Esta nota se publicó en Aire Digital
Caso Oldani y hallazgo de dinero sospechoso en un departamento de la zona portuaria de Santa Fe. Dos causas judiciales inconexas entre sí, pero con un factor en común: ambas investigaciones pueden derivar en la detección de organizaciones financieras no autorizadas -“cuevas”- que operan u operaban por fuera de la ley en la ciudad.
Cuando el martes 11 de febrero de 2020 Cristina Ferraro se hizo presente en la Galería Rivadavia de esta capital, llegó como fiscal de Homicidios para investigar el asesinato del empresario Hugo Oldani, que acababa de suceder en ese lugar.
Cuando el martes 12 de septiembre de 2023 la Agencia de Investigación Criminal llegó a un departamento del puerto de Santa Fe por orden del fiscal Arturo Haidar, lo hizo por una causa relacionada con “retención de bienes” ajenos por parte de un inquilino.
En los dos casos se produjo un factor coincidente: la aparición de cuantiosas, llamativas e injustificadas sumas de dinero en las respectivas escenas del crimen. Sin embargo, los criterios de ambos fiscales tomaron carriles divergentes.
Qué hizo Cristina Ferraro al llegar a la escena del crimen de Oldani
Cristina Ferraro llegó a las oficinas de Oldani Turismo y, en uno de los estantes de la empresa, había nada menos que 1 millón de dólares y poco más de 3 millones de pesos, a pesar de que eran tiempos de pandemia y la actividad turística estaba restringida. También se encontró con una caja fuerte, computadoras y papeles con anotaciones sobre los escritorios.
Nada de esto pareció llamarle la atención. De hecho, y a pedido de los familiares de Oldani -los mismos que en estos momentos están procesados en la Justicia federal-, Ferraro impidió que la policía abriera la caja fuerte, no ordenó preservar el dinero, ni las computadoras, ni las anotaciones. Tampoco se encargó de que existiera algún testigo imparcial del procedimiento.
Ferraro no comunicó los hechos a la Justicia Federal para que se investigara la posibilidad de que allí se hubiesen cometido otros tipos de delitos financieros o de lavado de dinero.
Cuando el fiscal federal Walter Rodríguez decidió investigar lo sucedido, debió esperar dos meses y una semana para recibir la información recabada por fiscales de Delitos Complejos del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe. A tal punto llegó la reticencia por compartir datos con la Justicia federal, que Rodríguez llegó a enviarle una nota al gobernador Omar Perotti para pedirle que hiciera lo posible por torcer esta situación.
La fiscal Ferraro permitió que los mismos familiares -ahora procesados por la Justicia Federal- ingresaran solos a las oficinas, se llevaran los dólares y pesos de los estantes, vaciaran la caja fuerte y recogieran los papeles con anotaciones que se encontraban sobre los escritorios. Y como si todo esto no hubiese sido suficiente, en los días posteriores permitió a la hija de Hugo Oldani que accediera por vía remota a las computadoras de la empresa.
Mientras esto sucedía, efectivos de la Policía desconectaban las cámaras de seguridad que apuntaban hacia Oldani Turismo. Los policías aseguran que lo hicieron por orden de la fiscal.
Cómo actuó Arturo Haidar cuando apareció dinero sospechoso
Tres años y medio después del inicio del caso Oldani, agentes de la Agencia de Investigación Criminal de la Policía llegaron a un departamento ubicado en el Puerto de Santa Fe por orden del fiscal Arturo Haidar. En el lugar, se encontraron con una llamativa, cuantiosa e injustificada cantidad de dinero en la escena de un delito que, supuestamente, nada tenía que ver con supuestas “cuevas financieras” o lavado de dinero.
Sobre la mesa del departamento C del piso 12, al que llegaron con la Policía para recuperar electrodomésticos “retenidos”, había más de 45 millones de pesos, dólares, euros, reales; cuadernos con anotaciones, teléfonos celulares y una computadora.
A diferencia de Ferraro, lo primero que hizo Haidar fue comunicar la situación a la Fiscalía federal en turno. Casualmente, se trata del mismo fiscal federal Walter Rodríguez que investigó la posible existencia de una cueva financiera en Oldani Turismo y que tanto debió insistir hace tres años para que desde el MPA se le enviara información relevante.
Walter Rodríguez recibió la advertencia de lo que estaba ocurriendo, se hizo presente en el edificio e inmediatamente convocó a Gendarmería Nacional para que comenzara a investigar ante la posibilidad de que en ese lugar se estuviesen cometiendo delitos federales.
Esta vez, el fiscal del Ministerio Público de la Acusación que intervino ordenó a la Policía que preservara el dinero, las anotaciones, los celulares y la computadora.
Y aunque parezca simple sentido común, no permitió que ningún allegado al sospechoso ingresara solo a la escena del crimen, ni ordenó que se apagaran las cámaras de seguridad que seguramente existen en este complejo de edificios.
Pocas horas después, y por disposición de la Justicia Federal, se realizaron siete allanamientos en distintos puntos de la ciudad de Santa Fe. Los operativos de fuerzas federales continuaron durante los días posteriores y fueron posibles gracias a que -a diferencia de lo sucedido en el caso Oldani- los elementos y la información encontrada en la escena del crimen fueron preservados.
Por el momento, se investigan los posibles delitos de intermediación financiera no autorizada -funcionamiento de una “cueva”-, defraudación y lavado de activo.
