El agobio generado por la inseguridad y la violencia en la provincia no es nuevo. Sin embargo, lo más preocupante es que, lejos de mejorar, la situación muestra signos de empeoramiento.
En lo que va del año, en el departamento La Capital se produjeron 111 homicidios. Teniendo en cuenta que restan más de dos meses para que 2014 finalice, el Gran Santa Fe parece condenado a superar su propio récord histórico de asesinatos, registrado en 2007 con un total de 116 muertes.
Durante esta semana y luego del homicidio de un chico de 11 años en barrio Pompeya, el fiscal regional, Ricardo Fessia, dijo en declaraciones radicales: “Estamos tocando fondo”. Se trata de una afirmación que no debe pasar desapercibida, ya que proviene de uno de los máximos responsables de investigar los hechos que día a día sacuden a la ciudad.
Pocas horas antes, el ministro de Seguridad, Raúl Lamberto, había asegurado que en la provincia “han bajado los homicidios y la cantidad de heridos por armas de fuego”. Sus declaraciones sorprendieron. Sobre todo, cuando al día siguiente el fiscal general de la provincia, Julio De Olazábal, dijo ante los medios que “no son confiables las estadísticas sobre homicidios”.
Lo peor que podría suceder en este contexto es que, desde el Ministerio de Seguridad, se brinde información que no merece confianza. Se supone que en poco tiempo el Ministerio Público de la Acusación dará a conocer sus propias estadísticas.
Se sabe que la inseguridad, la violencia y el delito en general representan fenómenos complejos, con profundas raíces sociales, económicas, educativas y hasta culturales. Por ese motivo, resultan saludables los esfuerzos que el Estado -provincial y municipal- realiza a través del Plan Abre, que implica una intervención integral en algunos de los barrios más difíciles de las grandes ciudades. Lo mismo sucede con una serie de nuevas experiencias, como por ejemplo la puesta en funcionamiento de la Policía Comunitaria en zonas puntuales.
El trabajo social y la mejora en infraestructura seguramente serán de suma utilidad para modificar estos escenarios y evitar que tantos adolescentes y jóvenes pasen a engrosar las bandas delictivas que pululan en algunas zonas de la ciudad.
Sin embargo, quienes esta semana mataron al niño de 11 años en barrio Pompeya son asesinos. Y para dar con ellos lo que se necesitan son políticas de seguridad efectivas, que impliquen un trabajo profesional por parte de la policía, el Ministerio Público de la Acusación y los magistrados encargados de hacer Justicia.
Existen muestras suficientes del esfuerzo que el gobierno viene realizando en este sentido. Incluso, nadie pone en dudas el denodado trabajo que lleva adelante el Ministerio de Seguridad.
El problema es que, lamentablemente y a pesar de todo, no parece que la situación esté mejorando. Y no se trata de meras percepciones: de hecho, en lo que va de 2014 los médicos del Hospital de Niños Orlando Alassia atendieron a 61 chicos que llegaron con heridas de bala. Eso representa un sorprendente promedio de seis menores baleados por mes.
En definitiva, las políticas en materia de seguridad no están dando el resultado esperado en los tiempos necesarios. Y si bien es cierto que el fenómeno de fondo implica un trabajo a mediano y largo plazo, frente a la emergencia se requieren medidas urgentes y más efectivas. Si los caminos elegidos hasta ahora llevaron al fracaso, pues entonces será necesario introducir las modificaciones que sean necesarias en busca de mejores resultados.
Lo que no se puede permitir es que en la sociedad se termine instalando la peligrosa percepción de que, indefectiblemente, se trata de una batalla perdida.
