Este informe fue publicado en Aire Digital.
Con algunos matices, el relato es el mismo. Todos hablan, todos apoyan, todos se declaran reformistas e, incluso, existen cuatro proyectos en la Legislatura para que Santa Fe tenga una nueva Constitución provincial. Sin embargo, detrás de tantas palabras y de la suma de buenas intenciones declamadas, ninguno de los actores de peso real en la política santafesina se muestra dispuesto a dar un primer paso real y concreto.
Tanto pasó desde entonces que, incluso, hace 28 años que la Argentina modificó su Constitución. Santa Fe y Mendoza son las únicas provincias que no adaptaron sus normas fundamentales al nuevo escenario nacional.
En estos momentos, la situación con respecto a una posible reforma constitucional en Santa Fe podría resumirse de la siguiente manera:
– todos dicen que la Constitución se debe ser reformada y adaptada a las necesidades actuales;
– tanto es así, que existen cuatro proyectos en la Legislatura de la Provincia;
– el Poder Ejecutivo afirma que apoya los cambios, pero aclara que no los impulsa y deja ese rol a los partidos o a la Legislatura;
– el Partido Justicialista advierte que necesariamente el Ejecutivo deberá involucrarse en este tema si desea que existan avances reales;
– desde el radicalismo opinan que ya es tarde para plantear la reforma porque en ocho meses se inicia el proceso electoral con vistas a 2023;
– desde el socialismo consideran que debe ser el Gobierno el que impulse los cambios y sospechan que este debate público solo busca desviar la atención de los problemas coyunturales.
Después de describir este contexto, no parece necesario ser adivino para concluir que solo un milagro podría hacer realidad la reforma constitucional que todos dicen apoyar en la provincia de Santa Fe.
Por qué no se reforma la Constitución de Santa Fe
El último intento por avanzar en este sentido se produjo durante la gestión de Miguel Lifschitz, un gobernador que gozaba de amplio poder político en el momento de lanzar esta iniciativa. Sin embargo, ni siquiera aquel escenario permitió que Santa Fe contara con una nueva constitución. Los escollos para la idea de Lifschitz no solo surgieron desde otros partidos políticos, sino también desde sectores internos del socialismo.
La verdad es que, más allá de los discursos de ocasión, el fantasma real que aterra a los políticos es la posibilidad de reelección del gobernador: nadie quiere perder y, mucho menos, “regalar” la posibilidad de ser reelecto a un candidato de otro partido o, incluso, a un contrincante interno del mismo signo político. Aunque los discursos de ocasión aseguren otra cosa, lo que verdaderamente está en juego es la disputa por el poder.
Solo a modo de escenario hipotético: ¿qué sucedería si el gobierno de Omar Perotti impulsara en estos momentos una reforma y perdiera las elecciones de constituyentes?, ¿cómo impactaría en las posibilidades electorales del oficialismo provincial de cara a 2023?
Desde el gobierno aseguran que este factor no incide en la decisión de apoyar, pero no promover, el proceso de reforma constitucional. Sin embargo, no se trata de un factor menor a la hora de plantear los posibles escenarios políticos en la provincia.
El antecedente de Miguel Lifschitz pone al socialismo en una situación particular frente a este tema.
Una fuente del gabinete de Perotti que fue consultada por AIRE y que pidió mantener su nombre en reserva -de manera llamativa, gran parte de los políticos contactados para la redacción de esta nota pidieron no ser citados con nombre y apellido- lo planteó con todas las letras: “La reforma representó una de las banderas del exgobernador, quien al asumir como presidente de la Cámara de Diputados anunció que desde allí seguiría impulsando los cambios. Ahora los socialistas tienen la posibilidad de retomar aquel objetivo”.
AIRE consultó al respecto a un dirigente de primera línea del socialismo -que también prefirió mantener en reserva su nombre- : “Miguel Lifschitz no lo hacía por ser socialista. Lo hacía como gobernador, pero ahora tenemos un gobernador que no asume su rol. Debería ser el Poder Ejecutivo el que envíe un proyecto de reforma a la Legislatura. No nos vamos a sumar a un debate que no tiene sustancia real”.
Este referente socialista que actualmente cumple funciones legislativas advirtió que su partido no apoyará ningún proyecto de ley que tienda a modificar aspectos de la Constitución vigente, como por ejemplo la posibilidad de extender a cuatro años los mandatos de presidentes comunales o permitir el voto desde los 16 años. “El antecedente de modificar la Constitución con una ley sería muy peligroso en el marco institucional”, remarcó.
El pasado miércoles, los socialistas discutieron el tema de la reforma en la reunión de la Junta Ejecutiva provincial del partido y llegaron a las siguientes conclusiones:
– reafirmar la vocación reformista del socialismo;
– advertir sobre los riesgos de modificar la Constitución mediante leyes;
– que sea el Poder Ejecutivo el que impulse el debate con una mirada a mediano y largo plazo.
Es cierto que los diputados provinciales Luis Rubeo (PJ), Rubén Giustiniani (Igualdad y Participación), Gabriel Real (PDP) y Nicolás Mayoraz (Vida y Familia), presentaron distintos proyectos para reformar la Constitución de Santa Fe y que el tema será discutido en la Legislatura.
Sin embargo, el contexto político de Santa Fe, la posición de los sectores de poder real y el planteo del Poder Ejecutivo de no impulsar los cambios, no permiten vislumbrar un escenario alentador.
Nada nuevo en esta provincia, siempre resistente a los cambios. Nada nuevo en los discursos que, por momentos, huelen tan rancios como la misma Constitución que se pretende reformar.
Lo que verdaderamente desvela al poder santafesino, es el poder.
