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Dos meses después de que la fiscal general de la Provincia, María Cecilia Vranicich, decidiera intervenir -aunque nunca se utilizó esta palabra- el Organismo de Investigaciones (OI) del Ministerio Público de la Acusación, las personas encargadas de supervisar el funcionamiento de esta dependencia concluyeron con las entrevistas a la totalidad de sus integrantes y, en estos momentos, trabajan en la elaboración de un informe que deberán presentar antes del 19 de agosto próximo.
En la Resolución 170, firmada el 18 de mayo pasado, Vranicich hizo hincapié en la necesidad de “restaurar la confianza” y “consolidar un OI que contribuya al desarrollo de investigaciones eficientes y eficaces, actuando con respeto al principio de objetividad y garantizando la actuación autónoma e independiente que debe regir al MPA”.
Apenas llevaba un mes como fiscal general de Santa Fe, cuando Vranicich emitió esta resolución en la que, de alguna manera, puso en dudas la “confianza interna y externa”, la “objetividad”, la autonomía y la independencia del Organismo de Investigaciones, desde donde se deben realizar las tareas necesarias para esclarecer, nada menos, que los delitos cometidos en una provincia atravesada por la inseguridad y la violencia.
Un organismo técnico, envuelto en un halo de sospechas
Lo que debería ser un órgano eminentemente técnico-científico como el OI, se vio envuelto durante los últimos años en situaciones directamente ligadas con la política.
En los papeles, el OI debe funcionar como “un órgano de apoyo técnico especializado que asiste a los órganos fiscales en dos áreas fundamentales. Por un lado, colabora en tareas de análisis e investigación criminal y, por el otro, cumple funciones de tipo periciales a través de los laboratorios Químico Forense e Informático Forense”.
La ley establece que su competencia apunta a la “investigación criminal en torno a tres ejes fundamentales: los delitos cometidos por funcionarios públicos, los ilícitos en los que interviene una organización criminal y los hecho delictivos en los que se advierte gravedad institucional o conmoción social”.
La Resolución de Vranicich no solo ordenó evaluar el funcionamiento de esta dependencia, sino que prohibió que a partir de ese 18 de mayo los fiscales de toda la provincia envíen nuevos casos para ser investigados.
Los últimos hechos que rodearon de sospechas al OI estuvieron ligados con el exministro de Seguridad, Marcelo Sain. En agosto de 2021y desde el cargo de auditora general del MPA, la misma María Cecilia Vranicich elaboró un informe que develaba de qué manera la entonces jefa de Inteligencia del OI, Débora Cotichini, compartía información con el ministro.
Sain fue el primer director del OI desde su creación y el único que accedió a ese cargo por concurso. Luego, pidió licencia cuando en 2019 Omar Perotti lo designó ministro de Seguridad. Y cuando dejó este puesto e intentó retornar a sus funciones en el MPA, se generaron fuertes resistencias internas, hasta que terminó siendo destituido por la Legislatura provincial.
Pero no era la primera vez que la vinculación entre el OI, el MPA y la política provincial estuvo en la mira. Desde antes de la llegada de Sain, incluso, la discusión pasaba por determinar el perfil y número exacto de personas que, durante el último período de gobierno de Miguel Lifschitz, habían ingresado -algo que la ley permite- al Organismo desde el Ministerio de Seguridad, a cargo del ahora candidato a gobernador, Maximiliano Pullaro.
En apenas cuatro semanas, Vranicich deberá tener en sus manos el informe completo de los encargados de supervisar el funcionamiento y la conformación del OI, una dependencia clave para el MPA y para desarticular el delito en la provincia.
La Resolución de mayo pasado ordena realizar una evaluación sobre la infraestructura y los recursos técnicos del organismo. Pero lo que fundamentalmente se busca a partir de esta intervención no declarada, es saber quiénes integran el OI, cómo llegaron, a quién o a quiénes responden, si tienen alguna militancia política, cuál fue su desempeño hasta este momento.
Se supone que con toda esta información, Vranicich tomará decisiones. El tiempo y los hechos dirán si el OI puede ser rescatado de este sostenido halo de sospechas, o si seguirá envuelto en la desconfianza.
En gran medida, el futuro del OI en particular y del MPA en general no dependerá solo de la voluntad de la fiscal general de Santa Fe, sino de los vínculos que se establezcan entre la Justicia y la política en los nuevos tiempos que se avecinan.
Un proceso, sin dudas, más complejo, sinuoso y trascendental para la provincia.
