Esta nota fue publicada en Aire Digital
En apenas 12 meses de gestión y luego de atravesar momentos de tensión extrema -cuatro inocentes fueron asesinados en pocas semanas-, los gobiernos de Santa Fe y de la Nación pueden exhibir un dato que sorprende: a estas alturas de 2023, la ciudad de Rosario registraba 252 homicidios; pero este año la cantidad de muertes violentas llega apenas a 87.
De los 2.046 asesinatos que se registraron en toda la Argentina durante 2023, en el Gran Rosario se produjeron 397. Este año, se espera que las estadísticas nacionales muestren una baja ostensible, arrastradas por la reducción de homicidios en esta ciudad del sur de la provincia de Santa Fe.
“Santa Fe era una provincia anormal en cuanto a la tasa de homicidio, el nivel de violencia era inexplicable. Incluso, en comparación con provincias cercanas y similares”, afirmó el ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, en el programa Creo, que se emite cada mañana en AIRE.
Y agregó: “Hoy llevamos 165 homicidios en toda la provincia. En Rosario, el año pasado a estas alturas teníamos 252 homicidios, y hoy vamos por 87. En el departamento La Capital teníamos 72 homicidios, y ahora tenemos 33”.
Frente a estas sorprendentes estadísticas, las preguntas se multiplican: ¿cómo lo lograron?, ¿cuáles fueron las medidas que permitieron estos resultados?, ¿tan mal se hicieron las cosas en el pasado?
– Y, entre los más escépticos, surge un interrogante incómodo, pero real y casi inevitable: ¿este gobierno pactó con los narcos para reducir los niveles de violencia?
– Claramente digo que no. Hay muestras concretas de por qué digo que no. Basta con ir a ver en qué condiciones están detenidos los líderes narcos, que en otro momento eran el azote de la provincia de Santa Fe.
Puedo asegurar que en este momento están aislados, con una restricción muy fuerte de los beneficios intracarcelarios, de las comodidades de las que solían gozar. Tienen en, muchos casos, suspendidas las visitas. Y las pocas visitas que tienen son 30 minutos, a través de un blindex.
La verdad es que, si esa fuera la hipótesis, magro fue el arreglo conseguido por los narcos.
– ¿En gran medida la baja de homicidios se logró con cambios dentro de las cárceles?
– Hay una combinación de factores. Es más tentador atribuir todo a un solo factor, pero hubo una terapia de shock al tomar todas las medidas al mismo tiempo.
Al primero o segundo día de gobierno, ya se restituyeron los pabellones de alto perfil; en las primeras dos semanas de gestión. Se retomaron, junto con el Ministerio Público de la Acusación, investigaciones muy importantes sobre bandas de crimen organizado.
Desde los primeros días de gobierno hubo una mejor coordinación con las fuerzas federales, que después de los hechos de marzo dieron lugar al Plan Bandera en Rosario.
Se aumentó muchísimo la cantidad de efectivos en calle. Eso se ve en los tiempos de respuesta: pasamos de casi 20 minutos, en promedio, desde que se llamaba al 911 hasta la llegada del móvil, a 6 o 7 minutos, dependiendo del nivel de la incidencia.
También fueron importante las leyes. Imaginemos lo que hubiese sido hacer todo esto con el mismo esquema legal que teníamos hasta diciembre del año pasado. Probablemente hubiera sido imposible.
– ¿Qué leyes cambiaron, por ejemplo?
– A modo de ejemplo, entre 2016 y 2018 intentamos generar un régimen especial para presos de alto perfil, pero tuvimos muchos problemas con sectores de la Justicia. A partir de recursos de hábeas corpus, fueron sacando a los presos de alto perfil de los pabellones especiales que habíamos creado.
El hecho de tener una Ley de Ejecución Penal hace que el régimen para presos de alto perfil no sea solo una resolución que lleva mi firma. Es una ley votada por 47 de 50 diputados y 19 de 19 senadores.
El juez que declare la inconstitucionalidad, deberá hacer un balance muy meditado, porque es lo que votaron los representantes del pueblo.
A todo esto hay que agregar la Ley de Inteligencia y las reformas al Código Procesal Penal.
– ¿Quedan registradas las conversaciones de los presos de alto perfil con sus visitas, para evitar que ordenen hechos de violencia en las calles?
– Esas cuestiones están reservadas al ámbito de investigaciones en particular, y si hay una orden judicial. Pero desde ya que, si ese fuera el caso, tampoco lo propalaríamos.
– Pronto se inaugurará la nueva cárcel federal de Coronda y hacia allí serán trasladados los presos. ¿Existirá mayor laxitud en esa cárcel, manejada por Nación?
– La Nación no cuenta todavía con leyes como las de Santa Fe, pero por vía reglamentaria la ministra Patricia Bullrich creó un régimen para presos de alto riesgo, que es muy similar a nuestro régimen de alto perfil.
De todas maneras, estamos trabajando en conjunto con Nación en los perfiles criminológicos de los presos federales ubicados en cárceles de Santa Fe.
La nueva cárcel federal de Coronda será de mediana a baja seguridad, ya que se trata de un proyecto de más de 20 años, pensado en otro contexto. No es apta para presos de alto perfil.
Lo que haremos es una triangulación. Los presos de mayor riesgo serán llevados a otras unidades federales y, desde esas unidades, se pueden traer a presos de menor riesgo.
De todas maneras, la mayoría de los 700 presos federales alojados en la provincia de Santa Fe son de bajo riesgo. Los que tienen causas provinciales, como homicidios, no irán a cárceles federales.
Incorporarán pistolas Taser y Byrna a la Policía de Santa Fe
– ¿Cuándo arranca el uso de pistolas Taser en la Policía de Santa Fe?
– Tanto las Taser, como las Byrna, son dos líneas de armamento de menor letalidad. Aproximadamente en febrero o marzo esperamos contar con las primeras.
Las Taser son armas de electrochoque.
En cambio, existen dos clases de Byrna: una, que dispara una munición cinética, que da un fuerte golpe sin ser letal. La otra variante dispara un dispositivo de agresivos químicos, es en formato de carabina y se utilizarán cuando se requiera de armas antitumulto.
Son para usos diferentes. La decisión es avanzar con las dos líneas de armamento de menor letalidad. Será en principio un programa piloto, ya que habrá que capacitar instructores y operadores.
La cárcel en la ciudad de Recreo
– En Recreo no quieren una nueva cárcel. El Concejo de esa ciudad acaba de aprobar una ordenanza que se opone a esa posibilidad.
– Hemos recibido a las autoridades, se está dialogando con grupos de vecinos e instituciones. La ampliación del penal de Recreo es una realidad, la obra está adjudicada y en proceso de ejecución.
Es para nosotros muy importante, porque nos va a permitir superar la actual situación de presos alojados en dependencias policiales.
Entendemos que están dadas todas las medidas de seguridad, la contención del tema de las visitas y la selección de un perfil criminológico de mediana a baja peligrosidad.
Consideramos que no va a producir ningún tipo de alteración en la convivencia en el entorno urbano, del que tiene una distancia razonable.
Además, la cárcel llevará un conjunto de obras anexas, que en definitiva le darán una mejor calidad de vida a los ciudadanos de Recreo: ampliación de obras de cloacas, agua potable, tendido eléctrico. La cárcel es la razón por la cual esos servicios llegan más rápido.
