Las autoridades municipales están disconformes con el trabajo de algunos jueces locales. Por eso, se tomó la decisión de elaborar un relevamiento sobre el estado de las causas judiciales vinculadas con los homicidios más resonantes ocurridos durante los últimos meses, con el objetivo de contar con una herramienta que permita saber quién es el juez en cada uno de los casos y cuál es el avance de cada investigación.
Evidentemente, algún cortocircuito tiene que haberse producido como para que el gobierno local decidiera adoptar esta medida. Primero lo planteó el intendente José Corral, quien públicamente se quejó por el desempeño de algunos jueces. Después, la secretaria de Gobierno, Adriana Molina, fue más a fondo y reveló que un juez demoró una orden de allanamiento solicitada por la policía en el marco de un reciente caso de asesinato, con el supuesto objetivo de que se terminara su turno y la responsabilidad recayera sobre otro magistrado.
La tarea de controlar y dar a conocer la labor de los jueces no debería recaer en la Municipalidad. Este trabajo tendría que ser una premisa para el Poder Judicial.
En general, los magistrados locales hacen lo que pueden en un contexto difícil, donde las causas se acumulan, los recursos escasean y siguen existiendo juzgados vacantes.
Sin embargo, y más allá de esta realidad inocultable, brindar información sobre el trabajo de cada juzgado aportaría una cuota de transparencia y credibilidad que, lamentablemente, la Justicia en general ha perdido hace tiempo.
Los integrantes del Poder Judicial saben perfectamente qué juez trabaja y quiénes se limitan a cumplir con el mínimo de sus obligaciones. Sin embargo, con que lo sepan los miembros de la Corte y la “familia judicial” no resulta suficiente.
Como en todas partes, existen jueces dispuestos a abrir las puertas de sus juzgados sin mayores inconvenientes. Otros, en cambio, prefieren mantenerse a resguardo tras los muros de sus despachos.
“Un juez no puede hablar sólo por sus sentencias”, acaba de decir el procurador de la Corte, Jorge Barraguirre, consciente de que los miembros del Poder Judicial también deben rendir cuentas de sus actos.
Durante gran parte de la primera mitad del año, en la Argentina este tema ocupó el centro del debate. Desde el gobierno nacional se hizo hincapié en la necesidad de una mayor apertura de la Justicia y de generar mecanismos de seguimiento sobre el trabajo de los magistrados.
La idea no era mala. De hecho, se trata de una necesidad imperiosa. El problema de fondo fue que el oficialismo no resistió la tentación de ir por todo: impulsó proyectos de ley que, si se hubieran puesto en práctica, habrían generado un control absoluto del poder político de turno sobre la Justicia.
Básicamente, el gobierno intentó que los integrantes del Consejo de la Magistratura -encargados de nombrar y controlar a los jueces- fueran elegidos en las urnas, postulándose en listas sábanas encabezadas por los candidatos a presidente de cada uno de los partidos políticos.
La embestida oficial terminó estrellándose contra la realidad cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación dijo que la reforma judicial aprobada en el Congreso contradecía los principios de la Constitución Nacional.
Un modelo a tener en cuenta
Se sabe que ningún esquema es perfecto. Sin embargo, en el mundo existen algunas experiencias sustentadas en la transparencia, la rendición de cuentas e, incluso, el voto de los ciudadanos, que vale la pena analizar.
Un sistema judicial con estas características funciona en el estado de Colorado, Estados Unidos.
En cada uno de los 22 distritos que conforman el estado, existe una Comisión de Desempeño Judicial (Judicial Performance Commission), encargada de evaluar el trabajo de los jueces.
Periódicamente, esta comisión realiza encuestas entre abogados, integrantes del Poder Judicial y ciudadanos comunes, en las que se solicita la opinión sobre el desempeño de cada juez. Además, los miembros de la comisión efectúan visitas periódicas a los juzgados -sin aviso previo-, para evaluar la situación in situ. Luego, se entrevistan personalmente con el magistrado para hacerle conocer sus conclusiones.
Con todos estos datos, la comisión elabora un informe público -de tan solo una página- sobre cada juzgado y cada juez.
Veinte días antes de cada elección -que se realizan cada dos años, como en la Argentina-, los ciudadanos reciben en sus domicilios lo que se conoce como el Libro Azul (Blue Book). En este libro se publican los resultados de los controles realizados sobre la labor de cada uno de los magistrados del distrito: estadísticas del juzgado, cómo resolvió casos relevantes e, incluso, un breve análisis elaborado por los integrantes de la comisión.
Los jueces de primera instancia deben revalidar su cargo en las urnas cada seis años; los miembros de la Corte de Apelaciones, cada ocho años; y los integrantes de la Corte Suprema del estado, cada diez años. Los jueces no hacen campaña política. Los ciudadanos analizan los informes del Libro Azul y, si deciden que un magistrado tiene que abandonar su cargo, éste deberá hacerlo de manera inmediata.
Además, los jueces entregan anualmente a la comisión un informe patrimonial y sobre la compra de acciones en la Bolsa. Cada tres meses, están obligados a informar sobre cualquier ingreso de dinero mayor a 50 dólares, que no formen parte de su salario. Por ejemplo, si brindan conferencias y cobran por ello.
Existe otra Comisión de Disciplina Judicial (Judicial Disciplinary Commission), que recibe quejas sobre la conducta de los magistrados dentro y fuera del ámbito laboral. Por ejemplo, un ciudadano puede informar si vio a un juez ebrio o realizando comentarios racistas.
Cada caso es investigado. Por lo general, se cita al juez y se lo asesora sobre cómo debería ser su conducta. Si es necesario, se lo reprende verbalmente, por escrito o, incluso, en forma pública. Cuando se llega a esta instancia, por lo general los jueces renuncian, para evitar la exposición y el escarnio.
