Este informe fue publicado en Aire Digital.
El Ministerio Público de la Acusación de la ciudad de Rafaela vive días turbulentos. En una ciudad relativamente chica, donde las historias se reproducen con facilidad, los hechos sucedidos a partir del 19 de octubre y que tienen como acusados, entre otros, a un fiscal regional, a una fiscal y a una empleada del MPA, no pasan desapercibidos.
En otras circunstancias podría tratarse de conflictos de índole privada. Sin embargo, lo que surgió como un enfrentamiento interpersonal entre una pareja rafaelina desembocó en una denuncia ante el fiscal general de la provincia, Jorge Baclini, en la que se solicita que se investigue al fiscal regional de Rafaela, Diego Vigo; a la fiscal de esa ciudad, Angela Capitani y a una empleada del MPA de dicha ciudad.
Y como si todo esto no representara un gran problema, se suma la posibilidad de que el MPA de Rafaela se vea obligado a abandonar el edificio donde funciona desde hace años.
Entre otras acusaciones, figuran posibles delitos tales como abuso de autoridad, malversación de caudales públicos, falsedad ideológica, fraude y hasta una supuesta privación ilegítima de la libertad.
La historia que desemboca en estas denuncias y en un verdadero escándalo en el MPA se inició el pasado 19 de octubre, cuando la policía irrumpió en el domicilio del empresario rafaelino Carlos María Podio Barreiro, quien desde entonces se encuentra detenido en la ciudad de Santa Fe.
Según consta en la denuncia presentada por su hermana, María Victoria Podio Barreiro, con el patrocinio del abogado santafesino Néstor Oroño, en la noche de aquel 19 de octubre Carlos María Podio Barreira se había presentado en la casa de su expareja, María Victoria Almeida, empleada del MPA, y mantuvieron un discusión porque esta mujer se negaba a entregarle al hijo que tienen entre ambos.
Poco después y por orden de la fiscal Angela Capitanio, la policía llegó al domicilio del ahora detenido y según la denuncia lo hizo “en el marco de un espectacular operativo en el que intervino gran cantidad de agentes con armas largas, numerosos vehículos. Le rompieron la puerta de hierro de ingreso a la vivienda” y se lo llevaron del lugar.
Horas después, la misma fiscal le imputó a Carlos María Podio Barreiro doce hechos de supuestas amenazas y coacciones, ocurridos entre los años 2018 y 2019, que nunca habían sido denunciados por María Victoria Almeida.
En la denuncia presentada ante Baclini, se plantea la duda de que dichas denuncias hayan sido “armadas” por la Fiscalía, por lo que se solicita la intervención de expertos para que determinen si se trata de relatos espontáneos o planificados.
El segundo capítulo de una situación conflictiva
¿Qué tiene que ver en toda esta trama el fiscal regional de Rafaela, Diego Vigo?… Para entenderlo, es necesario continuar con el relato.
Durante la noche del 30 de octubre y madrugada del sábado 31 -11 días después de la detención de Carlos María Podio Barreiro-, la empleada del MPA, María Victoria Almeida, se presentó en la casa del fiscal regional Vigo.
“En ese momento pude ver que esta persona, María Victoria Almeida, hablaba por teléfono y se detiene un auto con vidrios polarizados frente a mí. Me asustó la situación y me retiré. Todo este relato ocurrió en 3 minutos aproximadamente. Doy la vuelta de la cuadra porque no entendía lo que estaba ocurriendo y se hacen presentes en el lugar 2 patrulleros y la Guardia urbana de la ciudad”, indica la denuncia.
“¿Qué hace una señorita entrando a altas horas de la noche a la casa de su jefe? ¿Iban a adelantar trabajo? ¿Qué trabajo, si ella en teoría es ordenanza?”, se pregunta la denunciante ante Jorge Baclini.
Y hay más. Según consta en la denuncia, María Victoria Almeida figura como “empleada de Maestranza del MPA. Sin embargo, por razones que se desconocen, realiza actividades administrativas de recepción y clasificación de denuncias. Esto no es ocasional, sino desde hace mucho tiempo… Todo el que concurre al MPA de Rafaela sabe que la nombrada no trabaja como ordenanza, sino como una administrativa más, sin haber rendido o concursado según correspondía hacerlo”.
Investigación desde Rosario
Frente a esta situación, se solicitó que el caso fuera investigado por un fiscal que no se desempeñe en Rafaela bajo las órdenes de Vigo. Dicho pedido fue escuchado y por decisión de Jorge Baclini y la causa ya está en manos de la fiscal de Rosario, María Eugenia Iribarren.
En la denuncia se solicita que de manera urgente se secuestren los teléfonos de María Victoria Almeida, Angela Capitanio y Diego Vigo, “para verificar el tráfico y contenido de comunicaciones por llamadas, mensajes de Washapp o cualquier otro medio entre ellos desde el día domingo 19 de octubre de 2020 hasta la fecha”.“Se verifiquen en los teléfonos de Diego Vigo y María Victoria Almeida el tráfico y contenido de comunicaciones por llamadas, mensajes de Washapp o cualquier otro medio entre ambos desde el domingo 19 de octubre hasta la fecha. Se analice si han borrado mensajes o comunicaciones entre ellos”, agrega la denuncia.
También se pide que se secuestre el automóvil marca Honda Fit en el que se moviliza María Victoria Almeida para verificar en el sistema de navegación, el recorrido efectuado el día viernes 30 de octubre por la noche, madrugada del sábado 31 de octubre, especialmente por calle Sgto. Cabral de Rafaela. Momento en que se detuvo en ese lugar y horario de partida de ese lugar.
Para terminar, María Victoria Podio Barreiro denunció al fiscal Vigo por el “posible delito de eliminación o adulteración de pruebas”, ya que al parecer tres días después de la primera denuncia formal, retiró dos cámaras que se encontraba instaladas en el ingreso de su domicilio “y que podían demostrar lo denunciado”.
A partir de ahora, la fiscal rosarina María Eugenia Iribarren enfrenta la difícil tarea de discernir si efectivamente se cometieron delitos o si, por el contrario, se trata apenas de un escándalo interpersonal con repercusiones institucionales.
Un último dato más que refleja las enormes consecuencias de estas denuncias: los inmuebles donde funcionan en Rafaela la sede del MPA y el anexo de la Fiscalía de Género pertenecen a la familia Podio Barreiro. El MPA alquila estas sedes, pero el contrato vence el 30 de noviembre, en apenas 18 días.
En las últimas horas, los Podio Barreiro le comunicaron al fiscal general de la provincia, Jorge Baclini, que no renovarán el contrato de alquiler “con una institución que mantiene de rehén a un integrante de la familia”.
Esta historia, recién comienza.