Este informe fue publicado en Aire Digital.
El mismo día en que se cumplen dos años del asesinato del empresario Hugo Oldani, ocurrido en pleno microcentro de la ciudad de Santa Fe, el fiscal federal Walter Rodríguez firmó el pedido formal de elevación del juicio en el que se intentará determinar si en el lugar del crimen funcionaba una cueva financiera y que tendrá a diez personas el banquillo de los acusados.
Lo que comenzó poco después de las 17 del 11 de febrero de 2020 como un asalto seguido de muerte en Rivadavia y La Rioja de esta capital, terminó convirtiéndose en una causa con alcances institucionales inusitados: una fiscal -Cristina Ferraro– bajo sospecha e investigada por encubrimiento, conductas erráticas entre las principales autoridades del Ministerio Público de la Acusación, desaparición de evidencia clave, el autor del disparo fatal que muere dentro de la cárcel de Las Flores bajo un nombre falso, una persona detenida con evidencias que no existían y otra que apareció en la escena del crimen junto a los familiares Oldani pero hasta el momento se desconoce su identidad.
En el banquillo de los acusados del delito de “intermediación financiera no autorizada” estarán la hija del empresario asesinado, Virginia Oldani, junto a María José Calle, Carina Amelia Chelmo, Leandro Javier Forchetti, Flavio Damián Giulioni, Ariel Juan Trucco, Eugenio Francisco Alonso, Marco Molinas, Carlos Nicolás Ciochetto y Carlos Aníbal Bacigaluppo.
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En septiembre pasado el fiscal de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, Fernado Arrigo, había dado el visto bueno a la investigación realizada por el fiscal Rodríguez en Santa Fe. Luego llegó el aval de los jueces que integran dicha cámara, por lo que solo resta el inicio del juicio.
En su momento, el juez federal Marcelo Bailaque planteó: “Es posible afirmar con suficiente verosimilitud que a partir de fecha indeterminada pero presumiblemente desde el año 2018 y hasta el día 11 de febrero de 2020, en los locales ubicados en calle La Rioja 2441/5 (Galería Rivadavia) de la ciudad de Santa Fe donde funcionaba la firma TURISMO OLDANI SRL, el fallecido Hugo Ernesto Cesar Oldani tenía la sede central de sus negocios y en ese marco se llevaron a cabo distintas maniobras de manera habitual y con alcance interjurisdiccional reservadas al sistema financiero, por parte del nombrado y terceras personas, entre las cuales se encuentran los imputados en las presentes, quienes no estaban habilitados para realizarlas”.
Causa Oldani: un caso que el MPA no quería soltar
No fue fácil para la Justicia Federal acceder a este caso, ya que desde un principio el Ministerio Público de la Acusación retaceó información e intentó quedarse con la causa. A tal punto llegó la tensión que, en un hecho inédito, el fiscal Rodríguez pidió formalmente al gobernador Omar Perotti que intercediera para que el MPA compartiera los datos que mantenía en su poder.
En el mismo sentido, los abogados defensores de los acusados buscaron por todos los medios que el expediente quedara en manos de la Justicia de la Provincia de Santa Fe.
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La Justicia Federal considera que en Oldani Turismo se realizaban actividades ilegales que se pueden agrupar en cuatro en cuatro modalidades:
1) Obtención de dinero otorgado por terceros a favor de Hugo Ernesto César Oldani por tiempo determinado a cambio de una tasa de interés y con la posibilidad de renovación.
2) Búsqueda de tenedores de cheques con voluntad de cederlos a cambio de dinero líquido que se entregaba a plazo (5 días) y condicionado a acreditación bancaria (con aplicación de multa en caso de rechazo), a quienes Oldani les descontaba un porcentaje calculado al momento de la entrega del efectivo;
3) Colocación de los recursos financieros obtenidos que a su vez pueden sub clasificarse en tres modalidades:
a) préstamos inmediatos como “rueda de auxilio” a favor de terceros en operaciones propias de éstos últimos y con escaso plazo de devolución (24/48 horas);
b) préstamos de dinero con aplicación de intereses garantizado con la entrega de cheques propios del tomador y con opción de recupero en caso de devolución del efectivo con antelación a la fecha de vencimiento, y
c) préstamos de dólares estadounidenses cuya devolución se pactaba en cuotas mensuales, con opción de pagarlas en moneda nacional, considerando la cotización de la divisa en el mercado informal al día de su cumplimiento; y
4) Utilización del mecanismo en virtud del cual los particulares ingresan divisas al país o las transfieren al exterior, a cambio de una comisión de servicio calculado sobre el monto de la operación.
Cristina Ferraro y los policías, ¿qué hubo detrás de la causa Oldani?
Más allá del inicio del juicio para determinar si en Oldani Turismo existía una cueva financiera, todavía resta que la Justicia Federal investigue si la fiscal del MPA, Cristina Ferraro, incurrió en algún delito al permitir que los familiares del empresario retiraran más de 1 millón de dólares y 3 millones de pesos de las oficinas. Este dinero pudo haber sido clave como evidencia y jamás se supo dónde fue a parar.
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Otra investigación podría recaer sobre los policías de Santa Fe que, según declararon inicialmente, por orden de Ferraro apagaron las cámaras de seguridad que apuntaban hacia las oficinas de Oldani, en el preciso momento en que los familiares del empresario retiraban el dinero.
¿Cometió delito esta fiscal?, ¿violaron la ley los policías involucrados en el caso?, ¿alguien pidió a Ferraro que actuara de esta manera durante aquella noche de febrero de 2020?, ¿por qué el MPA se resistió desde un primer momento a transparentar todo lo que se generó a partir de esta causa?
El juicio que se iniciará pronto permitirá saber si en Oldani Turismo funcionaba una cueva financiera. El resto de las preguntas que rodean esta causa, sigue sin respuestas a la vista.
