El kirchnerismo debió soportar su propia lanza el 22 de febrero pasado, cuando a poco de iniciarse el proceso de negociaciones paritarias a escala nacional y frente a un discurso presidencial empeñado en camuflar el ajuste bajo la máscara de la “sintonía fina”, se supo que los legisladores nacionales habían resuelto duplicar sus sueldos.
La noticia se conoció a través de la prensa. En el Congreso, el silencio sobre la medida había sido absoluto desde diciembre del año pasado. Y como para salpicar aún más al gobierno, la decisión del aumento de las dietas se oficializó con las firmas de los flamantes presidentes del Senado, Amado Boudou, y de Diputados, Julián Domínguez, dos kirchneristas de pura cepa.
En Santa Fe, el socialismo sufre los efectos de su propia lanza. A poco de aumentar las tarifas de la energía eléctrica y en el preciso momento en que se discute sobre la eficiencia de la EPE para brindar servicios durante los meses de verano, se supo que un hijo del ministro de Aguas y Servicios Públicos, Antonio Ciancio, ingresó como contratado en la empresa. Una situación similar se plantea con el hijo del secretario del área, Alejandro Boggiano. Ambos habrían ingresado a la EPE a fines del año pasado.
Ciancio reconoció la situación. Aclaró que su hijo fue contratado en la categoría más baja de inspector de obras. “Nosotros tenemos un problema de (falta de) ingenieros. Si yo consiguiera ingenieros para mi ministerio que sepan hacer las cosas, tendría que tomarlos porque en realidad lo que nos falta a nosotros en todos lados son profesionales”, dijo el funcionario a El Litoral.
Desde la Legislatura, el diputado socialista Raúl Lamberto opinó que debería analizarse la capacidad de los contratados, en lugar de hacer hincapié en sus apellidos.
Es verdad que el nombramiento de familiares suele ser una práctica frecuente en funcionarios de otros partidos y en otros ámbitos públicos.
Sin embargo, estas explicaciones no alcanzan como para evitar la innegable grieta que el hecho produce en la credibilidad de cualquier gestión.
Los principales perjudicados por este desgaste no son los funcionarios aludidos. El más afectado es, en realidad, el ciudadano común, que necesita imperiosamente confiar en quienes gobiernan.
