La crisis desatada a partir de la detención del ex jefe de Policía de la Provincia, Hugo Tognoli, dejó al descubierto una situación cuya gravedad va mucho más allá de los cruces verbales y de las acusaciones que durante los últimos días vienen intercambiando algunos de los principales referentes políticos de la provincia y del país.
Del lado de la oposición, algunos sólo parecen interesados en obtener algún mezquino rédito electoral de lo sucedido. Desde el oficialismo provincial, queda instalada la sensación de que no se reaccionó a tiempo y con la contundencia necesaria.
Pero más allá de los intereses en juego, de algunos nombres propios, de tantas chicanas, de ciertas informaciones que se asemejan demasiado a operaciones de prensa y de las inocultables falencias que existen dentro de la policía de Santa Fe; el problema de fondo es el evidente, acelerado y profundo avance del narcotráfico en la Argentina.
Desde hace años, el fenómeno muestra signos de agravamiento frente a la mirada de una dirigencia política demasiado preocupada por sus miserias cotidianas.
A partir de las década de los noventa, la Argentina dejaba de ser un país de paso para la droga, para convertirse en un centro de consumo importante dentro del contexto latinoamericano. Durante el último quinquenio, las noticias fueron mutando y, entonces, comenzó a hablarse de la existencia de “cocinas” de droga multiplicándose en las grandes ciudades.
Pero la situación continúa agravándose. El desembarco del narcotráfico en el país resulta evidente. Hoy se sabe que, en algunas de las principales ciudades argentinas, los narcos ejercen un control casi absoluto sobre territorios perfectamente delimitados y que, para ello, suelen contar con la protección de ciertos sectores policiales.
La situación representa un problema que va mucho más allá de lo meramente delictivo. Cuando el narcotráfico echa raíces, inmediatamente comienza a producirse un proceso corrosivo del que ningún estamento social está absolutamente a salvo. La corrupción estructural deviene, incluso, en verdaderas transformaciones culturales de las que difícilmente exista retorno.
Hoy se habla de territorios controlados por el narcotráfico y de la complicidad entre narcos y policías. Probablemente, éste apenas sea un escalón más en el proceso de degradación social. En países como Colombia o México, a los policías corrompidos les siguieron los jueces. Y a los jueces, los políticos.
Los recursos económicos del narcotráfico superan, en muchos casos, a los medios que el mismo Estado tiene a su disposición para enfrentarlo.
La Justicia será la encargada de determinar si el ex jefe de Policía de Santa Fe es inocente o culpable. De todos modos, y más allá de lo que se resuelva en este caso puntual, lo ocurrido dejó en evidencia la gravedad del fenómeno.
Si no se toma conciencia de la situación y no se adoptan las medidas necesarias a tiempo, es muy probable que lo peor esté por venir.