Esta nota fue publicada en Aire Digital
A tres semanas del traspaso de mando, distintas fuentes del gobierno electo que conducirá Maximiliano Pullaro en la provincia de Santa Fe suman señales relacionadas con una serie de cambios que se impulsarán en materia de Seguridad y Justicia.
Tal como lo explicara AIRE en un informe publicado en octubre pasado bajo el título “La otra triple frontera, el narcotráfico y el patio trasero de la provincia de Santa Fe”, desde hace más de una década, la provincia de Córdoba avanzó en una ley de narcomenudeo, generó fuerzas policiales de elite destinadas a enfrentar el narcotráfico y también creó fiscalías especiales para perseguir el microtráfico.
Mientras tanto, la provincia de Santa Fe no produjo ningún avance en este sentido y los resultados están a la vista.
En el conglomerado urbano que integran San Francisco (Córdoba), Frontera (Santa Fe) y Josefina (Santa Fe); el lado cordobés cuenta con policías antinarcóticos, fiscales provinciales dedicados al narcomenudeo, policías federales, juez y fiscales federales.
Mientras tanto, del lado santafesino apenas opera un puñado de policías provinciales, en un destacamento derruido que muestra las huellas de las balas en su puerta principal.
En el barrio Acapulco, jurisdicción de la comuna de Josefina, se calcula que existen más de 20 búnker de venta de drogas para clientes locales y, sobre todo, para los que llegan desde San Francisco, cruzando una calle que es el límite interprovincial. El destacamento de la policía se levanta en medio de estos “kioscos”, sin que desde allí se genere ningún tipo de control que impida esta situación.
La nueva ley de narcomenudeo en Santa Fe
Frente a estas falencias, distintas fuentes consultadas por AIRE coincidieron en que la nueva gestión impulsará el debate relacionado con una ley que permita perseguir al microtráfico desde la provincia de Santa Fe.
En este sentido, no parece que existan demasiados contratiempos para avanzar en la discusión legislativa, ya que el próximo gobernador contará con mayorías en ambas cámaras.
De todos modos, el proyecto de ley que se promoverá desde Santa Fe será diferente al que aprobó Córdoba en su momento.
La nueva gestión está convencida de que la sola aprobación de esta ley no servirá de mucho, si no se encuadra en un paquete de reformas más amplias. Para esto se requiere un conjunto de reglas especiales, una estructuración diferente de la policía y de las fiscalías, con objetivos claros en cuanto a política criminal.
En la provincia de Córdoba se creó la Fuerza Policial Antinarcótico (FPA) que depende de los fiscales y del Ministerio Público Fiscal, con el objetivo de perseguir al narcotráfico en general y al microtráfico en particular.
En Santa Fe, en cambio, la idea es que la ley de narcomenudeo apunte de manera más específica a reducir los niveles de violencia barriales. Esto significa atacar el bunker, encontrar al puntero de venta de drogas de la plaza, al que vende en una escuela, a la banda que porta armas y lucha por territorios: “Haremos una utilización selectiva de las herramientas para bajar la violencia”, remarcó una fuente relacionada con la futura gestión.
Una fuerza especial que dependa del Ministerio de Seguridad
Si bien habrá fiscales dedicados a perseguir el narcomenudeo -que dependerán del MPA-, las fuerzas investigativas y policiales tendrán relación directa con el poder político desde el Ministerio de Seguridad de Santa Fe.
Según la mirada de las futuras autoridades provinciales, el sistema cordobés termina persiguiendo al narcotráfico de una manera más general y abarcativa: “De alguna manera, consideramos que se mezclan los límites entre las competencias provinciales y las de la Justicia Federal”.
Por ese motivo se buscará que en Santa Fe la estructura tenga como objetivo principal la intervención directa en los barrios más violentos y sobre el territorio, mientras la Justicia Federal continúa realizando su trabajo de persecución del delito de narcotráfico y de las grandes estructuras que están detrás de este negocio que, a su vez, genera otros delitos complejos, como el lavado de activos.
“Nuestro objetivo es generar un marco legal con el que, si nos encontramos con un bunker barrial, podamos derribarlo y detener a quienes estén en el lugar. Luego, la Justicia Federal podrá investigar quiénes están detrás de todo eso, si lo considera adecuado. Pero para bajar los niveles de violencia necesitamos una intervención inmediata de las fuerzas provinciales. Una cosa es la acción directa y otra es la investigación profunda y de largo plazo”, resaltó otra de las fuentes consultadas del futuro gobierno santafesino.
Actualmente, si las fuerzas policiales de la provincia se encuentran con un “kiosco” de venta de drogas, tienen la obligación de reportarlo a la Justicia federal que, en general, investiga los eslabones superiores de la cadena de distribución: “Eso es lo que se buscará modificar con la nueva ley, para que la Policía de Santa Fe pueda actuar directamente en el territorio y atacar el problema inmediato, que deriva en situaciones de violencia palpable y que suele ser extrema”, explicaron.
Las mismas fuentes coincidieron en que la Policía de Investigaciones (PDI) continuará trabajando sobre casos más complejos, “aunque para que eso sea posible deberá ser reestructurada porque en estos momentos se encuentra prácticamente desmantelada”.
Por su parte, la nueva agencia policial dependerá del Poder Ejecutivo y no del jefe de la Policía, mientras que en materia investigativa reportará a una unidad fiscal del MPA.
Para integrar esta agencia se reclutarán de manera selectiva a efectivos de la Policía de Santa Fe, de otras fuerzas e, incluso, civiles. En cuanto a las fiscalías especializadas en narcomenudeo, desde el futuro gobierno consideran que no será necesario crear nuevos cargos, al menos en el corto plazo.
La nueva ley de narcomenudeo será enviada a la Legislatura de Santa Fe de manera rápida a partir del próximo 10 de diciembre, para que se pueda discutir y se logre avanzar en el menor tiempo posible.
