Cristina Fernández volvió a dictar sentencia. Como lo hizo aquel 19 de enero, cuando dictaminó que el fiscal Alberto Nisman se había suicidado. O el 22 de enero, cuando resolvió modificar su resolución y determinó que al fiscal lo habían asesinado.
En este caso, durante la apertura del período de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación, frente al pleno de los legisladores y ante todo el país, la presidente sentenció que, de ahora en más, todo juez que se atreva a investigarla a ella o a sus colaboradores, será integrante de lo que ha dado en llamar el “Partido Judicial”.
Para Cristina Fernández, en la Argentina actual existen dos clases de jueces: los que no investigan al poder -o, si lo hacen, resuelven a favor del gobierno- conforman el grupo de los magistrados independientes. Como contrapartida, los que investigan a integrantes del gobierno o fallan en su contra, constituyen esta nueva agrupación política que sólo busca hacerse del poder.
Dicho en otros términos, los jueces que investigan el milagroso enriquecimiento de Lázaro Báez, los que “persiguen” al vicepresidente Amado Boudou por el caso Ciccone y por la falsificación de documentos públicos, o aquellos que se atreven a sospechar que se lavó dinero a través de la empresa Hotesur, lo hacen porque, según la presidente, decidieron “independizarse de la Constitución, las leyes y los códigos”.
“Últimamente el Partido Judicial se ha independizado, pero de la Constitución. Hoy, existe un derecho cautelar delivery para impedir que se gobierne y se apliquen las leyes que son constitucionales. La Justicia tiene que ser independiente del poder político, de los poderes concentrados de la economía, pero de lo que no puede ser nunca independiente el Poder Judicial es de la Constitución, de las leyes, de los códigos de forma y de los de fondo”, fustigó la mandataria, dirigiendo su mirada en varias ocasiones al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti.
No es la primera vez que Cristina Fernández se expresa en estos términos. “El verdadero hecho político e institucional de la marcha del 18-F fue la aparición pública y ya inocultable del Partido Judicial”, había dicho luego de la multitudinaria manifestación organizada por los fiscales federales para recordar al fallecido Alberto Nisman.
Lo ocurrido ayer en el Congreso representa un hecho inédito en la historia política de la Argentina moderna. Como nunca antes, el jefe de uno de los tres poderes del Estado descalifica abiertamente a las autoridades de otro poder, condenándolas por sus decisiones.
Es cierto que la Argentina es hiperpresidencialista. Sin embargo, a esta altura de las circunstancias vale la pena recordar que, en un sistema republicano como el que supuestamente rige en el país, ninguno de los tres poderes tiene potestad sobre los otros.
Los tres poderes están -o deberían estar- en un plano de igualdad, libertad e independencia. Y, en todo caso, son los jueces quienes tienen la potestad de sancionar a los integrantes de los otros poderes. Eso dice la Constitución.
Cristina Fernández se repite. Lo que hoy hace con la Justicia, ya lo hizo con los medios de comunicación independientes, con el campo y hasta con la Iglesia. Mientras “el otro” sea siempre un enemigo asechante y decidido a tomar el poder, ella y su gobierno adquieren indefectiblemente la calidad de víctimas.
Y es allí donde la presidente y colaboradores parecen sentirse más cómodos.
