Miguel Lifschitz se encuentra frente a una verdadera encrucijada. La inseguridad se convirtió en el principal tema de preocupación en la provincia, la sociedad reclama soluciones urgentes, la labor de la policía de Santa Fe no arroja los resultados esperados y la Nación pone condiciones para el envío de fuerzas federales que, a estas alturas de las circunstancias, parecen haberse transformado en un factor imprescindible para enfrentar el problema. Ante un escenario tan complejo, el gobernador debe tomar decisiones políticas clave.
Eugenio Burzaco, secretario de Seguridad de la Nación, acaba de ratificar sin rodeos que el gobierno central sólo enviará más fuerzas federales a la provincia si éstas son conducidas por los mandos federales. Mientras tanto, desde Santa Fe se intenta restar dramatismo a la situación y se asegura estar cerca de un acuerdo para que opere un comando conjunto.
El gobernador sabe que tendrá que hacer equilibrio para responder a diversos frentes:
1.- La sociedad, que reclama vivir en paz -la marcha de Rosario fue un verdadero cimbronazo-.
2.- La Policía de la Provincia, que exige confianza de parte del gobierno -aunque no pueda disimular sus falencias-.
3.- La mayor injerencia de las fuerzas federales, que seguramente repercutirá en el vínculo entre la Policía provincial y el poder político.
4.- La oposición, que se verá tentada a utilizar esta escenario para criticar al gobierno santafesino aduciendo que no fue capaz de enfrentar el problema sin el auxilio nacional.
Como si la situación no fuera lo suficientemente compleja, los antecedentes no contribuyen demasiado. A poco de asumir Mauricio Macri como presidente, la fuga de los hermanos Christian y Martín Lanatta, y Víctor Schillaci, terminó generando las primeras divergencias entre el gobierno nacional y la provincia de Santa Fe.
Ahora, en la Nación están absolutamente convencidos de que la Policía local representa gran parte del problema de la inseguridad en la provincia. Y, por ese motivo, plantean la necesidad de que sean las fuerzas federales las que comanden las políticas tendientes a enfrentar al delito organizado.
Los márgenes para la toma de decisiones son estrechos. Mientras los contactos en los máximos niveles políticos se suceden, el número de homicidios en Santa Fe y Rosario no deja de crecer. Frente a estas circunstancias apremiantes, se requiere del mayor compromiso de parte de los principales actores.
El gobierno nacional deberá reconocer que es responsabilidad federal enfrentar al narcotráfico y el delito organizado. Cualquier intento de Cambiemos u otro sector político de obtener algún rédito político-electoral de la situación, sólo representaría un síntoma de bajeza moral.
Y el gobierno de Santa Fe tendrá que aceptar que todos los esfuerzos realizados de su parte para reducir los índices de inseguridad han fracasado. El año pasado se registraron en la Argentina 6,6 asesinatos cada 100.000 habitantes. En la provincia la tasa llegó a 12,2 homicidios dolosos cada 100.000 habitantes, seguida por Formosa (9,5/100.000), Mendoza (7,5/100.000) y Río Negro y Provincia de Buenos Aires (7,4/100.000).
Lo más probable es que en las próximas horas se anuncie un acuerdo entre Santa Fe y la Nación. Seguramente, ambas partes cuidarán las formas e intentarán disimular sus diferencias.
Está bien que así sea. Lo importante, en todo caso, es que la situación mejore y, para que este objetivo sea factible, será imprescindible que las partes aborden el tema con total honestidad y responsabilidad. Al ciudadano común, no le interesa el color de los uniformes, ni los signos políticos. Lo que quiere, simplemente, es vivir en paz.
