Este informe fue publicado en Aire Digital.
Tres meses después de los allanamientos realizados por agentes del Ministerio Público de la Acusación en oficinas del Ministerio de Seguridad de la Provincia, los abogados que representan a los exfuncionarios investigados y a las víctimas de supuesto espionaje ilegal durante la gestión de Marcelo Sain, al fin tuvieron acceso a los elementos de prueba recabados por los fiscales Mariela Jiménez y Ezequiel Hernández.
¿Qué vieron los abogados que defienden a Sain y a su equipo?, ¿qué encontraron quienes representan a supuestas víctimas, como el exministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro?, ¿cuál es el perfil de las pruebas recabadas hasta el momento?, ¿alcanzan para sostener acusaciones relacionadas con delitos de espionaje ilegal?
Como sucede en estas circunstancias, cada una de las partes involucradas en el caso tiene una mirada diferente después de haber accedido de manera preliminar a la información. Sin embargo, existe un punto de total coincidencia: el volumen de datos presentados por los fiscales sorprende y el primer escollo que deberán superar los abogados será sumergirse en semejante caudal de información.
A los seis biblioratos con documental en soportes físicos, se suman 14 terabytes de datos almacenados en una computadora que se encuentra en una sala del Ministerio Público de la Acusación.
Los fiscales plantean que los abogados deben consultar la información solo desde esa computadora y que no están autorizados a extraer copias -ni siquiera parciales- de los datos. Los abogados de los acusados insisten en que, frente a tamaña cantidad de información, resulta imposible trabajar de esa manera.
¿Cuánta información puede contener 1 terabite?
Los especialistas coinciden en que, a modo de ejemplo y de manera estimativa, se pueden almacenar 6,5 millones de páginas de documentos almacenados en archivos de Office o PDF, o 250.000 fotos tomadas con una cámara de 12 MP o 250 películas o 500 horas de video en HD.
¿Qué encontró el abogado de Sain al acceder a la causa?
Hernán Martínez es el abogado defensor del exministro de Seguridad, Marcelo Sain; también de Germán Montenegro, exsecretario de Seguridad; y otros exfuncionarios como Maximiliano Novas y Agustina Moullins.
“Lo que pude ver son testimonios de empleados del Organo de Investigaciones que mencionan que ingresaban a determinadas bases de datos para buscar información sobre distintas personas. Lo que hay que determinar, en todo caso, es si esos pedidos tenían fundamentos, si estaban vinculados con alguna causa”, explicó.
“Pero además -advirtió- se deberá probar de dónde venían esos pedidos… Dicen que en el OI y en el Ministerio de Seguridad todos compartías las claves de acceso… Se deberá determinar quién buscó información en cada caso, quién lo pidió, qué relación tenía el que buscó información con mis defendidos. Incluso, aunque se determine desde qué computadora se buscaron datos, también habrá que saber quién se sentó en esa computadora para hacerlo”.
El abogado de Sain dijo que existen testimonios de personas que dicen “que participaban de investigaciones y no sabían por qué se les pedía determinada información. Algunos fueron a declarar en virtud de que los apretaron para que lo hicieran. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de dos lugares distintos: el Ministerio de Seguridad y el Organo de Investigaciones del MPA”.
Hernán Martínez resaltó que, “cuando Maximiliano Pullaro era ministro de Seguridad, se firmaron convenios con el MPA para que ambos organismos trabajen en forma coordinada, lo que no me parece mal. Entiendo que no existen delitos porque cada uno que intervino lo hizo cumpliendo su función. En el caso de Sain, cuando tuvo intervención tanto como director del OI y como ministro de Seguridad, cada búsqueda de información apuntaba a cumplir con su función”.
“Me intriga mucho saber qué es lo que han buscado los fiscales. De dónde sale tanta información. Pero sabemos que, en realidad, esto viene desde marzo de 2021, cuando Marcelo Sain renunció como ministro y anunció su regreso al OI. Desde ese tentonces el fiscal regional Carlos Arietti lo viene apuntando”, sostuvo.
La mirada de Juan Lewis, otro de los abogados defensores
El abogado rosarino Juan Lewis -exministro de Justicia del socialismo- representa en esta causa a la exdirectora de la Agencia de Control Policial, Nadia Schujman; a la jefa de Inteligencia Criminal de la Zona Sur, Débora Cotichini; y otros exfuncionarios como Pablo Alvarez, Diego Rodríguez y Milagros Bernard.
“Tuvimos un acceso relativo a la información. Es imposible realizar un examen real si solo nos dejan acceder desde una computadora del MPA. Es una burla”, advirtió.
De todos modos y de forma preliminar, advirtió que “hay millones de plantillas de Excel con todas las entradas a computadoras con el supuesto objetivo de buscar información sobre personas. Ahora hay que descubrir quiénes fueron, desde qué IP, cuáles pueden tener vinculación con esta causa”.
“También vimos que hay testimonios de algunas personas del OI que forman parte de la organización política de Maximiliano Pullaro. Declararon cualquier cosa. Lo que se les cruzó por la cabeza para ver si algo puede configurar delito. Hay cuestiones que son increíbles, otras que tienen que ser corroboradas. Se nota una evidente animosidad contra mis defendidos”, opinó el abogado.
Lewis pudo corroborar que “hay búsquedas de información en bancos de datos que son públicos. También hay pedidos de información a Migraciones y otros entes estatales, pero en lo que respecta a mis defendidos siempre actuaron en el marco de causas judiciales y los fiscales de esas causas estuvieron al tanto de qué información se estaba buscando y sobre qué personas”.
Al igual que el abogado de Sain, Juan Lewis advirtió que “todos coinciden en que las claves o los usuarios para acceder a estos bancos de datos se compartían entre distintos empleados… Entre mis defendidos, no encontré ningún hecho que pueda representar un acto de espionaje”.
Lewis remarcó una serie de supuestas irregularidades en la labor de los fiscales de esta causa: “Lo que tendrán que explicar los fiscales Jiménez y Hernández es por qué se falseó información en la cadena de custodia de los elementos de prueba retenidos. De hecho, desapareció el disco duro de la computadora de Nadia Shujman. Tenemos fotos de la documentación tomadas el 3 de enero y otras del 10 de marzo. Ahí se observa modificaciones. Hubo intervenciones irregulares en dos computadoras, una tablet y cuatro teléfonos”.
Según el abogado de Pullaro, “Sain ponía el arma arriba de la mesa”
Pablo Cococcioni es el abogado del diputado provincial y exministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro, quien fue aceptado como querellante como posible víctima de Marcelo Sain y su equipo de colaboradores en estos perfilamientos o supuestas tareas de espionaje.
A diferencia de los abogados defensores, Cococcioni no considera una traba el hecho de que los fiscales prohíban extraer copias de la causa y obliguen a realizar consultas desde una computadora del MPA.
“Esto recién empieza porque es mucha la información que se debe analizar. Pero ya estamos estableciendo cómo fue la mecánica general de los hechos y el rol de algunas personas. A partir del relato de testigos y de la evidencia secuestrada, hay dos momentos bien diferenciados. El primero, cuando Sain se va desde el Organo de Investigaciones al Ministerio de Seguridad. Y el otro, cuando retorna”, explicó.
Según Cococcioni, del primer análisis de los datos recabados por los fiscales se observa que durante todo 2020 y parte de 2021 “Sain contó con la colaboración de algunos exsubordinados del OI, porque se seguía comportando como una especie de director de facto del OI y bajaba líneas a través de algunas personas, como Débora Cotichini, jefa de Análisis Criminal de Rosario, salteando a los mandos naturales del organismo”.
Coccicioni aseguró que según algunos testimonios, “se armaban las reuniones en el departamento de Sain con un grupo de funcionarios del OI que, en lugar de dedicarse a su función legal, desarrollaban actividades paralelas con funcionarios de Seguridad y de otras áreas, buscando información sobre determinadas personas a pedido de Sain”.
“Hay relatos que dicen que Sain ponía el arma arriba de la mesa cuando se trataba de reuniones de cierta tensión… llegaba con dos armas en la cintura. Parte del reto hacia algunos díscolos era llamarlos su oficina en privado y en este contexto ponía su pistola arriba de la mesa”, resaltó.
El abogado de Pullaro resaltó que “el OI tiene como función primordial dar apoyo a los fiscales, pero siempre enmarcados en una causa penal. Pero sucedía que cuando un empleado preguntaba si había oficios judiciales para buscar un dato determinado, se le respondía con evasivas y luego se hostigaba a los que no colaboraban. Para recopilar información se necesita una orden judicial sobre la base de criterios objetivos. Cuando se desvía esa actividad y se empiezan a hacer perfiles de gente por otros motivos, adquiere relevancia penal”.
Cococcioni fue cauto al hablar sobre el posible delito de espionaje: “Por lo que vemos en la causa pueden aparecer figuras como peculado, por el hecho de haber utilizado materiales y recursos públicos en beneficio de terceros; o abuso de autoridad, o incumplimiento de funciones”.
“Cuando Sain regresa al OI, llega a decir en una reunión que encuentren cualquier cosa en contra de Pullaro… Cuando los organismos investigativos reportan al ministro de Seguridad, algo que parecía ser una investigación penal se está direccionando políticamente… Funcionarios políticos acceden a datos a los que solo puede acceder la Justicia. Todo lo opuesto a lo que dice la ley”, finalizó.
