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Dieciocho exjueces -actualmente jubilados- de la ciudad de Rosario, presentaron un recurso de amparo para que la Justicia ordene a la Caja de Jubilaciones de Santa Fe que no les descuente el “aporte solidario” implementado durante la reciente reforma del sistema previsional de la Provincia.
En septiembre, la jubilación mínima en Santa Fe alcanzó los 386.905 pesos, pero desde octubre el monto sube a los 410.120 pesos, según el Decreto 2.060 que difundió el Poder Ejecutivo con la información referida a la política salarial de los agentes públicos provinciales.
Los 18 exmagistrados rosarinos presentaron el amparo ante el Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Laboral de la Octava Nominación de esa ciudad, a cargo de la jueza Silvana Laura Quagliatti.
Según información oficial y pública, el listado de jueces amparistas es el siguiente:
- Barbero, Osvaldo Lorenzo, quien cobra una jubilación de $ 6.226.162 y debería realizar un aporte solidario de $ 434.367;
- Bonino, Armando Alberto, quien cobra una jubilación de $ 7.396.876 y debería realizar un aporte de $ 478.426;
- Boasso, Pedro Antonio, quien cobra una jubilación de $ 6.923.736 y debería aportar $ 448.859;
- Camporini, Guillermo Fernando, que cobra una jubilación de $ 9.702.408 y debería aportar $ 637.682;
- Cecchini, Ana María Martha, que entre jubilación y pensiones cobra un total de $ 10.077.092 pesos y debería aportar $ 634.272;
- Cecchini, Francisco Carlos, que cobra una jubilación de $9.083.149 y debería aportar $ 582.473;
- Cosgaya, Raquel Adriana María, que cobra una jubilación de $ 3.762.200 y debería aportar $ 482.997;
- Cripa García, Otto Hugo Ramón, que cobra una jubilación de $ 9.625.196 y debería aportar $ 654.947;
- Cuneo, Darío Luis, que cobra una jubilación de $ 8.398.698 y debería aportar $ 580.651;
- Gandolla, Julia Elena, que cobra una jubilación de $ 7.392.027 y debería aportar $ 508.965;
- Galán, Carmen Gloria, que cobra $ 7.020.978 y debería aportar $ 483.016;
- Martínez Thoss, Eduardo Regulo Agustín, que cobra $ 7.238.596 y debería aportar $ 468.247;
- Ramunno, Luis Alberto, que cobra $ 7.622.547 y debería aportar $ 490.889;
- Rubiolo, Cristina Alicia, que cobra $ 7.425.741 y debería aportar $ 504.927;
- Sedda, Graciela Susana, que cobra $ 6.432.202 y debería aportar $ 457.030;
- Tierra, Raúl Héctor, que cobra $ 6.733.884 y debería aportar $ 467.416;
- Vitantonio, Jorge Rogelio, que cobra $ 8.966.142 y debería aportar $ 622.887;
- Di Marco Laura Graciela María, que cobra $ 4.993.650 y debería aportar $ 357.474.
Caja de Jubilaciones: ¿cómo funciona el aporte solidario?
El aporte solidario fijado por la ley de Reforma Jubilatoria en Santa Fe establece un esquema progresivo que oscila entre el 2% y el 6% del haber.
- Primer tramo: se descuenta el 2% sobre todos los beneficiarios que cobren entre tres y hasta cinco jubilaciones mínimas.
- Segundo tramo: el descuento es del 3% sobre todos los beneficios que oscilen entre cinco y hasta ocho jubilaciones mínimas.
- Tercer tramo: el descuento asciende al 4% para los que cobren entre ocho y hasta once jubilaciones mínimas.
- Cuarto tramo: se descuenta el 5% sobre todos los beneficios ubicados entre once y hasta catorce jubilaciones mínimas.
- Quinto tramo: para las jubilaciones que superen las 14 mínimas, se aplicará el descuento máximo del 6% mensual.
El descuento se aplicará durante el plazo de vigencia de la emergencia previsional, que contempla al menos un período de dos años, con posibilidad de extenderse otro año más.
Los beneficiarios que perciben más de un haber de la Caja de Jubilaciones y Pensiones, realizarán el aporte solidario sobre la suma de ambos beneficios y se les aplica la escala correspondiente.
En cuanto a los activos, el aporte jubilatorio mensual subió al 15,5%.
Los funcionarios políticos de los tres poderes del Estado realizarán, además, otro aporte del 2,77% de sus sueldos.
Esto abarca, en el Poder Ejecutivo, a la conducción política que ingresó en sus cargos en diciembre de 2023, legisladores y personal no permanente de Legislatura y en el Poder Judicial, desde la Corte Suprema de Justicia y cargos equivalentes a secretarios de Circuito. También la fiscal general del MPA y la defensora general.
A ellos se suman los vocales del Tribunal de Cuentas, defensores del Pueblo y los órganos de conducción de empresas estatales y organismos descentralizados.
