El frente de conflicto abierto entre el gobierno de la provincia y los inundados de la ciudad de Santa Fe no deja de sorprender.
Lo que hasta esta semana representaba un verdadero karma para Carlos Reutemann, se convirtió en cuestión de horas en una huelga de hambre contra la gestión de Hermes Binner.
¿Qué produjo semejante mutación?, ¿por qué lo que constituye una debilidad electoral para el reutemanismo, estalló inesperadamente en las narices del actual gobernador, quien nada tuvo que ver con la tragedia de 2003?
La elaboración y el anuncio de estas medidas adolecieron de interferencias desde un principio. De hecho, Binner se apresuró a plantearlo públicamente hace ya varias semanas, cuando aún no parecía ser el momento indicado y mientras los técnicos de su gobierno trabajaban en los detalles de un esquema complicado y en el que están en juego millones de pesos de las arcas públicas santafesinas.
Pero éste no fue el principal inconveniente. El problema mayor es que el gobierno no parece haber elegido la mejor manera de realizar estos anuncios.
En la conferencia de prensa donde estuvo presente el gabinete en pleno y hasta la vicegobernadora, Griselda Tessio, se apeló a conceptos tales como “momento histórico”, “un paso adelante para lograr la integración social de la ciudad de Santa Fe”, “impunidad”, “memoria” o “paz social”.
Esto produjo toda una carga de significados y generó enormes expectativas sobre una medida que no satisfizo a la mayoría de los inundados.
Tan mal se interpretaron las palabras del gobierno que incluso, durante las horas posteriores a la conferencia, muchos seguían convencidos de que el Ejecutivo conformaría una comisión tendiente a determinar si hubo responsabilidades de los funcionarios a cargo de la provincia durante la inundación, lo que hubiera representado una bofetada para un Poder Judicial que, si bien no cuenta con la mejor imagen, debe ser respetado como pilar fundamental del sistema republicano.
Luego llegaron las aclaraciones y la situación se fue comprendiendo mejor, pero ya era tarde para evitar la reacción de los inundados que, por otra parte, adoptaron una postura tan extrema como la huelga de hambre, que ni siquiera fueron capaces de hacer durante la gestión reutemanista.
Es que, en realidad, lo que el gobierno presentó el martes fue una propuesta de acuerdo extrajudicial para aquellos que demandaron al Estado santafesino por lo que perdieron en la inundación. Nada más. Nada menos. Y así debió ser planteado, porque de por sí es una medida importante.
Las demandas contra la provincia son tantas, que podrían representar un enorme golpe contra las arcas estatales. Por ese motivo se elaboró este andamiaje jurídico-económico, para evitar que los recursos públicos terminen siendo socavados por lo ocurrido en 2003.
La elaboración de esta propuesta parece estar fundada en una decisión seria y responsable, pero que no fue correctamente transmitida. Esta suerte de sobreactuación discursiva, terminó ensombreciendo lo que fue un planteo de carácter técnico y generando un problema político para el gobierno en el peor momento, cuando falta poco tiempo para unas elecciones donde el socialismo se juega mucho y en las que Santa Fe tendrá enorme importancia para el contexto nacional.
