesina se declaró incompetente- detuvo en la localidad de Freyre -a 33 kilómetros de Frontera- a Luis Oliva, alias el “Negro”, como autor de estas amenazas. Sin embargo, las dudas persisten y son pocos los que consideran que el caso esté resuelto.
Los carteles con amenazas contra el fiscal de San Francisco, Bernardo Alberione, aparecieron en una puerta secundaria de la Municipalidad de Frontera en agosto pasado.
Los hechos ocurrieron en un escenario complejo, conformado por dos provincias, tres localidades, un solo conglomerado urbano y una calle marcada por una línea de alquitrán que unifica los problemas, pero divide los esfuerzos para enfrentarlos.
De esta manera podría resumirse la situación que atraviesan la ciudad de San Francisco (Córdoba), y las localidades santafesinas de Frontera y Josefina. Un conglomerado de aproximadamente 100 mil habitantes, donde desde hace un par de décadas el narcotráfico profundizó sus raíces, impuso sus códigos y generó un mercado de consumidores cuyas vidas se despedazan sin que muchos lo perciban.
Existen fechas, apellidos y situaciones que marcaron un antes y un después en toda esta región. Existen dos provincias que decidieron enfrentar al narcotráfico -o no enfrentarlo- de maneras diferentes. Y también existen decisiones políticas, judiciales y jurisdiccionales, que solo contribuyeron a fortalecer a los narcos. Algunos, de poca monta; otros, con un poder que amedrenta.
La ciudad de Frontera -que hoy cuenta con unos 12.000 habitantes- siempre fue una suerte de apéndice de San Francisco y una localidad en la que el Estado santafesino estuvo prácticamente ausente. En los setentas, se convirtió en tierra fértil para la prostitución y la trata de personas, gracias a la falta de controles, la corrupción permisiva y una clientela asegurada del lado cordobés. Pero el avance del narcotráfico durante las últimas décadas, lo cambió todo.
El derruido destacamento de la Policía de Santa Fe en barrio Acapulco, comuna de Josefina, muestra los impactos de las balas en sus puertas y paredes. (Foto Maiquel Torcatt).
La comuna de Josefina era apenas un caserío tranquilo -en el área histórica del pueblo viven 1.400 personas-, en medio de un paisaje rural ubicado 9 kilómetros al este del límite interprovincial.
Pero hace 48 años comenzó a gestarse el humilde barrio Acapulco, calle de por medio con San Francisco, donde hoy habitan 2.500 personas y donde se calcula que operan alrededor de 25 bunkers de venta de drogas.
Todo ocurre a escasos metros de una derruida delegación de la Policía de Santa Fe en la que no se observan movimientos, pero sí los impactos de balas que se fueron acumulando a lo largo del tiempo. Sobre todo, hasta fines de 2020, ya que a partir de entonces una suerte de tensa paz impera en la zona.
La ciudad de San Francisco, con poco más de 75.000 habitantes, cuenta con los recursos económicos, los servicios y la presencia del Estado que no existen del lado santafesino. Una ciudad de alto consumo de estupefacientes, que del narcotráfico habla por lo bajo, donde algunos apellidos relacionados con el delito se pronuncian casi susurrando y en la que el cuidado de las apariencias sociales suele imponerse sobre las verdades incómodas.
“De esto acá no se habla, pero el paco, o el pipazo, está haciendo estragos. En todas las clases, pero sobre todo de las clases medias para abajo. A muchos chicos que fueron de clase media, hoy los ves en situación de calle, como indigentes, descalzos, sin ropa. Revolviendo la basura, pidiendo. Y a partir de las 10 de la noche, en el camino interprovincial hay niñas de 12 años prostituyéndose para seguir consumiendo. Están los famosos zombies, a las 2 o 3 de la mañana, dando vueltas, revolviendo basura para comer o para vender algo”.
La frase pertenece a Andrea Carrasco, referente de la ONG Madres Territoriales, que trabaja junto a las familias de los adictos en toda esta región. Ella sabe bien de lo que habla: su hijo Sebastián, que hoy tiene 35 años y desde 2021 “está limpio”, es un adicto que atravesó internaciones, estados de delirio, esquizofrenia y hasta situación de calle.
El intendente de San Francisco, Damián Bernarte, utilizó una figura similar para describir lo que sucede con algunos adictos en la zona: “Se parecen a la serie The Walking Dead”, cuya traducción literal al español es “Los muertos caminantes”.
Bernarte no niega que en su ciudad existan kioscos de venta de drogas y un alto consumo de estupefacientes. Sin embargo, asegura que no se puede considerar a San Francisco como “un enclave del narcotráfico”, y en gran medida responsabiliza de la situación a lo que sucede del otro lado del camino Interprovincial: “Son lugares olvidados por los gobiernos provinciales de Santa Fe. Nosotros les proveemos de agua potable. No tienen cloacas, no hay gas natural. Al servicio de salud lo presta San Francisco”.
“San Francisco tiene fuerzas policiales provinciales y federales; Justicia provincial y federal. Del otro lado no ocurre lo mismo. Frontera y Josefina, con barrio Acapulco, forman parte del patio de atrás con yuyos altos de Santa Fe. Para los gobiernos de Santa Fe parecería que fueran jurisdicción de Córdoba”, insistió.
Según Bernarte, nueve de cada diez imputados por la Justicia Penal por delitos contra la propiedad cometidos en San Francisco, tienen domicilio en Frontera o Josefina.
La intendenta de Frontera, Victoria Civalero, tiene otra mirada: “Como durante tantos años no se actuó -del lado santafesino-, ahora solemos ser el chivo expiatorio de cosas que surgen en otras ciudades… Pero esto es ida y vuelta”.
En algo coinciden todos: enero de 2015 fue un momento bisagra para la región, cuando los cadáveres de Germán Exequiel Lozada y Martín Chamorro, ambos de Santo Tomé, aparecieron calcinados dentro de un Peugeot 307 cerca del basural de Frontera, donde se habían radicado pocos meses antes. Desde ese momento, ya no quedaron dudas de que esta triple frontera se había convertido en escenario de guerra narco.
Una patrulla de la Policía recorre el Camino Interprovincial durante la noche. Foto: Manuel Ruiz / Aire Digital
UN FISCAL AMENAZADO, UN DETENIDO Y DUDAS QUE PERSISTEN
Las amenazas contra el fiscal Alberione volvieron a poner el foco en en la zona. Y si bien el fiscal cordobés Oscar Gieco ordenó la detención del supuesto responsable de los hechos, existen tantas dudas y lecturas de la situación, como protagonistas.
La intendenta Victoria Civalero desconfía. Asegura que jamás supo de la existencia del tal Luis Oliva en su ciudad y sostiene que las amenazas fueron colocadas en su territorio, porque sabían que ella lo iba a hacer público.
“No siento plena seguridad de que que la persona detenida por las amenazas sea la responsable. Trato de creer en la Justicia. Conociendo como conozco a mi ciudad, es una persona que nunca vi, un nombre que nunca escuché. Me queda la duda. No le encuentro la lógica. Por qué amenazar desde acá a una persona de otra localidad. Nos preguntamos eso. Tal vez sabían que nosotros lo íbamos a denunciar. Si no llegaban acá, ¿hubiera tenido la misma repercusión? Las amenazas estaban dirigidas a alguien. ¿Nosotros éramos los mensajeros?”, planteó Civalero.
Desde San Francisco, el intendente Bernarte hace una lectura diferente: “Creo que se trató de un error. Alberione es el más visible, el que más aparece en los medios”. Para Bernarte, las amenazas se produjeron luego de un operativo ordenado por la Justicia federal. “Esta gente -por los vendedores de drogas- muchas veces no tiene en claro el tema de las jurisdicciones. Creo que se trató de una confusión. Puedo estar equivocado, pero parecería eso”, remarcó.
La mirada del fiscal amenazado, Bernardo Alberione, es distinta: “No me caben dudas de que las amenazas vienen de grupos narcos de Santa Fe. Y no me caben dudas de que vienen de grupos que no son los habitualmente vinculados con el narcomenudeo local”.
A la izquierda (este) del Camino Interprovincial, la ciudad de Frontera; a la derecha (oeste), parte de la ciudad de San Francisco. (Foto Maiquel Torcatt).
“Esto tiene que ver con niveles más importantes del negocio, a otra escala. No me caben dudas de que los tentáculos de Los Monos llegan hasta acá, que están sondeando la zona y, en cuanto bajemos un poco los brazos, van a hacer pie en Córdoba a través de Morteros o San Francisco y será un problema de muy difícil solución”, remarcó.
Según Alberione, “por la forma de escribir la amenaza, por lo directo y preciso donde duele, es otra escala. Nunca vi algo así acá. Saltar de la nada, al todo… Para eso tenés que tener una espalda distinta”.
El fiscal también dejó abierta la posibilidad de que las amenazas estuvieran relacionadas “con la banda liderada por Evelio “Yiyo” Ramallo, que opera desde la ciudad de Rafaela e intenta ingresar al territorio cordobés”.
Al norte de la Ruta Nacional 19, el barrio Acapulco. En los últimos años se convirtió en un punto central de la venta de drogas a consumidores que llegan, en especial, desde San Francisco. Foto: Manuel Ruiz / Aire Digital
Lo cierto es que en esta zona limítrofe entre Santa Fe y Córdoba también suenan otros apellidos directamente relacionados con el narcotráfico, pero que al parecer no tienen vinculación con estas amenazas.
“Los Gallardo”, omnipresentes entre los habitantes de San Francisco que prefieren nombrarlos en voz baja por el terror que imponen, aparecen relacionados con negocios a gran escala, de alcance nacional e, incluso, internacional; y “Los Artaza”, de San Francisco, o “Los Allende”, de Frontera, vinculados con el narcomenudeo a menor escala.
SANTA FE: SIN FISCAL, SIN JUEZ FEDERAL Y SIN FUERZA TERRITORIAL
Para algunos, la ciudad de San Francisco sufre el avance de la delincuencia afincada en la ciudad de Frontera y en el barrio de Acapulco. Para otros, en realidad se trata de delincuentes que se terminan asentando en territorio santafesino, simplemente, porque en Córdoba existen más herramientas para perseguirlos.
Más allá de percepciones personales, la realidad indica que la ciudad de San Francisco cuenta con una Fiscalía provincial dedicada a investigar delitos complejos y casos de narcomenudeo -Alberione se hace cargo de enfrentar ambos frentes, pero se estima que luego de su inminente jubilación será reemplazado por dos o tres fiscales que cumplirán sus funciones-.
A esto se suman efectivos de la Fuerza Policial Antinarcóticos que dependen del Ministerio Público Fiscal de la Provincia, una delegación del grupo de elite E.T.E.R. (Equipo de Tácticas Especiales Recomendable).
También existe un Juzgado Federal, a cargo de Pablo Montesi; una delegación de la Policía Federal Argentina y otra de Gendarmería Nacional.
Del lado santafesino, Frontera y Josefina apenas están protegidas por un puñado de policías -en Josefina son 4 y un comisario, para cubrir las 24 horas los 365 días del año-. Muchos de los cuales, ni siquiera conocen el territorio porque llegan en colectivo desde otros puntos de la provincia.
“No cuento con las fuerzas policiales suficientes. Esto ocurre en todo el territorio. Problemas con la movilidad, problemas con el recurso humano, con los insumos, con los edificios. Es muy compleja la situación y tienen que cuidarnos. Necesitamos que nos cuiden”, pidió la intendenta de Frontera, Victoria Civalero.
En Frontera y Josefina tampoco funciona una Fiscalía del Ministerio Público de la Acusación. Hasta hace un año y medio, trabajaba en la zona el fiscal Nicolás Stegmayer, que dejó un buen recuerdo. Pero se convirtió en juez, se fue a Rafaela y nunca se designó un reemplazo.
En estos momentos, estas localidades de Santa Fe ni siquiera cuentan con una ambulancia del 107 en servicio, ya que la unidad que operaba en esta zona sufrió un accidente y quedó inutilizada.
La Fiscalía provincial más cercana está en Rafaela, a 90 kilómetros. Y lo mismo sucede con el Juzgado y con la Fiscalía Federal. Pero con un agravante: el Juzgado federal rafaelino se encuentra vacante, luego de la renuncia del juez Miguel Abásolo.
En definitiva, como la provincia de Santa Fe no cuenta con una ley que le permita perseguir el narcomenudeo -en Córdoba existe desde 2012-, las investigaciones sobre casos de narcotráfico dependen de un Juzgado Federal que se encuentra a 90 kilómetros, pero que no tiene juez. Las decisiones, entonces, terminan recayendo en jueces federales radicados en Santa Fe, Reconquista o, incluso, Rosario.
Fuentes de la Policía Antinarcóticos de Córdoba, que pidieron mantener sus nombres en reserva, afirmaron que suelen trabajar de manera coordinada y sin inconvenientes con la Agencia de Investigación Criminal. Pero esos policías también se encuentran en Rafaela.
“Del otro lado no hay lucha contra el narcotráfico. No hay en ningún sentido. Ni en Frontera, ni en Acapulco. Por la lejanía, siempre fueron lugares abandonados del sistema santafesino. El problema ya se les ha metido en Rafaela, que se convirtió en un lugar de complejidad en cuanto al narcotráfico”, advirtió el fiscal cordobés Alberione.
Cuando el fiscal de San Francisco se encuentra con un caso relacionado con Frontera o Josefina -lo que sucede con frecuencia-, debe pedir autorización a un juez federal de la provincia de Santa Fe para cruzar los límites interprovinciales y trabajar en territorio.
Del lado santafesino, barrio Acapulco y Frontera carecen de servicios esenciales, que terminan siendo provistos desde la provincia de Córdoba. En materia judicial, el fiscal provincial más cercano está a 90 kilómetros. Lo mismo sucede con el Juzgado Federal con jurisdicción en la zona -funciona en Rafaela-, aunque en estos momentos carece de juez. Foto: Manuel Ruiz / Aire Digital
“Encontramos un sistema que es la prórroga de jurisdicción. Hablamos con el juez federal de donde nos toque, pedimos autorización y entonces pasamos. Debería ser un juez federal de Rafaela, pero el juzgado está vacante. Esto se hace solo cuando un hecho en San Francisco está vinculado con Frontera o Josefina. No puedo investigar lo que sucede del otro lado del camino”, explicó Alberione.
A pesar de encontrarse apenas a unas cuantas cuadras de la zona caliente, el juez federal de San Francisco no está autorizado a tomar decisiones sobre el territorio santafesino. Alberione aseguró que se trabaja “para que esto cambie. Es increíble. Los límites entre las dos provincias son políticos y no geográficos. No es la Cordillera de los Andes. Es apenas una línea de brea que divide las dos provincias”.
— AIRE: Como fiscal de Lucha contra el Narcotráfico de San Francisco, ¿qué les diría a los gobernantes actuales y futuros de Santa Fe si tuvieran la posibilidad de compartir un café?
— Bernardo Alberione: “Les diría que no duerman. Porque con el narcotráfico, durmieron. Es como si te dicen que tenés una mancha en el pulmón. Es un cáncer. Y te dan aspirina. Cuando te das cuenta, está ramificado por todo el cuerpo. En etapa terminal”.
“Córdoba -insistió- se dio cuenta que esa mancha era algo maligno y lo tomó en su momento. Santa Fe sigue sin tomarlo y será muy difícil que lo tome, porque el crecimiento del narcotráfico es muy fuerte. Cuando el problema está muy ramificado, yo lo veo muy difícil”.