Se dice que la Justicia tiene sus tiempos y que no siempre coinciden con los de la opinión pública.
Tal vez sea cierto. Sin embargo, esta afirmación resulta insuficiente para explicar por qué transcurrió un año de la muerte con mayor impacto institucional desde el regreso de la democracia en la Argentina , y ni siquiera se conoce cuál es la hipótesis más firme frente a lo sucedido.
No se trató de una muerte más. De hecho, aquel domingo 18 de enero de 2015 dejó de existir el hombre que se aprestaba a denunciar, nada menos, que a la entonces presidenta Cristina Fernández por delitos gravísimos, que incluso podían rozar la traición a la patria. Lo esperaban en el Congreso de la Nación para escuchar sus argumentos, pero su vida acabó horas antes de manera misteriosa.
El deceso de Nisman dejó al descubierto un agobiante entramado de mentiras, miserias políticas y conductas mafiosas enquistadas en las nervaduras mismas del poder estatal; favorecidas por la más brutal ineficacia en materia investigativa.
Un año después, el derrotero de tres prófugos de la cárcel de General Alvear terminó convirtiéndose en la cruel evidencia de que aquellas redes oscuras continúan operando en la Argentina, y que están dispuestas a resistir cualquier intento de cambio.
Como si el tiempo no hubiese pasado, este insoportable hedor a mafias vuelve a verse potenciado por la indisimulable ineficiencia de las fuerzas de seguridad.
Incluso, en esta historia continúan retumbando algunos de los mismos nombres vinculados con el poder durante las últimas décadas.
Así como hace un año el entonces secretario general de la Presidencia, Aníbal Fernández, se mofaba de Nisman y de todos aquellos que se atrevieron a relacionar al gobierno con esta extraña muerte; el ahora “tuitero” y ex funcionario se burla -¿nerviosamente?- de quienes bregan por saber cómo fue posible que los condenados por el triple crimen de General Rodríguez abandonaran una cárcel de máxima seguridad, salieran indemnes de la provincia de Buenos Aires y acabaran detenidos en territorio santafesino.
En el caso Nisman, el kirchnerismo jamás logró explicar por qué impulsó con tanta vehemencia un acuerdo con los principales sospechosos de haber provocado el mayor atentado terrorista de la historia de América Latina. De la misma manera, frente al triple crimen, quienes gobernaron el país hasta hace pocas semanas nunca aclararon por qué permitieron el ingreso de 40 toneladas de efedrina a la Argentina, y cuál fue el motivo por el que parte de ese dinero terminó financiando una campaña política.
Nisman está muerto y todas las evidencias indican que también podría agonizar la causa judicial que investiga su deceso. El tiempo transcurrido, el manoseo político y las desprolijidades procesales, parecen haber condenado este caso al terreno de la eterna sospecha. La falta de respuestas ante lo ocurrido representa una mácula lacerante para el país. Una deuda con la verdad.
Frente a este contexto, resulta indispensable que las investigaciones relacionada con los condenados por el triple crimen, con el tráfico de efedrina y con la utilización política del dinero del narcotráfico, transiten un camino diferente. Cuanto antes, los argentinos necesitan una explicación de lo ocurrido. Sólo así será posible mantener latente la esperanza de que algo puede cambiar.
El nuevo gobierno bien puede argumentar que hace apenas unas semanas llegó al poder y que heredó un país institucionalmente mutilado. Sin embargo, sobre los actuales funcionarios recae el peso de una responsabilidad crucial. En este momento de la historia, la política y la Justicia tienen la última palabra.
Nisman está muerto. Y lo peor que podría suceder, es que la ilusión de una Argentina distinta corra la misma suerte.
