Los indicios son contundentes. Todo indica que el gobierno se conduce directa e inexorablemente hacia otra batalla campal. Y el nuevo enfrentamiento, como cada uno de los que se produjeron en el pasado, amenaza con ser cruento, de consecuencias desgastantes y aciagas para el país.
El combate que ahora parece avecinarse tiene características particularmente delicadas pues, a diferencia de lo sucedido en ocasiones anteriores, esta vez el enemigo forma parte de las entrañas mismas de las instituciones de la República.
No es el campo. No es la Iglesia. No son los periodistas, ni los medios de comunicación para los cuales trabajan. Ni siquiera se trata de un gobernador tibio, empeñado en tomar por “estúpida” a la presidente. Esta vez, el contrincante es nada más, y nada menos, que otro poder del Estado: la Justicia.
En países hiperpresidencialistas como la Argentina tal vez no resulte sencillo comprender el alcance y las consecuencias que puede traer aparejado un enfrentamiento entre dos poderes. Pero habrá que recordar a los distraídos, a los desinformados o a los necios, que el sistema republicano de gobierno se sostiene sobre tres pilares -el tercero es el Legislativo-, que a cada uno le caben funciones específicas y que ninguno puede arrogarse la potestad de prevalecer sobre otro.
El presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti, anticipó que apenas llegue a manos del máximo tribunal de la República un caso vinculado con las leyes de reforma judicial impulsadas por el Ejecutivo y aprobadas en el Congreso -con el rechazo de toda la oposición-, se emitirá un dictamen. Se resolverá, entonces, si las normas sancionadas contradicen, o no, la letra de la Constitución Nacional. Es, en definitiva, la función que le compete a la Corte.
En caso de ser inconstitucionales, serán inaplicables. Así funciona el sistema. Y no hay tiempo que perder: el 22 de junio vencen los plazos para inscribir candidatos para las próximas elecciones. Entre ellos, los postulantes a cubrir cargos en el Consejo de la Magistratura, órgano encargado de nombrar, sancionar o apartar a los jueces de la Nación de sus puestos.
“Sepan ustedes que la Corte sólo decide cuando tiene casos y cuando ellos estén a estudio del tribunal nosotros vamos a resolver inmediatamente, asumiendo la responsabilidad institucional que tenemos y lo que espera la sociedad entera de todos nosotros”, expresó el presidente del máximo tribunal durante un brindis organizado con motivo del Día del Periodista, que se celebra cada 7 de junio en la Argentina.
Lorenzetti no estaba solo: en el cuarto piso del Palacio de Justicia lo acompañaban Carmen Argibay, Elena Highton y Juan Carlos Maqueda, tres de los seis integrantes de la Corte.
Hasta ahora, cuatro jueces dictaron sendas medidas cautelares y de esta manera congelaron, hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo, la aplicación de la ley que establece la elección popular de los abogados y jueces que integran el Consejo de la Magistratura.
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De aplicarse la ley impulsada desde el gobierno, los partidos políticos deberán postular, en listas sábana, a los candidatos a integrar el Consejo.
En otras palabras, el partido que gane la Presidencia estará en condiciones de controlar políticamente a este órgano y, por lo tanto, a los jueces de la Nación.
Panorama inquietante
¿Qué sucederá en caso de que la Corte resuelva que esta ley contradice la Constitución y que, por lo tanto, resulta inaplicable?
Los antecedentes inmediatos permiten inferir una vehemente reacción desde el Poder Ejecutivo, cuyas consecuencias resultan hasta el momento impredecibles.
A través de lo que parece haberse convertido en uno de sus medios predilectos de expresión, el Twitter, Cristina Fernández dijo recientemente: “Para la gente la Justicia no es justa”. Hizo referencia al término “Forum shopping”, y explicó: “Dícese de la práctica corriente y conocida en el Poder Judicial de elegir el juez que va a fallar lo que vos quieras”… “Simple: el juez te va a dar la razón, aunque la Constitución, la ley, la jurisprudencia y María Santísima digan otra cosa”… “Es la primera vez que alguien de la Magistratura verbaliza públicamente esta verdadera corruptela judicial”.
Pero hubo un tuit aún más llamativo: “En un desequilibrio del sistema democrático, jueces gobiernan anulando decisiones propias intransferibles del Ejecutivo y el Legislativo”. La presidente no puede desconocer que a la Justicia le compete la función de evaluar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las leyes.
En caso de que, como todo indica, las normas impulsadas desde el gobierno sean declaradas inconstitucionales, el país en general y las instituciones de la República en particular, podrían enfrentar momentos convulsionados y de un estremecimiento extenuante.
Resulta inocultable que la Justicia arrastra serios inconvenientes que minan su imagen ante una sociedad hastiada y descreída. Sin embargo, no son éstos los caminos adecuados para fortalecer y sanear al Poder Judicial.
Nadie estará en condiciones de salir inmune ante la batalla que parece avecinarse. La Justicia sufrirá las consecuencias. Pero, seguramente, lo mismo sucederá con un gobierno que, acostumbrado al juego del todo o nada, se muestra siempre reacio a reconocer sus equivocaciones y siempre dispuesto a redoblar sus apuestas.
Sólo el futuro develará si el camino elegido valió la pena o si lo que prevaleció fue la insensatez.
El próximo capítulo se escribe en estos momentos. El desenlace de esta nueva puja, se conocerá en pocos días.
