Este informe fue publicado en Aire Digital.
Omar Perotti confirmó que esta semana enviará a la Legislatura los proyectos de ley sobre seguridad y reforma policial en la provincia de Santa Fe. Se trata de un anuncio clave, que podría abrir al fin las puertas a las transformaciones que fueron bandera de campaña y que, en gran medida, llevaron al gobernador al lugar que hoy ocupa al frente de la Casa Gris.
Se puede discutir sobre los aspectos técnicos y jurídicos de estas leyes. Sin embargo, el mayor escollo que el Poder Ejecutivo deberá sortear para que las reformas sean aprobadas es político. A diez meses de su asunción, Perotti y su equipo se enfrentan a la manifiesta desconfianza de la oposición, al malestar de sectores internos del peronismo y a una llamativa demora para generar un esquema aceitado de articulación política entre el gobierno y la Legislatura.
Más allá de que Sain provoque rupturas, inquietudes y enojos con sus modos de hacer política inusuales en la provincia de Santa Fe, lo cierto es que los problemas del gobierno parecen ser mucho más profundos. La falta de un esquema de negociaciones con el Legislativo y las contradictorias miradas internas sobre ciertos temas clave, no pueden ser atribuidas a un ministro de Seguridad.
Parece una decisión difícil de entender, pero el Poder Ejecutivo optó por enviar las leyes de Seguridad y Reforma Policial a la Cámara de Diputados dominada por la oposición; mientras en la Cámara de Senadores el peronismo podría imponer sus números sin despeinarse: apenas le falta un voto para lograr los dos tercios de los votos.
A diez meses de haber pronunciado un abrumador discurso sobre supuestas complicidades entre el gobierno de Miguel Lifschitz y el narcotráfico, las circunstancias políticas obligan a Perotti a poner en manos del exgobernador estas leyes que representan una enorme carga simbólica para la actual gestión. No sólo lo hace porque desde el punto de vista ideológico el socialismo está más cercano a estas reformas que algunos conservadores del peronismo en el Senado, sino también porque desde el principio de gestión los roces entre conspicuos senadores peronistas y el gobernador fueron evidentes.
Durante los últimos días, Perotti y Lifschitz mantuvieron conversaciones telefónicas que reflejan, al menos, un cambio en las formas de relacionarse. De todos modos, el socialismo aguarda con inquietud y cierto resquemor este paquete de leyes en Diputados.
Por un lado, advierten que no están dispuestos a que sea Sain el encargado de articular estas leyes en la Cámara baja, debido a las constantes denuncias del ministro de Seguridad contra sus antecesores. Por otro, les preocupa la posibilidad de que el Gobierno termine responsabilizando a la oposición por los niveles de violencia en caso de que las discusiones sobre estas leyes se prolonguen. Parecen ser dos preocupaciones lógicas en el actual contexto.
“Que el peronismo no nos traslade sus problemas. No nos vamos a bancar que nos responsabilicen de las contradicciones que nunca pudo resolver este gobierno”, advierte una pieza clave del socialismo en Diputados.
Tan endeble es la relación política, que en las últimas horas Omar Perotti y sus colaboradores decidieron eliminar del texto de estas leyes gran parte de los argumentos que originalmente aparecían y que se sostenían sobre una crítica descripción de la “herencia recibida” de parte del gobierno anterior. Cualquier detalle que pudiera generar malestar entre los socialistas, terminó siendo suprimido.
Sain, esa mala palabra
El enojo por los constantes dichos de Sain no solo se observa en la Cámara de Diputados. Entre los senadores, el apellido del ministro suena a mala palabra. Opositores y oficialistas se sienten agraviados cada vez que el funcionario habla.
“Jamás pusimos a un jefe de Policía en nuestros departamentos. Es verdad que si se trataba de un candidato de nuestra zona, nos preguntaban qué sabíamos de él. Pero eso es normal. Habla de relaciones saludables dentro de la política. Pero no es cierto lo que dice Sain de que nosotros decidíamos a quién nombrar”, afirmó ofuscado un senador de la oposición a Aire Digital.
Entre los senadores oficialistas la imagen del ministro no es mejor. El problema mayor es que no saben con exactitud si Sain habla en nombre de Sain o, en ocasiones, dice lo que el gobernador Perotti no puede decir. Es una duda que los carcome y los termina abroquelando en una postura defensiva y de desconfianza permanente.
El poder territorial de los senadores en la provincia de Santa Fe es evidente. Y mientras Sain parece decidido a dejarlo de manifiesto y a socavarlo con sus dichos, otros integrantes del gobierno consideran que no se trata de la mejor estrategia. Conscientes de la situación, están convencidos de que la negociación y el consenso resultan imprescindibles e inevitables.
La falta de acuerdos entre el Ejecutivo y el Senado son tan palpables, que algunas leyes impulsadas por el gobierno logran media sanción en Diputados y terminan frenadas en la Cámara alta. “Este año tenemos un récord de medias sanciones”, bromeó un legislador opositor.
Para tranquilidad de unos y de otros en la Legislatura, Marcelo Sain no será el encargado de articular políticamente las leyes de Seguridad y Reforma Policial. El problema es que tampoco queda del todo claro quién o quiénes serán los encargados de hacerlo.
Recién en las últimas semanas, el Ejecutivo comenzó a generar una mesa de tres o cuatro funcionarios para establecer instancias de diálogo y negociación con el Poder Legislativo. Allí aparecen nombres como el senador nacional Roberto Mirabella, uno de los pocos hombres de máxima confianza de Perotti; y Marcos Corach, un rafaelino que hasta hace poco se desempeñó como jefe de Gabinete en la Municipalidad de su ciudad. Corach está ahora a cargo de la Secretaría de Articulación de Políticas Públicas, que funciona en el ámbito del Ministerio de Gestión que encabeza Rubén Michlig.
Las leyes de Seguridad y Reforma Policial no son las únicas que requieren de una urgente articulación política con el Legislativo. Muy pronto, será el turno de la Ley de Presupuesto 2021, clave para la gobernabilidad.
El gobernador anunció que esta semana enviará estas leyes de seguridad a la Legislatura. Pero en términos generales, diputados y senadores opositores y oficialistas aseguran que aún no tuvieron acceso a estos proyectos, a pesar de que se dieron algunas discusiones en ámbitos académicos.
Durante los próximos días, comenzarán los debates sobre aspectos técnicos de las reformas propuestas por el gobierno. Sin embargo, queda claro que el mayor desafío para que estas leyes terminen siendo aprobadas es político.
Mientras el gobierno no supo, no quiso o no pudo generar un escenario más amigable de discusión; la inseguridad, la violencia y la corrupción siguen haciendo estragos en la provincia. Frente a esta realidad que desangra desde hace demasiado tiempo a Santa Fe, ningún sector político podrá hacerse el desentendido, ni tirar demasiado de la cuerda.