En estos momentos, la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados de Santa Fe sigue trabajando técnicamente para lograr un dictamen que permita aunar criterios entre los proyectos de reforma que se presentaron a lo largo del año, y que tienen como autores a Joaquín Blanco, Rubén Giustiniani, Lucila De Ponti, Dámaris Pacchiotti, Matilde Bruera, Nicolás Mayoraz, Luis Rubeo, Alejandro Boscarol y Gabriel Real.
El tema se viene debatiendo en el interior de los distintos partidos. Incluso, en el peronismo gobernante, a pesar de que desde un primer momento la administración de Omar Perotti marcó cierta distancia: “Acompañamos el debate, pero no lo impulsamos. Nuestra prioridad es la gestión”, se dijo a principios de abril de este año.
Lo cierto es que, si bien ningún referente político quiere pasar a la historia como el que terminó sepultando públicamente la posibilidad de una reforma a la que todos consideran necesaria y dicen apoyar; las buenas intenciones y los argumentos para avanzar sucumben ante a la contundencia de las circunstancias.
Según el socialismo, el actual contexto político difícilmente permita alcanzar el consenso necesario para trabajar en una reforma; para el radicalismo, las elecciones del año que viene se interponen a la posibilidad de pensar ahora en una nueva Constitución; desde Igualdad y Participación sostienen que la postura radical le quita fuerza a cualquier decisión que adopten los socialistas; y en el peronismo reconocen que la coyuntura fija otras prioridades en estos momentos.
“Técnicamente, seguimos avanzando en un dictamen para impulsar la reforma, pero con los problemas institucionales que tiene la provincia de Santa Fe cuesta imaginar un verdadero escenario de concertación para un tema tan delicado. Ni siquiera se puede garantizar un concurso transparente para elegir autoridades del Ministerio Público de la Acusación“, dijo el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales de Diputados, Joaquín Blanco.
La elección de nuevas autoridades del MPA y del Servicio Público de la Defensa se vio atravesada por una serie de audios que volvieron a tener como protagonista al exministro de Seguridad, Marcelo Sain; que provocaron el apartamiento del secretario de Justicia, Gabriel Somaglia, de este proceso; y que generaron renuncias masivas entre los encargados de evaluar a los postulantes.
Para el legislador socialista, “el trabajo que se realiza en estos momentos en Diputados para aunar criterios entre los distintos proyectos de reforma constitucional que existen, puede servir como un antecedente a futuro si aparece una ventana de oportunidad en los próximos años. El proceso es importante, pero el problema de fondo es que este gobierno no logra tener una agenda proactiva sobre ningún tema”.
Ante la consulta de AIRE, el presidente del peronismo santafesino, Ricardo Olivera, respondió: “No es que no exista voluntad, pero la verdad es que los hechos superaron todo lo que se tenía. Existe una iniciativa a la que medianamente todos dijimos que sí, pero hoy se está haciendo poco y nada. La coyuntura en general ha fijado otras prioridades. Y la reforma está en stand by”.
“En el partido -agregó- hicimos tres jornadas de trabajo sobre este tema. La última fue hace apenas dos semanas y en una de ellas estuvo Celia Arena. Pero las circunstancias fueron cambiando”.
Reforma de la Constitución: el radicalismo insiste en su postura inicial
Los radicales fueron los primeros en expresar sus reticencias sobre la posibilidad de avanzar en una reforma constitucional en estos momentos. “Lo dijimos siempre, incluso cuando surgió esta iniciativa desde distintos sectores de la política”, expresó el presidente del partido, Felipe Michlig.
“El radicalismo es reformista y estamos convencidos de que hay que avanzar, pero se debe buscar el momento indicado y los acuerdos necesarios. Entendemos que en vísperas de un proceso electoral como el de 2023, no es el momento propicio. No podemos mezclar una elección de autoridades para los próximos cuatro años, con una elección de constituyentes que deben tomar decisiones para los próximos 30 años”, insistió.
Según Michlig, “pasada la elección del año que viene, llegará el momento en que los partidos y la sociedad avancen sobre los temas a modificar en la Constitución de Santa Fe”.
Desde el sector Unidad y Participación, Rubén Giustiniani -uno de los primeros impulsores de la reforma- advirtió que “sin el radicalismo, el socialismo quedó rengo en sus intenciones de avanzar en este proceso durante este año. Y pensemos en qué postura podría tomar en el Senado el peronismo no oficialista”.
Los hechos demostraron que, sin el impulso del Poder Ejecutivo, avanzar en un proceso de reforma constitucional se convierte en un objetivo prácticamente inalcanzable. El último gobernador que puso gran parte de sus energías en reformar la Constitución de la Provincia fue Miguel Lifschitz. Y tampoco pudo lograrlo.
Todos los partidos se declaran reformistas. Sin embargo, y más allá de los discursos, ya no quedan dudas de que veintiocho años después de que la Argentina reformara su Constitución Nacional, la provincia de Santa Fe continuará rigiéndose por una norma pensada para la sociedad y las necesidades de la década de los sesenta del siglo pasado.
