Esta nota fue publicada en Aire Digital.
Los poderes Ejecutivos nacional y provincial se esfuerzan por brindar un discurso homogéneo a la población frente a la pandemia del coronavirus. En la Legislatura santafesina opositores y oficialistas decidieron con acierto dejar de lado transitoriamente sus diferencias. Sin embargo, en el Poder Judicial de la Santa Fe sucede todo lo contrario: desde la misma Corte Suprema de Justicia se transmiten mensajes contradictorios, que no sólo dejan en evidencia inocultables fisuras e históricas ineficiencias sino que, además, se plasman en una evidente denegación de este servicio esencial para gran parte del territorio santafesino.
Tal como lo informara Aire Digital, los juzgados del interior de la provincia permanecen desde el inicio de la cuarentena con sus puertas cerradas. Sólo funcionan con guardias mínimas la Justicia Penal y las fiscalías. Pero no se pueden tramitar causas de Familia, Laboral, ni Civil. En los pueblos más chicos, tampoco prestan servicios los Juzgados Comunitarios de Pequeñas Causas.
La Corte santafesina dispuso que las guardias mínimas sólo estén garantizadas para todos los fueros en las ciudades de Santa Fe, Rosario, Reconquista, Rafaela y Venado Tuerto. Y como la aplicación de la tecnología en la Justicia provincial sigue siendo una materia pendiente, ciudadanos y abogados deben trasladarse a estas ciudades cabeceras para encarar diversos trámites judiciales. Toda una contradicción en tiempos de cuarentena.
Sobre finales de la semana pasada, el Colegio de Magistrados de la Provincia y el Sindicato de Empleados Judiciales emitieron sendos comunicados negando esta situación a partir de conceptos que, en cuestión de horas, fueron pulverizados frente el peso de las evidencias.
El viernes por la tarde, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rafael Gutiérrez, habló en Aire de Santa Fe, pero no planteó ningún atisbo de solución para estos problemas: “Nosotros seguimos directivas del Decreto de Necesidad y Urgencia del Presidente de la Nación, donde se estableció cuáles fueron las actividades que debían restringirse y cuáles no… Yo no puedo violar el decreto del Presidente y asumir la responsabilidad de que entre gente a Tribunales y que aparezca alguien con la enfermedad. Esto me lo hicieron saber el gremio y el Colegio de Magistrados y lo comparto. No es un capricho”.
“Entiendo el pedido de los Colegios de Abogados porque ellos viven de esto. Pero debo cuidar la salud de la ciudadanía. Estamos esperando que se resuelva la ampliación de la cuarentena y veremos si hay algo más dentro del Decreto de Necesidad de Urgencia”, agregó.
Sin embargo, lo que no dijo Gutiérrez fue que algunas horas antes había recibido una nota de otro ministro de la Corte, Daniel Erbetta, quien reconoce la gravedad de la situación planteada desde el interior provincial y expresa su preocupación y la necesidad de arbitrar los medios necesarios para una “progresiva y gradual ampliación de la prestación del servicio de Justicia”.
En esa nota a la que tuvo acceso Aire Digital, Erbetta le recuerda a Gutiérrez: “He presentado un proyecto de resolución el 6 de abril vinculado con una progresiva y gradual ampliación de la prestación del servicio de Justicia. He solicitado el tratamiento de este proyecto. He solicitado se convoque a un acuerdo de la Corte o en su defecto se arbitren medios tecnológicos para su realización por videoconferencia. Ninguna de estas propuestas de mi parte fue considerada ni tratada a pesar de la incertidumbre generada en el foro de abogados de la provincia, que motivara incluso una presentación de los cinco Colegios de Abogados ante esa Presidencia”.
“No esta demás recordar -insiste Erbetta a Gutiérrez- que, sin perjuicio de las medidas preventivas de protección por la pandemia, el servicio de Justicia es un servicio esencial. No está de más recordar que mientras los integrantes de este Poder tenemos nuestros sueldos cada mes, miles de abogados y de justiciables (ciudadanos) están pendientes de algún tipo de respuesta a sus pretensiones, a la posibilidad de ejercer sus derechos e, incluso, satisfacer sus necesidades económicas”.
Sin respuestas
El malestar de Erbetta no es casual. De hecho, en reiteradas oportunidades intentó contactarse con el secretario de Gobierno de la Corte -una especie de jefe de Gabinete-, Eduardo Bordas, para avanzar en el tratamiento de estos temas, pero ni siquiera atendió sus llamadas.
En la misma nota enviada a Gutiérrez, Erbetta relata: “Formulé tres llamadas al secretario de Gobierno Bordas a las 11.40, 11,41 y 11,46 hs, sin que fueran atendidas… También se le cursaron llamadas desde el Tribunal a mi pedido ya que estuve en la Corte como todos los días, sin suerte. Paradojalmente, quien se encuentra a cargo del gerenciamiento del Tribunal no utiliza ninguna aplicación, como Whatsapp, lo que además deja a este ministro de la Corte a merced de la comodidad del secretario…. A las 11,53 le envié un mensaje de texto diciendo “Eduardo te estoy llamando. Estoy laburando desde las 9, atendé por favor”. Hasta que finalmente pude contactarme para manifestarle mi preocupación por la falta de respuesta a la gravedad de la situación”.
Erbetta dice que cuando al fin pudo hablar con Bordas, el secretario de máximo tribunal “ya había resuelto en nombre de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe publicar en la página del Poder Judicial la prórroga del mismo sistema antes criticado”.
Frente a esto surgen al menos dos preguntas: ¿Bordas puede tomar estas decisiones sin que todos los integrantes de la Corte estén de acuerdo? o ¿Bordas recibió de uno o más miembros de la Corte la orden de que nada cambie desde este lunes, a pesar de la posición de Erbetta?
Un dato más. En la nota, Erbetta no sólo habla sobre sus infructuosos intentos de hablar con el secretario Bordas, sino también de dos conversaciones que sí mantuvo con Rafael Gutiérrez: “Descarto que tampoco usted estaba al tanto de la decisión -de prolongar el mismo esquema de servicio desde el lunes 13- porque me comuniqué telefónicamente con usted en no menos de dos oportunidades, y nunca me mencionó nada al respecto, a pesar de que ambas conversaciones giraban sobre la necesidad imperiosa de tomar decisiones vinculada con la reapertura gradual del servicio de Justicia”.
