Lo mejor que le puede pasar a Raúl Eugenio Zaffaroni es que la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados de la Nación investigue el caso en el que se encuentra envuelto, a partir de que se supiera que entre cuatro y seis departamentos del magistrado están alquilados a mujeres que ejercen la prostitución.
Zaffaroni es un juez respetado en todos los ámbitos. Sobre todo por sus pares, lo que nunca resulta sencillo de lograr. Por él, por las instituciones que representa y por la ciudadanía en general, lo mejor será aventar cualquier posibilidad de sospecha sobre su conducta ética. Y para lograrlo, debe haber una investigación que termine con estos supuestos malos entendidos.
Nadie está hablando de posibles delitos cometidos por el magistrado o con su anuencia. De hecho, el ejercicio privado de la prostitución no está penado por ley. Lo que la ley pena es la prostitución escandalosa y la trata de personas, pero ninguna de estas figuras está en discusión en el caso Zaffaroni. Tampoco se trata de levantar el dedo acusador con miradas hipócritas o puritanas que sólo sirven para tranquilizar conciencias turbias.
La lupa de la opinión pública está puesta ahora sobre la responsabilidad ética del magistrado, en la dignidad o decoro de sus actos fuera de la función que cumple como integrante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. “Un juez debe tener un plus de conducta que vaya más allá de lo esperable de cualquier persona. De un magistrado debemos esperar siempre lo mejor. Esa es la garantía que tiene el ciudadano, que necesariamente debe confiar en la Justicia. Un juez debe mantener siempre una conducta ética especial por ser quien resuelve sobre nuestros bienes y nuestra libertad. No se trabaja de juez, sino que se es juez”, dijo Mariano Candiotti a El Litoral mientras era miembro del Consejo de la Magistratura de la Nación.
Éste es el meollo del asunto. Y sólo investigando puede ser develada la verdadera trama del caso Zaffaroni. Investigar no significa necesariamente llevar al magistrado a juicio político para promover su destitución. Investigar es, en realidad, la única manera de eliminar sospechas, si éstas son realmente infundadas.
‘Si los diputados quieren preguntarme algo, con todo gusto. Yo no tengo que ocultar nada ahora, ni en el curso de mi vida‘, advirtió Zaffaroni en una entrevista realizada en Radio Nacional. Se trató, evidentemente, de la respuesta adecuada, sobre todo para quien sabe perfectamente cómo funcionan las instituciones de la República.
Lectura política
Poco antes, el candidato a presidente Ricardo Alfonsín, había pedido públicamente la renuncia del ministro de la Corte. Lo del radical fue un exabrupto, una respuesta apresurada, descortés y antirepublicana. Es probable que el ajetreo de la campaña no le haya permitido al candidato responder con claridad. Alfonsín debe saber que, en caso de llegar a presidente, su vida será siempre ajetreada y que, en ese cargo, las respuestas apresuradas pueden tener un alto costo para él y para millones de personas.
Otros candidatos fueron más cuidadosos en sus respuestas. Eduardo Duhalde dijo que el juez debería dar “una explicación convincente y más adecuada”; Elisa Carrió afirmó que “lo que corresponde en términos republicanos y constitucionales es el mecanismo de juicio político”; Mauricio Macri respondió que se trata de “un tema muy delicado” y que “no se puede opinar a la ligera”; Hermes Binner expresó que no debe renunciar y que “tiene que utilizar los mecanismos de la Justicia para explicar lo que corresponde, pero nada puede entorpecer la gratitud que tenemos hacia el juez Zaffaroni”.
En lo que Zaffaroni se equivoca es en declarar -en la misma entrevista realizada en Radio Nacional- que está “en medio de un escándalo de carácter político que me sobrepasa totalmente. Me resulta absolutamente insólito estar en medio de un escándalo político y me preocupa más el objetivo de desequilibrarme y hacerme renunciar que el hecho en sí, porque no tengo nada que ver”.
Es cierto que el caso se produce en medio de una campaña electoral. Sin embargo, también es verdad que desde hace algunos años pareciera que en la Argentina no se puede pedir explicaciones a un funcionario público, sin el riesgo de que dichos cuestionamientos sean tildados de “políticos” o hasta de “destituyentes”.
La Justicia es la última garantía que tiene cualquier ciudadano que vive en un sistema democrático y republicano. Es, nada más y nada menos, el Poder encargado de controlar a los otros poderes. Así funciona el sistema. Eliminar todo cuestionamiento sobre la conducta de Zaffaroni significa preservar la imagen de la Justicia, más allá de los hombres o los nombres que la integran. Y Zaffaroni, lo sabe.
