La inseguridad en la provincia volvió a ocupar un lugar en la agenda política. Durante los últimos días, el ministro Alvaro Gaviola fue citado junto a todos sus colaboradores al Senado para que brinden explicaciones sobre las medidas que se vienen adoptando para enfrentar este flagelo que sigue figurando en los primeros lugares de la lista de preocupaciones de la comunidad.
Se habló de la cantidad de policías que se incorporaron en la actual gestión de gobierno, se plantearon inquietudes por deudas del municipio rosarino en concepto de adicionales policiales. Algunos senadores expresaron su preocupación por el número de efectivos que recorren las calles, hubo preguntas sobre salarios y códigos de descuento.
Luego de la reunión llegaron algunos reproches. Mientras Alcides Calvo (Castellanos – PJ) remarcó que este gobierno no está cumpliendo las expectativas generadas desde que asumió la actual administración; Juan Carlos Mercier (La Capital – PJ) se lamentó por la ausencia del jefe de la Policía e, incluso, dijo no conocerlo personalmente.
El titular de la Comisión de Seguridad, Alberto Crosetti (Belgrano – PJ) sugirió que la Legislatura debería aprobar el proyecto que ya tiene media sanción del Senado y que declara la emergencia provincial en materia de seguridad. Dijo, entre otras cosas, que la ley permitiría al Ejecutivo disponer de mayores partidas presupuestarias y abreviar los trámites para la adquisición de patrulleros y otro tipo de equipamiento necesario para la correcta prestación del servicio.
El senador Rubén Pirola (Las Colonias – PJ) insistió en su idea de que la ciudadanía pueda participar en la selección de los jefes policiales regionales y locales.
Pero más allá de las explicaciones brindadas por funcionarios del oficialismo y de las declaraciones efectuadas por senadores opositores, resulta innegable que la inseguridad continúa siendo una cuenta pendiente para las distintas gestiones que se suceden al frente de la Casa Gris.
De hecho, difícilmente los senadores justicialistas puedan reprochar al actual gobierno por el estado de los patrulleros, cuando se sabe que en el momento de asumir la gestión socialista se encontró con un parque automotor policial en virtual estado de colapso.
La oposición le reprocha al gobierno que la inseguridad no parece ser una “cuestión de Estado” y que no se trabaja de manera conjunta entre los distintos ministerios. Desde el Ejecutivo insisten en que las soluciones se buscan de manera coordinada.
Pero el debate sigue pareciendo tan superficial, que los funcionarios del área y los senadores apenas si hablaron poco más de una hora y media sobre uno de los problemas que más complejos que golpean a la ciudadanía en general.
Los discursos no parecen haber variado demasiado. Se sabe que no existen soluciones mágicas para frenar la inseguridad. Sin embargo, luego de esta reunión en la Legislatura, quedó flotando en el ambiente una preocupante sensación de vacío.
