El ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro, denunció intervenciones irregulares a su teléfono. La situación genera un inevitable halo de sospechas.
La denuncia del ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro, sobre posibles intervenciones irregulares a su teléfono oficial representa el mayor escándalo institucional de los últimos años en la provincia de Santa Fe.
Esta sorprendente e intrincada sucesión de acontecimientos parece haberse iniciado a partir de las investigaciones judiciales sobre irregularidades en el manejo del dinero destinado a pagar horas extras a la policía y el supuesto desvío de fondos que debieron utilizarse para reparar patrulleros .
En ese contexto, se dispuso intervenir teléfonos de ciertos protagonistas de esta posible red delictiva que, al parecer, tuvo como actores a personajes fundamentales de la Policía de la Provincia.
Así fue como, a principios de octubre, se ordenó la detención del jefe de la Unidad Regional V (departamento Castellanos) de la Policía, comisario mayor Adrián Rodríguez. Se lo sacó uniformado y esposado de su despacho, mientras se procedía a allanar su domicilio particular.
La decisión fue tomada por el fiscal Roberto Apullán, quien consideró que en conversaciones telefónicas entre Rodríguez y el ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro, aparecían indicios suficientes como para suponer que se había producido el delito de cohecho pasivo para obtener beneficios a la hora de lograr ascensos en el escalafón policial.
Fuentes confiables aseguran que, previo a la detención de Rodríguez, el fiscal regional Carlos Arietti le aconsejó a Apullán que no procediera con la aprehensión, porque no había elementos como para sostener la presunción de delito alguno.
Lo cierto es que a partir de allí se generó esta verdadera espiral de llamativas situaciones que no sólo generaron interrogantes sobre la conducta de las personas involucradas, sino también sobre el funcionamiento de instituciones claves.
De hecho, nunca fue posible realizar la audiencia imputativa en donde se le debía informar a Rodríguez sobre cuáles habían sido los motivos de su detención –pocas horas después de salir esposado de la Jefatura de Rafaela se ordenó su libertad-.
Otro hecho sorprendente se produjo el 26 de octubre. Ese día, Apullán convocó a las 8,30 de la mañana a una supuesta audiencia imputativa que jamás se realizó.
Allí estaban el imputado, su abogado defensor, el fiscal y los medios de prensa locales. No sólo porque se trataba de un jefe policial supuestamente involucrado en un caso de cohecho, sino porque la misma audiencia ya había suspendida en dos ocasiones por motivos que generaron inevitables suspicacias.
Luego se supo que dicha audiencia resultaba inviable, porque desde hacía algunos días Arietti había informado a Apullán que la causa ya no estaba en sus manos, pues había sido derivada a una Fiscalía especialmente dedicada a investigar delitos complejos.
Cuando trascendieron conversaciones telefónicas entre el comisario Rodríguez y el ministro Pullaro, todos pensaron que el teléfono del policía había sido intervenido en el marco de investigaciones por delitos previos.
Sin embargo, en las últimas horas se conocieron llamadas que Pullaro realizó tanto a las máximas autoridades del Ministerio Público de la Acusación, como al mismísimo gobernador, Miguel Lifschitz.
Más allá de que resultará imprescindible que desde el Ministerio Público de la Acusación se brinden las explicaciones necesarias para aventar cualquier sospecha de irregularidades en la actitud de los principales responsables del organismo, lo cierto es que resulta de una gravedad inusitada que el teléfono oficial de Pullaro hubiera sido intervenido y que sus conversaciones trascendieran públicamente.
¿Quién ordenó pinchar el teléfono del ministro de Seguridad?, ¿cuál fue el objetivo?, ¿qué otras conversaciones quedaron registradas?, ¿cómo garantizar que las conversaciones del ministro no hayan llegado a manos de las bandas delictivas que vienen siendo investigadas?
Resulta imprescindible y urgente que cuanto antes aparezcan respuestas a tantos interrogantes. Mientras esto no suceda, se extiende un inevitable halo de sospechas sobre personas que ocupan lugares preponderantes y organismos que cumplen roles fundamentales para la salud institucional de la provincia.