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Cincuenta y seis días después del primer pedido de información al Ministerio Público de la Acusación, el fiscal federal Walter Rodríguez sigue esperando infructuosamente que le envíen los datos que solicitó para investigar si en las oficinas donde el pasado 11 de febrero asesinaron a Hugo Oldani -pleno centro de Santa Fe-, se cometieron delitos vinculados con movimientos financieros ilegales y si esos fondos provenían del lavado de dinero.
El 5 de junio pasado, Rodríguez solicitó formalmente al jefe de los fiscales regionales, Carlos Arietti, tener acceso a todo elemento de evidencias, pruebas, legajos, anexos y actuaciones realizadas por fiscales del MPA a partir del homicidio.
Ante la falta de respuestas, los pedidos de información continuaron. Esta vez, dirigidos en varias oportunidades tanto a la fiscal Cristina Ferraro -la que actuó desde un primer momento luego del asesinato-, como a la fiscal Mariela Jiménez.
Hasta el momento, las respuestas siempre fueron insustanciales o se limitaron a plantear cuestiones de competencia. Lo real es que la Justicia federal jamás pudo acceder a elementos de prueba relevantes, como filmaciones, agendas telefónicas, contenidos del teléfono de Hugo Oldani, de sus allegados o familiares, o computadoras que se encontraron en la oficina. Todos esos elementos están en manos de la Justicia provincial.
La foto de los pagarés
Pero existen pruebas que interesan de manera particular al fiscal Walter Rodríguez para poder avanzar en la investigación de posibles delitos federales. Se trata de una serie de pagarés que aparecen en unas fotografías tomadas en la oficina de Oldani. Cada pagaré llevaba adjunto con un clips un papel de las viejas máquinas calculadoras, con cifras que podrían revelar movimientos de dinero.
Los pedidos para acceder a estas pruebas, a filmaciones y a otras fotografías donde supuestamente se observan parvas de dólares en la oficina de Oldani, se repitieron semanalmente.
Interviene la Secretaría de Justicia
Ante la falta de respuestas, el 20 de julio pasado, luego de que transcurrieran 45 días de la primera solicitud, el fiscal federal Walter Rodríguez canalizó un nuevo pedido formal, pero esta vez lo hizo por intermedio de la Secretaría de Justicia de la Provincia de Santa Fe. Tampoco hubo respuestas.
La participación de la Secretaría de Justicia se produce porque existe un convenio firmado por el Gobierno de Santa Fe, el Ministerio Público de la Acusación y el Ministerio Público Fiscal de la Nación, donde las parte se comprometen a brindar colaboración mutua para esclarecer delitos.
Las fiscales del área de Delitos Complejos del MPA, Mariela Jiménez y Laura Urquiza, también investigan si en la oficina de Oldani se cometían delitos como el lavado de activos. En ese marco, hace una semana -cinco meses después del homicidio de Oldani-, agentes del Organismo de Investigaciones (OI) allanaron los domicilios de la hija y la viuda del empresario. Los allanamientos fueron autorizados por los magistrados del Colegio de Jueces Penales de Santa Fe, Gustavo Urdiales y José Luis García Troiano.
El fiscal Walter Rodríguez viene solicitando de manera infructuosa elementos vinculados con la causa luego de que el 2 de junio pasado el ministro de Seguridad de Santa Fe, Marcelo Sain, presentara una denuncia en la Fiscalía Federal N°2. En su denuncia, el funcionario provincial consideró que existen elementos para valorar que se cometieron hechos delictivos, tanto previos al asesinato del comerciante, como posteriores: “Incumplimiento de los deberes de funcionario público”, “sustracción de medios de prueba” , “lavado de activos” e “infracción a la ley penal cambiaria”.
Pocas horas después del homicidio cometido en el centro de Santa Fe, el ministro Sain comenzó a plantear sus dudas sobre la manera en que el caso era investigado. Lo primero que denunció públicamente fue que la zona del homicidio estaba liberada para el paso de personas al día siguiente del asesinato.
A esto se suma la supuesta desaparición de elementos de prueba que podrían resultar cruciales para saber qué sucedía en esa oficina. Por este motivo, Sain considera que la fiscal Ferraro o los policías intervinientes podrían haber incurrido en el delito de incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos.
Dos policías están siendo investigados por no preservar correctamente la escena del crimen. Pero Sain va más allá y manifiesta sus dudas sobre la manera en que desde el MPA se está llevando adelante la causa. El ministro sospecha -y lo dice públicamente- que la Justicia santafesina solo intenta esclarecer el asesinato, pero no tomó los recaudos suficientes como para que se investigue si detrás de esta muerte existen otros delitos.
