“El próximo encontronazo entre unos y otros está a la vuelta de la esquina”. Con esta frase finalizaba un artículo de opinión publicado el 2 de diciembre del año pasado en El Litoral, relacionado con las tensiones que por entonces ya socavaban el vínculo entre el Poder Ejecutivo y la Justicia provincial. El tiempo pasó y terminó confirmando la proximidad de la batalla. No se trató de una predicción aventurada, sino de una afirmación basada en antecedentes irrefutables.
Es que hay que decirlo sin eufemismos. Los principales protagonistas de este enfrentamiento entre el socialismo y el sector más corporativo del Poder Judicial no dudan en subir sus apuestas y agravar el tono de sus palabras en una encarnizada lucha de poder.
Si Hermes Binner hubiera contado con la mayoría legislativa en el Senado, seguramente hubiese puesto todas sus energías desde el principio de su gobierno para oxigenar la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, que aglutina a algunos de los más reconocibles miembros de lo que el gobernador denomina “familia judicial”.
Pero el socialismo no contaba con esa mayoría -el juicio político para destituir a un miembro de la Corte es responsabilidad de la Cámara alta-, ni tampoco tenía los dos tercios en Diputados como para acusar a un ministro del máximo tribunal.
Frente a estas circunstancias, algunos se aventuran a suponer que puede no ser casual que el abogado Carlos Edwards, representante del ex juez Carlos Fraticelli, impulse un pedido de juicio político contra el procurador de la Corte, Agustín Bassó, y que en ese contexto esté solicitando que seis diputados justicialistas se aparten del proceso porque en su momento aprobaron la designación del funcionario.
¿Fraticelli está siendo funcional a los objetivos del Ejecutivo? Puede ser. Más aún, mientras Edwards defendía al ex juez de Rufino, acusado de la muerte de su hija Natalia; el actual ministro de Justicia de la Provincia, Héctor Superti, representaba a la mamá de la adolescente, Graciela Diesser. Por eso no resulta descabellado sospechar que ambos estén trabajando estratégicamente juntos para que Bassó deje la Procuración General de la Corte.
Si efectivamente están siendo funcionales al gobierno, ¿se los puede criticar a Fraticelli y a su abogado? La respuesta a esta pregunta no es sencilla. De hecho, si Bassó y gran parte de esta Corte tuvieron algún tipo de responsabilidad en que el ex juez de Rufino estuviera injustamente preso durante cinco años, nueve meses y veinticinco días; pues entonces no se le puede reprochar a Fraticelli que se preste a participar de una estrategia tendiente a modificar la actual conformación del máximo tribunal.
Futuro incierto
A esta altura de las circunstancias, da la sensación de que el socialismo se quedó a mitad de camino en su objetivo de oxigenar a la Corte. Ante la imposibilidad de contar con las mayorías legislativas suficientes y con el extendido convencimiento de que existen miembros del máximo tribunal que no son dignos de ocupar dichos cargos, debió entonces haber actuado con premura y con mayor audacia para convencer a la opinión pública que los cambios eran imprescindibles.
Difícilmente los legisladores opositores hubieran podido soportar dicha presión social y tal vez se hubiesen visto obligados a ceder ante el reclamo de nuevos nombres para la Corte.
Pero el tiempo pasó y todo comenzó a ser más difícil.
Cuando se supo que Fraticelli había estado injustamente condenado, Binner dijo en público que algunos miembros de la Corte debían renunciar. Fue, tal vez, la carta más dura jugada por el gobierno hasta ese momento.
Y la Corte le respondió designando a Rafael Gutiérrez, el más combativo de sus miembros, como presidente del Tribunal.
En buen criollo, los jueces le marcaron la cancha a Binner y al socialismo: ustedes se ocupan de la Casa Gris, nosotros de Tribunales.
“El conflicto surgió a partir de las declaraciones del gobernador… Mientras esto no se repita, las relaciones seguirán por los carriles normales de la República”, advirtió Gutiérrez a horas de su designación.
Cuando en marzo del año pasado El Litoral reveló que el juez de Instrucción, Rubén Saurín, había sido multado por la EPE por haberse detectado una conexión clandestina en su domicilio particular, el gobierno encontró una nueva carta para jugar en esta contienda.
Del otro lado, hicieron su juego. Como primera medida, utilizaron una firma de Binner como argumento para cerrar el jury contra el juez Pedro Guevara, que hubiera profundizado el desprestigio de un sector de la Justicia. Ahora, Bassó y algunos de los integrante de la Corte están dispuestos a trabar a la aplicación del nuevo Código Procesal Penal de la Provincia.
A esta altura de las circunstancias, queda claro que lo que está en juego es poder. Con la reforma, Bassó perdería el control de los fiscales y pasaría a ocupar una figura prácticamente decorativa.
No es verdad que todos los miembros del Poder Judicial se sientan representados por Bassó y por el estilo de algunos de los miembros de la Corte. Pero quienes sí comulgan con ellos, conforman el núcleo duro que más potestades logró acumular durante las últimas décadas.
Es que, si naturalmente resulta difícil que alguien acepte mansamente la pérdida del poder que ostentó durante tanto tiempo, mucho más complicado es cuando hay una guerra declarada y se siente amenazado.
La puja actual está provocando un grave deterioro institucional y, dadas las actuales circunstancias, parece muy difícil que el socialismo logre remover algún miembro de la Corte antes del final de su mandato frente a la Casa Gris.
Pero lo que otra vez resulta inevitable, es que el próximo encontronazo entre unos y otros está a la vuelta de la esquina.