Esta nota se publicó en Aire Digital
Cuatro años después de que una asociación civil y un grupo de diputados provinciales decidieran judicializar el tema, la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Rosario ordenó al Gobierno de la Provincia de Santa Fe que tome las medidas necesarias para proteger el recurso pesquero de sus ríos.
Ahora, las nuevas autoridades provinciales optaron por acatar el planteo de la Justicia que dispone una serie de medidas que deben tomarse en un lapso no mayor a los 240 días. Entre ellas, la elaboración de un plan estratégico para la utilización sustentable del recurso ictícola.
El tiempo apremia. No solo por el plazo de 240 días fijado por la Justicia, sino porque la mayoría de los modelos advierten sobre la posibilidad de un nuevo período Niña para esta región del planeta a partir de septiembre de 2024, lo que de producirse generará sequías y la consecuente bajante de los ríos.
Los involucrados en el tema coinciden en que la tarea de generar este plan estratégico y de incrementar los controles sobre la pesca no será sencilla. En primer lugar, porque habrá que fortalecer el recurso humano -el Ministerio de Ambiente de Santa Fe cuenta apenas con 6 inspectores para controlar todos los ríos-. Y, además, porque será imprescindible coordinar decisiones con la vecina provincia de Entre Ríos, ya que el Paraná es un recurso compartido.
Protección de los ríos: dos presentaciones judiciales y una ley que el Senado de Santa Fe no apoyó
La asociación civil “El Paraná no se toca” impulsó la primera presentación judicial en este sentido, en medio de la bajante histórica que afectaba en 2020 a todos los ríos de la provincia debido a la sequía que se prolongó al menos por tres años.
Posteriormente, en junio de 2020, trece diputados provinciales se sumaron al planteo: Fabián Palo Oliver, Clara García, Maximiliano Pullaro -hoy gobernador de Santa Fe-, Carlos del Frade, Sergio Basile, Oscar Martínez, Rubén Giustiniani, Juan Cándido, Silvana di Stéfano, Silvia Ciancio, Georgina Orciani, Fabián Bastía, Marcelo González y Jimena Senn.
La acción solicitaba una veda a la pesca comercial del sábalo en aquel momento y la elaboración de un plan para proteger los recursos naturales de los ríos de Santa Fe.
El juez de primera instancia Luciano Carballo ordenó que se elaborara este plan estratégico, que se lo hiciera de manera integral “con los actores involucrados en la problemática, con publicidad de las decisiones, inclusión de un sistema de alerta temprana, puesta en funcionamiento del Consejo Provincial de Reconversión de las Pesquerías, regularización de las reuniones del Consejo Provincial Pesquero a fin de garantizar la participación ciudadana”.
También establecía la necesidad de “desarrollar de métodos de protección que incluyan cupos de extracción, acopio y tallas mínimas, la regularización de puertos de fiscalización, la implementación de un sistema de auditoría y puesta en vigencia de un método de control del repoblamiento de especies autóctonas”.
Sin embargo, la anterior gestión decidió apelar este fallo.
El diputado provincial Fabián Palo Oliver -uno de los impulsores de la presentación judicial de 2020- recordó que la Cámara baja había aprobado un proyecto para restringir la pesca del sábalo en aquel momento, pero el Senado no avaló esta decisión. Por ese motivo, decidieron ir a la Justicia.
El lobby de los frigoríficos exportadores
En el programa Creo, que se emite cada mañana en AIRE, Palo Oliver sostuvo que “lo sucedido tiene que ver el lobby de los frigoríficos… Son los grandes ganadores de la explotación indiscriminada de nuestros ríos y permanentemente nos enfrentan con los pescadores artesanales, que están todos informales, por debajo de la línea de pobreza y que son los más perjudicados en la cadena de comercialización”.
Según el legislador, es una buena posibilidad para revisar la Ley de Pesca de la Provincia de Santa Fe, para fortalecer el recurso humano que controla los ríos y la presencia de Santa Fe en el Consejo Federal Pesquero.
“Es un recurso de todos los argentinos y de todos los santafesinos. No tienen por qué los frigoríficos llenarse de dinero como lo hacen. Una cosa es la pesca deportiva y otra es esto. Son cazadores, no pescadores”, insistió.
Palo Oliver adelantó que “habrá que investigar quiénes son los dueños de los frigoríficos, quiénes están detrás de esas inversiones. Tenemos algunos indicios, pero no puedo decir nada hasta no tener más datos. Es gente vinculada con estructuras de poder institucional”.
En la provincia de Corrientes se prohíbe la pesca comercial y solo se permite la pesca deportiva. En Santa Fe, al menos por el momento, no se evalúa esa alternativa.
En toda la provincia de Santa Fe existen ocho frigoríficos autorizados para la exportación y dieciséis puertos de fiscalización que dependen de municipios y comunas relacionados con los ríos.
Argentina es uno de los pocos países del mundo que permiten exportar peces de sus ríos, gracias a la pesca que se realiza en tres provincias: Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires.
La posición del actual gobierno
Fuentes del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Santa Fe, que conduce Enrique Estévez, confirmaron a AIRE que la Provincia acatará la orden judicial porque “se trata de algo absolutamente razonable”. De hecho, Maximiliano Pullaro figura en el listado de diputados provinciales que en 2020 llevaron este tema a la Justicia.
El Gobierno comenzó a trabajar en la elaboración del plan integral que reclama la Justicia, aunque las actuales autoridades consideran que el ámbito ideal para fijar pautas es el Consejo Pesquero Provincial, que integran los ministerios de Ambiente, Desarrollo Productivo, asociaciones civiles, deportivas, comerciales, frigoríficos, municipios y comunas, universidades, fuerzas de seguridad provinciales y federales, y ambas Cámaras legislativas.
En estos momentos, el Ministerio de Ambiente cuenta apenas con seis inspectores para controlar lo que sucede en los ríos que surcan la provincia. Entre ellos, nada menos que el Paraná, uno de los más relevantes del planeta.
La idea es reforzar estos controles con más inspectores, pero también generar una coordinación más eficiente con las fuerzas de seguridad provinciales y federales, con las que ya se viene trabajando de forma conjunta.
Si bien los 240 días establecidos por la Justicia representan el plazo establecido para la concreción de estas metas, existe otro condicionante relacionado con la naturaleza: todos los pronósticos adelantan un nuevo período Niña sobre fines de este año y el año próximo, lo que generará bajantes en los ríos que otra vez pondrán en jaque el recurso ictícola.
Según el último informe del Instituto Nacional de Tecnología Agrícola (INTA), el Niño comienza a dar señales de debilitamiento. Y en general, los modelos indican que se producirá un enfriamiento del océano Pacífico central, lo que acrecienta las posibilidades de un nuevo período Niña -sequía- hacia julio y septiembre de 2024 en esta región del planeta.
Las mismas fuentes consultadas por AIRE adelantaron que probablemente se trabaje en reformas a la actual Ley de Pesca de Santa Fe, pero advirtieron que también será indispensable un trabajo coordinado con la provincia de Entre Ríos, ya que el Paraná es un río compartido entre ambas jurisdicciones.
De nada serviría que Santa Fe establezca nuevas medidas autorizadas para la pesca o en el uso de mallas, si Entre Ríos no adopta las mismas decisiones.
El fallo de la Justicia “es ordenador para el trabajo que Santa Fe tiene por delante”, afirman desde Medio Ambiente.
