Los grandes casos de corrupción en esta provincia suelen quedar marcados a fuego en la memoria colectiva cuando ya son historia y es demasiado tarde como para que alguien rinda cuentas.
De hecho, durante 2008 la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe inició una investigación por las demoras procesales en causas trascendentes como, por ejemplo, IBM-Banco Provincia, Caja de Jubilaciones, los juguetes de Antonio Vanrell y la administración de Carlos Aurelio Martínez, entre otros.
En aquel momento se concluyó que el juez Mauricio Frois -ahora sometido a jury- había incurrido en actitudes dilatorias en dos casos. En el resto de las siete causas analizadas, se dijo que las demoras se produjeron por la complejidad de los expedientes o debido a las estrategias de los abogados defensores.
En definitiva, ya era tarde como para hacer algo y las causas terminaron prescribiendo.
Durante los últimos días, se reabrió la discusión sobre la compra de motoniveladoras chinas realizada en 2005, cuando Jorge Obeid era gobernador de la provincia. Aquel negocio nació teñido de sospechas y, cinco años después, las denuncias continúan retumbando sin que la investigación avance.
Este posible caso de estafa contra la administración pública podría prescribir el año que viene, si antes no se producen resultados significativos en materia judicial.
En 2005, la provincia compró 140 motoniveladoras por un total de 51.143.820 millones de pesos (16.498.006 millones de dólares a la cotización de entonces U$S 1 = $ 3.10). Por cada máquina se pagaron 365.313 pesos (U$S 117.842), aunque en los despachos de aduana el valor de cada motoniveladora fue de $ 284.638 (U$S 91.818). La empresa Austral Construcciones, vinculada con el kirchnerista Lázaro Báez, ganó $ 80.675 (U$S 26.024) por cada una de las 140 máquinas, lo que implica un rédito global de .294.500 (U$S 3.643.387).
Pero esto no es lo más sorprendente. Austral Construcciones ni siquiera figuraba como proveedora del Estado santafesino y no se dedicaba a la compra-venta de máquinas.
Según el actual director provincial de Vialidad, Jorge Placenzotti, 88 de las 140 motoniveladoras están inutilizadas. El funcionario aseguró que no existen repuestos y que, al tratarse de una tecnología totalmente ajena a la Argentina, resulta sumamente difícil y costoso repararlas, por lo que simplemente se encuentran abandonadas.
El diputado socialista Raúl Lamberto recordó que, en el momento de la compra, visitó en la ciudad de San Lorenzo el taller supuestamente encargado de brindar el servicio de mantenimiento de la maquinaria. Pero allí le dijeron que no habían sido consultados y que no estaban en condiciones de brindar respuestas.
Desde el justicialismo, el diputado Mario Lacava consideró poco creíble que no encuentren mecánicos capaces de reparar las motoniveladoras, negó que se hayan pagado sobreprecios y se mostró como “el primer interesado en que la Justicia avance y llegue a una conclusión”. Incluso, reclamó -con razón- que la Justicia avance también en la investigación sobre supuesto pago de sobreprecios en la compra de uniformes policiales, realizada por el actual gobierno socialista.
El legislador explicó que en el momento de la licitación, Austral Construcciones presentó una mejor oferta económica que la empresa Macrosa SA, que ofrecía motoniveladoras brasileñas marca Caterpillar, y que por ese motivo el gobierno decidió comprar las máquinas chinas.
El diputado radical, Hugo Marcucci, consideró llamativo que Macrosa SA hubiera ganado una licitación cinco meses antes, por la que le vendió a la provincia de Santa Fe motoniveladoras Caterpiller a una cotización “que fue un 20 por ciento más baja que en el momento que debió pugnar con Austral Construcciones”.
Pero más allá de números y lecturas políticas, las motoniveladoras chinas corren el riesgo de sumarse a la larga lista de causas en las que la Justicia provincial no dio respuestas.
Sobre fines de 2006, el juez de Instrucción, Julio César Costa, dijo públicamente que se encontraba imposibilitado de investigar el caso por falta de infraestructura y recursos humanos. Por entonces, nadie reaccionó desde el Poder Judicial o desde el Poder Ejecutivo como para dar las respuestas que el magistrado estaba reclamando.
Pasaron más de tres años desde aquellas afirmaciones y Costa sigue hablando de problemas de infraestructura, colapso funcional y falta de peritos calificados como para analizar el expediente. En estos momentos, su juzgado carece de secretario y cuenta con dos sumariantes menos.
Pero más allá de esa situación puntual, el expediente continúa demorado desde el 21 de abril de 2009, cuando el perito contador de la Corte Suprema analizó la causa y remitió las conclusiones al despacho del magistrado.
El Litoral pudo saber que durante la tarde de ayer -cuando el caso de las motoniveladoras ya había tomado repercusión pública- , el magistrado se reunió con el fiscal Jorge Andrés, y ambos resolvieron acelerar el trabajo frente a la posibilidad de que el caso prescriba en 2011.
La lista de causas vinculadas con corrupción que han prescripto en la provincia de Santa Fe es larga, pero todo indica que puede seguir creciendo.
Sólo la inmediata reacción de la Justicia y del poder político podrá evitarlo.
