Esta nota fue publicada en Aire Digital.
Veinte días después de que alrededor de 165 familias usurparan terrenos federales ubicados en el norte de la ciudad de Santa Fe, las ocupaciones continúan y los estamentos del Estado vinculados de manera directa o indirecta con la problemática se encuentran virtualmente paralizados ante esta situación.
Todos reconocen la raíz social del problema, pero coinciden en que se trata de un acto ilegal. Sin embargo, la Municipalidad plantea que al no contar con poder de policía ya no tiene mucho por hacer con quienes se niegan a abandonar el lugar. La Justicia Federal ordena a Gendarmería que libere la zona, pero los gendarmes no actúan. Gendarmería responde que no cuenta con el personal idóneo para hacer lo que le pide el juez. La Provincia afirma que está dispuesta a colaborar con el Municipio, pero que no es responsabilidad provincial lo que está sucediendo en estos terrenos. Y agrega que la Justicia Federal no pidió la colaboración de la Policía para desalojar la zona.
En el programa Creo, que se emite por Aire de Santa Fe, la secretaria de Derechos Humanos de la Provincia, Lucila Puyol, y la ministra de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat, Silvina Frana, destacaron que gracias al trabajo realizado en el lugar se logró reducir de 165 a 15 el número de usurpadores. Pero los móviles de la radio observaron que el número de personas en la zona es mayor y que, durante el fin de semana largo, las usurpaciones comenzaron a consolidarse.
Durante estos 20 días, otros intentos de usurpaciones se produjeron en terrenos provinciales o privados. En todos los casos, la Policía de Santa Fe logró evitar las tomas sin necesidad de apelar al uso de la fuerza.
Explicaciones que no cierran
El jueves 6 de febrero por la tarde, la noticia se expandió rápidamente y atrajo a vecinos de distintos barrios de la ciudad: en los terrenos ubicados en calles Matheu y Azcuénaga, entre 9 de Julio y Facundo Zuviría, decenas de personas comenzaron a asentarse de manera ilegal.
A veinte días de aquella movilización, Silvina Frana reconoció que existen sospechas de que la gente fue alentada por algún sector de la política para que ocupen estos lotes. Lo mismo piensan desde la Municipalidad. Pero las pruebas no aparecen; no hay denuncias formales; y tampoco queda claro que exista una firme decisión de investigar los hechos.
Escuchá la entrevista a la ministra Silvina Frana en Creo.
Apenas se iniciaron las ocupaciones, el Municipio intervino. Hizo la denuncia en la Seccional 26. Desde allí notificaron a la fiscal María Laura Martí, quien dijo que no había delito. Entonces se dirigieron a la Policía Federal, pero era fin de semana y hay dudas de que se haya informado rápidamente al Juzgado Federal lo que estaba sucediendo.
Mientras se dialogaba con los usurpadores y se convencía a la mayoría de que desistiera de su actitud -tanto Provincia como Municipio coinciden en que, en general, los que tomaron los terrenos tienen dónde vivir-, desde la política se reclamó algún tipo de decisión del juez federal Francisco Miño.
Finalmente, la decisión llegó: el viernes 14 el juez ordenó a Gendarmería que a las 5 de la mañana del domingo 16, iniciara un operativo tendiente a liberar la zona. Pidió que se realizara de manera pacífica, aunque autorizó el uso de la fuerza en caso de que fuese necesario. La respuesta fue que, en Santa Fe, Gendarmería no cuenta con los recursos idóneos para realizar este operativo.
Si como dicen desde Provincia los usurpadores son apenas 15 personas o si incluso son 20, ó 30…, ¿qué necesita Gerdarmería para actuar?, ¿acaso esta fuerza federal no está en condiciones de desalojar los terrenos de manera pacífica?, ¿a nadie se le ocurre hacerlo durante la madrugada, cuando el número de personas en los terrenos es mínimo?, ¿cuántos gendarmes permanecen en la ciudad de Santa Fe?, ¿mintieron al anunciar que las fuerzas federales estarían presentes en la provincia para enfrentar la violenta ola de inseguridad?
Si es verdad que Gendarmería Nacional no cuenta con los recursos para liberar esta zona, entonces habrá que decir que la presencia de Gendarmería en la ciudad de Santa Fe es prácticamente nula. De lo contrario, quedan dos alternativas: o se le está mintiendo al juez Francisco Miño, o los responsables de la fuerza están reconociendo su inoperancia y falta de profesionalidad.
Los vecinos de esta zona de barrio Esmeralda Sur están preocupados y molestos. Comienzan a organizarse para reclamar que alguien tome alguna medida. Tanto es así, que ya realizaron cortes de calles y en estos momentos advierten que están dispuestos a seguir protestando.
A 20 días del comienzo de las usurpaciones y frente a un conflicto latente, los distintos estamentos del Estado que directa o indirectamente están involucrados en la situación de barrio Esmeralda Sur, parecen haberse convertido en meros observadores.
