Esta nota fue publicada en AIRE DIGITAL.
Cambio climático – inundaciones – infraestructura – pobreza. Quizá parezcan conceptos inconexos, pero la experiencia de la ciudad de Santa Fe demuestra que están íntimamente relacionados. Durante la trágica crecida del río Salado ocurrida en 2003, los 24 muertos vivían en barrios marginados y el agua ingresó con toda su fuerza al casco urbano por una obra inconclusa en el sistema de defensas.
San José del Rincón, Arroyo Leyes, Colastiné Norte, Colastiné Sur, La Guardia, El Pozo, Bajada Distéfano, Alto Verde, Varadero Sarsotti, Av. Circunvalación sobre el Salado. En algunos casos, se trata de construcciones levantadas con unas cuantas chapas. Pero en otros -la mayoría-, son casas consolidadas y de material que avanzan hasta el borde mismo de los taludes o, incluso, sobre ellos.
Desde el Ministerio de Obras Públicas de Santa Fe advierten que las construcciones sobre los taludes defensivos generan un proceso inevitable de degradación del anillo de protección, e impiden cualquier trabajo de mantenimiento del sistema.
El mantenimiento de las defensas contra inundaciones es responsabilidad del Gobierno de la Provincia. Y en estos momentos, los funcionarios consultados por AIRE manifestaron una profunda preocupación por lo que viene sucediendo.
Este miércoles, se produjo una reunión entre representantes de la Secretaría de Hábitat de la Provincia, Protección Civil, Ministerio de Desarrollo Social y la Secretaría de Asuntos Hídricos. En ese encuentro se tomó la decisión de iniciar de manera inmediata un relevamiento de las construcciones y de las familias que se radicaron en los anillos de defensas de todo el Gran Santa Fe.
Una vez concluido este relevamiento, se convocará a las comunas y municipios involucrados para analizar en conjunto el mayor de los inconvenientes: cómo sacar a tantas familias de estos sitios y dónde radicar a tantas personas que durante los últimos años comenzaron a construir sobre los taludes defensivos de toda la región.
Existen algunos puntos particularmente vulnerables. Por ejemplo, las defensas de Colastiné Sur y de Bajada Distéfano, que son terraplenes no consolidados que se fueron levantando sin estudios técnicos. “Dicho de manera simple, solo se fue juntando tierra para que el agua del río no avance”, explicó el secretario de Asuntos Hídricos de la Provincia, Roberto Gioria.
En los próximos días, se iniciarán relevamientos en estas zonas para determinar el estado de las defensas y ya planifican trabajos para consolidarlas en el menor tiempo posible.
Pero hay otros puntos complejos, como la zona de Varadero Sarsotti, donde las viviendas se levantan literalmente sobre los sectores más elevados de los terraplenes. Esto impide la circulación de vehículos y maquinaria imprescindibles para realizar tareas de mantenimiento en el anillo defensivo, por lo que las autoridades adelantan que necesariamente estos sitios deberán ser despejados.
“Tenemos la responsabilidad de mantener las defensas. Y la única forma de lograrlo es que en estas zonas no haya viviendas. No hay otra alternativa. Nunca debió construirse allí”, advirtió Gioria.
Existen dos puntos de las defensas sobre el Paraná donde las imágenes registradas por AIRE reflejan la total falta de control: a poca distancia al sur de la estación de bombeo Las 5 Bocas de la ciudad de San José del Rincón, el terraplén ya se encuentra alambrado para futuras construcciones; y a la altura de la calle Las Moras, en Colastiné Norte, se observa un verdadero loteo con demarcaciones del suelo realizadas con postes y alambre que avanzan sobre el talud defensivo.
Esto demuestra que no solo se construyeron viviendas en las defensas, sino que existen familias preparadas para iniciar nuevas construcciones en el corto plazo, lo que agravaría la situación.
El secretario de Hábitat de la Provincia, Amado Zorzón, habló abiertamente del problema: “Es una locura lo del loteo sobre las defensas. Estos asentamientos sobre los cordones generan la imposibilidad de mantenerlos adecuadamente. Y necesitamos hacerlo para que sigan siendo eficientes”.
Zorzón reconoció que los controles se relajaron y adelantó que estos asentamientos deberán ser retirados de los terraplenes.
En el caso de la ciudad de Rincón, existe un barrio prácticamente completo que se desarrolla en medio de reservorios, como el barrio Los Espinillos.
Hay otros puntos particularmente preocupantes en el Gran Santa Fe. Entre ellos, el asentamiento que se extendió sobre la zona de Los Alisos, por fuera del sistema de defensas de barrio El Pozo. Cuando la laguna Setúbal recupere sus niveles históricos, el agua avanzará inexorablemente sobre estas construcciones.
Lo mismo sucederá con cada uno de las viviendas que se levantaron en los últimos años junto a las defensas o en las márgenes de los taludes. Así lo demuestran las fotografías aéreas que registraron hasta dónde avanzaron los ríos durante la última creciente de 2016. Donde hoy existen casas, hace 6 años había agua.
¿Dónde radicar a tantas familias que viven sobre las defensas o dentro de reservorios del Gran Santa Fe?
Desde la Municipalidad también reconocieron el problema, pero advirtieron que no será sencillo encontrar una solución. El titular de Hábitat de Provincia, Amado Zorzón, planteó una mirada similar: “El inconveniente será encontrar otras zonas para trasladar a estas familias”.
Todos coinciden en que fue durante los peores momentos de la pandemia y de la cuarentena cuando se multiplicaron estos asentamientos, habitados por personas que hasta ese momento vivían en otros puntos de la región.
Un dato más que para los funcionarios provinciales y municipales resultó clave en este proceso: la prolongada e histórica bajante de los ríos de la región, hizo que mucha gente se sintiera segura de habitar zonas que naturalmente son inundables.
Los funcionarios provinciales consultados por AIRE adelantaron que luego del relevamiento deberán iniciar un trabajo conjunto con Santa Fe, San José del Rincón y Arroyo Leyes para buscar las estrategias tendientes a relocalizar a las familias.
De todos modos, se trata de una problemática compleja: la Ley Nacional 27.453 de Regularización Dominial para la Integración Sociourbana de Barrios Populares, prohíbe los desalojos de los asentamientos irregulares, declara de utilidad pública los terrenos y obliga a los distintos niveles del Estado a dar respuestas a las necesidades habitacionales de las familias. Incluso, en lugares con infraestructura.
En definitiva, las defensas deben ser mantenidas adecuadamente y, para eso, tienen que estar deshabitadas. No será fácil convencer a tanta gente de que debe abandonar el suelo que hoy ocupa. Y mucho menos encontrar terrenos aptos para a estas familias, adaptadas social y económicamente al entorno que ahora habitan.
Mientras todo este proceso se pone en funcionamiento, existe un dato clave a tener en cuenta: el anillo defensivo funciona como un verdadero sistema y cualquier vulnerabilidad en un punto determinado puede ponerlo en jaque. La bajante histórica de los ríos de la región, no durará para siempre.
