Esta nota fue publicada en Aire Digital.
“Hay fiscales que cerraron sus oficinas con llave el 31 de diciembre y no las abren hasta el 1 de febrero”, disparó el ministro de Seguridad, Marcelo Sain, en el programa Creo, por Aire de Santa Fe, al hablar de la ola de asesinatos que atraviesa a la provincia de Santa Fe. El ministro se refería a los miembros del Ministerio Público de la Acusación. Sin embargo, este organismo se rige por el mismo régimen de vacaciones y licencias del Poder Judicial.
Quizá las declaraciones de Sain suenen algo exageradas e, incluso, puedan asemejarse demasiado a mero chivo expiatorio. Pero a la hora de evaluar los números concretos, se puede decir que durante 2020 los agentes del Poder Judicial y del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe estarán en condiciones de trabajar apenas algo más de 1 de cada 2 días. Eso, si no se enferman. Porque en caso de sufrir alguna enfermedad y presentar certificado médico, la asistencia a sus lugares de trabajo podría estar por debajo del 50%.
Parece desmesurado, pero no lo es, pues el cálculo surge de la simple aplicación estricta de la Ley Orgánica del Poder Judicial (10.160) y de las leyes que rigen el funcionamiento del MPA. Este martes 14 de enero, sólo dos jueces penales debieron hacerse cargo de 28 audiencias de todo tipo en los Tribunales de Santa Fe.
Los números son muy claros: 2020 tendrá 366 días (es bisiesto), a los que habrá que restarles 31 días de la feria de enero, 14 días de la feria de julio, 89 sábados y domingos (los fines de semana de enero y de la mitad de julio están incluidos en las vacaciones), 17 feriados nacionales que no coinciden con los fines de semana, los asuetos del 24 y 31 de diciembre que año a año declara la Corte Suprema de Justicia de la Provincia.
Pero eso no es todo. Según la Ley Orgánica del Poder Judicial, los empleados de la Justicia y del MPA gozan de la particular posibilidad de pedir 15 de licencia extraordinaria cada año. En caso de que el agente decida tomarse estos días, serán otras dos semanas que se suman a las ferias de enero y de julio. Las licencias por enfermedad, se cuentan aparte.
Esto arroja el siguiente cálculo: si no se enferma, un agente de la Justicia de Santa Fe o del MPA podría trabajar 197 de los 365 días que conforman 2020. O, dicho de otra manera, podría trabajar el 53,8% de los días de este año, a lo que habría que agregar las licencias por enfermedad en caso de producirse.
A fines de 2016, el Colegio de Abogados de Santa Fe presentó una nota al presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia en la que se le planteaba la necesidad de extremar los criterios para autorizar los permisos de licencias extraordinarias “a los fines de evitar abusos que desvirtúen el fin previsto por la normativa”.
Desde el organismo denunciaban que “numerosos funcionarios y empleados” utilizan estas licencias estipuladas en la Ley Orgánica del Poder Judicial “para fines turísticos, lo cual, amén de violentar el espíritu de la ley, redunda en un perjuicio para el servicio de Justicia”.
Un año después, el Colegio solicitó al presidente de la Corte, Rafael Gutiérrez, que se suspenda la feria de invierno en los juzgados donde se verificara una mora judicial importante. Pero el pedido jamás fue escuchado.
Es cierto que este tipo de situaciones no se produce de manera exclusiva en los ámbitos judiciales. El Poder Legislativo también suspende su actividad en enero y durante dos semanas de julio.
Hay jueces y fiscales de turno que toman todos los casos que se van acumulando hasta que, finalmente, el 3 de febrero (1 y 2 caen fin de semana) retornen sus colegas de las vacaciones.
De todos modos, la situación de la Justicia y del MPA se torna particularmente sensible en estos momentos: mientras la mayoría de los jueces y fiscales gozan de sus vacaciones, un verdadero baño de sangre abate a las dos principales ciudades de la provincia. Al momento en que esta nota era publicada, Santa Fe y Rosario ya sumaban 24 homicidios.
En estos momentos hay jueces y fiscales de turno que toman todos los casos que se van acumulando hasta que, finalmente, el 3 de febrero (1 y 2 caen fin de semana) retornen sus colegas de las vacaciones y comiencen a ponerse al tanto del verdadero infierno que se desató durante enero. Un dato más: durante la feria judicial se interrumpen los plazos legales en los procesos en curso de todos los fueros.
Proyecto nacional
El problema no es sólo santafesino. Tanto es así, que a principios de 2017 el entonces ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano, hizo pública la idea de impulsar un sistema tendiente a eliminar las ferias judiciales de enero y julio, con el objetivo de que el servicio de Justicia se preste de manera continua.
Según un informe de la organización Fores (Foro de Estudio sobre la Administración de Justicia), “la feria judicial implica en la Argentina una interrupción del 18,36% anual de la labor del sector” porque “el sistema de Justicia funciona sólo 190 días al año”.
“Si a ello sumamos que se trabaja seis horas diarias, el resultado es de 132 jornadas”, agregó el estudio. En realidad es justo reconocer que, como sucede en todos los ámbitos, mientras algunos se abusan de las prerrogativas del sistema actual, otros jueces y agentes judiciales trabajan mucho más que seis horas diarias.
Sin jueces y fiscales suficientes, con la mayor parte de los recursos volcados al pago de sueldos y con apenas 197 días de trabajo al año, la Justicia se convierte en parte fundamental del problema.
Durante los últimos días los hechos de sangre se sucedieron de manera alarmante en la provincia de Santa Fe. En este contexto, el rol del Ministerio de Seguridad y la degradación de la policía ocuparon un lugar preponderante en el debate público. Sin embargo, la Justicia no parece estar ajena al problema.
Sin jueces y fiscales suficientes, con la mayor parte de los recursos volcados al pago de sueldos y con apenas 197 días de trabajo al año, la Justicia se convierte en parte fundamental del problema.
Al menos hasta ahora, nadie fue capaz de torcer esta realidad. Las instituciones intermedias, los gobiernos provinciales y nacionales hablan del tema, plantean propuestas, generan reclamos. Pero, al menos hasta ahora, con la Justicia nadie pudo.
