Aunque en general sólo se produjeron discursos medidos y charlas en voz baja, la manifestación semipública realizada por jueces y funcionarios judiciales de todo el país el miércoles pasado hizo ruido y dejó al descubierto más de lo que los organizadores pretendían. En primer lugar hay que aclarar que no se trató de verdaderos actos públicos.
Los magistrados no expresaron su posición en las calles, ni en las plazas de las ciudades. En Santa Fe, por ejemplo, el acto se realizó en el hall del Palacio de Tribunales, un ámbito en donde los jueces se sientes contenidos y a cierta distancia de una sociedad que también a ellos les recrimina un importante grado de responsabilidad frente a la angustiante sensación de temor con que se vive.
De todos modos, en general resulta positivo que algunos jueces se hayan atrevido a saltar el vallado a veces infranqueable de sus escritorios o las puertas de sus despachos.
Es que en esta ciudad, como en el resto del país, existen magistrados acostumbrados a tener contacto con la comunidad para la cual trabajan; pero muchos otros suelen escudarse tras un halo de silencio y aislamiento que suelen convertirse en mecanismos de autoprotección. Ser funcionarios públicos implica, necesariamente, rendir cuentas a la ciudadanía. Y para cumplir con esta premisa no alcanza con aquello de que los magistrados “hablan a través de sus sentencias”. Pero el ruido producido por esta inédita manifestación puede tener distintas lecturas.
En primer lugar, los organizadores se esforzaron por aclarar que los actos apuntaban a impulsar “propuestas para la construcción de una nueva realidad en seguridad y Justicia”.
Una y otra vez insistieron en que no se trató de una protesta, sino de “de un día para proponer”, como dijo públicamente el presidente de la Federación Argentina de Magistrados (FAM), Abel Fleming. Sin embargo, los volantes impresos para convocar a este acto decían otra cosa: “Reclamamos la atención de los poderes públicos, nacionales, provinciales y municipales, de la dirigencia política, económica y social, de los actores de la cultura y de los ciudadanos argentinos”.
Difícilmente puedan equipararse los significados de términos como “reclamo” y “propuesta”. Más allá de los esfuerzos argumentativos mostrados por los organizadores de estas manifestaciones, a nadie escapa que no se trata de sinónimos.
Para decirlo con claridad, los magistrados buscaron la manera de expresar públicamente su malestar y disconformidad por las demoras en la implementación de una serie de medidas tendientes a reducir el nivel de litigiosidad, consolidar la mediación extrajudicial, priorizar la atención de los casos más graves y destinar más dinero para el funcionamiento del Poder Judicial.
La aprobación de este tipo de mecanismos depende de las decisiones políticas adoptadas por los poderes Ejecutivos y Legislativos, claros destinatarios de las manifestaciones del miércoles pasado.
Tanto es así que, por ejemplo, en la provincia de Santa Fe el ministro de Justicia, Héctor Superti, eligió la ironía para responder: “Me caen bien los reclamos, porque así están reforzando lo que ya impulsamos. Los pedidos de los jueces ya son políticas de gobierno”. También el gobernador Hermes Binner se encargó de contestar:
“El reclamo fue gracioso porque, por un lado, cuestionaban y, por otro, convalidaban lo que Santa Fe está haciendo para mejorar la Justicia”. Ruidos internos Pero las manifestaciones de los jueces no sólo dejaron al descubierto sus diferencias con el poder político.
Al parecer no estaba en los planes de los organizadores, pero la convocatoria reveló que los ruidos también existen dentro del mismo Poder Judicial. En el preciso momento en que los integrantes de los Colegios de Magistrados de todo el país participaban de estos actos, el Centro de Información Judicial (CIJ) comunicaba a los medios periodísticos de todo el país que la Corte Suprema de Justicia de la Nación había dispuesto un aumento salarial del 15{e84dbf34bf94b527a2b9d4f4b2386b0b1ec6773608311b4886e2c3656cb6cc8c} para todas las categorías.
El CIJ es un organismo creado por la Corte Suprema “para generar un puente de comunicación entre la Justicia y la comunidad”, y surgió como una de las conclusiones de la Primera Conferencia Nacional de Jueces que se realizó en Santa Fe en 2006. ¿Era el momento adecuado para realizar este anuncio?, ¿fue casual que la información del aumento se enviara a las 13.56 de ese día, mientras magistrados de todo el país reclamaban por una Justicia más eficiente?, ¿acaso la Corte no debería ser la voz de los magistrados que reclamaban?
Anunciar este aumento salarial -los jueces santafesinos se beneficiarán por la “ley de enganche”- en ese preciso momento, asestó un duro golpe a la credibilidad y legitimidad del reclamo de la FAM ante la comunidad en general. Y el golpe no llegó desde el Ejecutivo, ni del Legislativo.
Se produjo desde adentro del Poder Judicial, más específicamente desde una Corte que demostró así no estar de acuerdo con las movilizaciones.
“Ellos tienen todo el derecho de recibir aumentos porque están dentro de la ley, más allá de que a la sociedad le guste o no”, dijo Binner, esta vez apelando a la misma ironía que pocas horas antes había utilizado el ministro Superti.
A escala nacional, los actos organizados por los jueces tuvieron repercusión casi nula, a pesar de que se trató de un hecho inédito y en un contexto en el que la inseguridad creciente asoma como una de las máximas preocupaciones de los argentinos.
Lejos de los objetivos que se plantearon los magistrados en el momento de organizar estas manifestaciones, seguramente el miércoles terminó profundizándose la preocupación de la ciudadanía en general.
Y es que existen motivos suficientes como para estar preocupados: mientras la inseguridad y la violencia se apoderan de las calles, quienes tienen en sus manos la delicada tarea de trabajar por enfrentar estos flagelos se dedican a dejar al descubierto sus diferencias.
Así, la sociedad se siente cada vez más desprotegida.
