La imagen de la Justicia está fuertemente cuestionada. Y dichos cuestionamientos no sólo provienen desde gran parte de la sociedad -atemorizada y abatida por la inseguridad-, sino además desde aquellos que integran otros poderes del Estado.
Los recientes reproches de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner a la Justicia nacional estuvieron precedidos por declaraciones de funcionarios provinciales que, aunque con otro tono y por motivos diferentes, plantearon críticas hacia el Poder Judicial santafesino.
Frente a este delicado contexto, aparece como un dato positivo que durante las últimas semanas la Corte Suprema de Justicia de la Provincia haya tomado la decisión de avanzar, finalmente, con las investigaciones tendientes a determinar si algunos jueces santafesinos incurrieron en delitos o irregularidades en el cumplimiento de sus funciones.
De hecho, en las últimas horas se cumplieron los trámites finales para conformar el Tribunal de Enjuiciamiento que deberá evaluar las conductas de magistrados cuestionados.
Los casos más resonantes en el centro y norte de la provincia son los de los jueces Mauricio Frois y Pedro Guevara, en Santa Fe; a los que se suma Julio César Clementín, en Tostado.
Mientras los dos primeros están sospechados de haber cometido irregularidades que provocaron la prescripción de más de 600 causas en el Juzgado de Sentencia Cuarta durante 2006-2007, Clementín fue denunciado por supuestos pedidos de favores sexuales a mujeres comprometidas en casos investigados en su juzgado.
Las reacciones de los jueces involucrados fueron disímiles. Pedro Guevara tomó la decisión de despojarse voluntariamente de sus fueros para prestar declaración indagatoria ante el juez José Luis Giavedoni, quien lo investiga penalmente.
Julio César Clementín, por su parte, informó públicamente que el 30 de este mes pasará a retiro por jubilación y podrá ser indagado por los supuestos delitos que se le atribuyen.
En el caso de Frois, todo indica que será el Tribunal de Enjuiciamiento el encargado de determina cuál será su futuro como magistrado. Los pedidos de jury a estos magistrados se produjeron a fines del año pasado y, desde entonces, la Corte santafesina avanzó con celeridad en la conformación del Tribunal de Ejuiciamiento -las demoras que se produjeron estuvieron motivadas por la feria judicial y por una modificación en la ley que determina cómo llevar a delante este procedimiento-.
Sin embargo, esta reciente decisión de acelerar los trámites estuvo precedida por un cúmulo de llamativas dilaciones en casos puntuales. Haciendo historia Durante 2005, la Corte ordenó investigar por qué habían prescripto siete causas de amplia repercusión pública en la provincia.
El 28 de febrero de 2007, El Litoral informaba que el único juez sancionado había sido Mauricio Frois, a quien por entonces se le aplicó una multa de 600 pesos. ‘Es cierto que la suma puede parecer irrisoria para la opinión pública, pero no es para nada habitual que la Corte sancione a los jueces. Desde este punto de vista, la multa es importante‘, opinaba una alta fuente judicial.
En su juzgado había prescripto la causa contra el ex intendente de Santa Fe, Carlos Aurelio Martínez. La sentencia llegó catorce años después desde el inicio del proceso.
También prescribió la causa contra el ex vicegobernador, Antonio Vanrell, pues la sentencia llegó doce años después del inicio de las investigaciones. Frois no fue el único responsable de aquellas prescripciones. Seguramente camaristas y fiscales no hicieron todo lo posible para evitar dicha situación.
A principios del año pasado, ese juzgado estuvo nuevamente en la mira. El procurador general solicitó una investigación sobre lo que estaba ocurriendo. El presidente de la Cámara de Apelaciones, Julio De Olazábal, detectó graves irregularidades y hasta advirtió sobre la posible existencia de delitos.
Sin embargo, durante varios meses no se tomó ninguna medida al respecto. Poco después de que El Litoral publicara la existencia de aquel duro informe, la Corte solicitó que se recabaran mayores detalles sobre la situación de dicho juzgado.
En su segunda conclusión, De Olazábal fue aún más crítico en sus apreciaciones: “Han quedado evidenciadas numerosas irregularidades, imputables a los doctores Mauricio Frois y Pedro Guevara… En la mayoría se habrían producido quebrantamientos de leyes, cuyo cumplimiento incumbía a los nombrados”.
Al describir dichas irregularidades, De Olazábal sostuvo que ambos magistrados podrían haber incurrido en delitos tales como prevaricato, incumplimientos de los deberes de funcionarios públicos o abuso de autoridad Pero la primera inspección realizada por la Cámara de Apelaciones al Juzgado a cargo de Mauricio Frois data de junio de 1992. Por entonces ya se señalaron numerosos problemas vinculados con la gestión del magistrado.
En 1993 se recomendó a Frois que redoblara sus esfuerzos. Pese a eso, informes reservados en la Cámara de Apelaciones indican que los inconvenientes no desaparecieron, sino que se mantuvieron o agravaron. Se elevó el número de causas pendientes de resolución y en las que se vencía el plazo fijado para dictar sentencia.
Sería injusto cargar sólo sobre las espaldas de Frois los problemas de la Justicia local. Sería injusto cargar sólo sobre la Justicia el flagelo de la inseguridad.
Sería injusto no reconocer que los políticos suelen transformar a la Justicia en chivo expiatorio frente a la creciente ola de violencia.
Sería injusto decir que la mora judicial se produce sólo por responsabilidad de algunos jueces.
Pero también resulta imprescindible que la celeridad mostrada desde finales del año pasado para resolver las situaciones de estos tres magistrados sea una constante en el Poder Judicial. De lo contrario, la institución se desgasta y, mientras esto ocurre, la ciudadanía se siente cada vez más desprotegida.
