De las motos al Club Atlético Colón: dos hechos que jaquean la confianza y el principio de autoridad

Mientras un grupo de cartoneros obligaba a policías de la Comisaría 2ª de la ciudad de Santa Fe a devolver dos motos que habían sido secuestradas por falta de documentación, en Casa de Gobierno se decidía dar marcha atrás con una serie de sanciones contra el Club Atlético Colón que habían sido anunciadas pocas horas antes por el Ministerio de Seguridad de la Provincia.

Según datos oficiales, siete de cada diez delitos en esta ciudad se cometen utilizando motos como medio de transporte o están relacionados con el robo de motos. Por ese motivo, se tomó la decisión de autorizar a la Policía de Santa Fe a realizar operativos de tránsito tendientes a detectar motocicletas que circulen sin documentación, sin patente o que pueden tener pedido de captura.

Sin embargo, cuando los policías comenzaron a hacer su trabajo y decidieron secuestrar dos motos que circulaban sin la documentación correspondiente, la sola presencia de un grupo de cartoneros frente a la Comisaría 2ª de esta ciudad los obligó a ceder, a entregar los vehículos y a permitir que sus propietarios -¿supuestos propietarios?- abandonen la escena en medio de aplausos.

Hasta ahora, quienes sufrían las presiones y los ataques durante los operativos de tránsito eran los inspectores municipales. Y por ese motivo se solicita el acompañamiento de la Policía durante los controles. Pero lo sucedido este martes termina aniquilando cualquier marco de autoridad, ya que ni siquiera los efectivos policiales parecen estar en condiciones de cumplir con su trabajo, sostener su decisión, retener las motos secuestradas y evitar que se las quiten de sus manos en una comisaría.

Lo sucedido no solo es grave desde el punto de vista de los hechos, sino también por el mensaje que deja en una sociedad confundida, perpleja y fracturada, que observa la endeblez de la autoridad del Estado y la fragilidad en el cumplimiento de las normas.

Colón, los anuncios que se hicieron y la sanción que no fue

Quizá parezcan situaciones inconexas, pero el modo en que se tomó la decisión, la forma en que se realizaron los anuncios y la manera en que se dio marcha atrás con las sanciones al Club Atlético Colón por incumplir una serie de compromisos en favor de la seguridad, también ponen en jaque el principio de autoridad que debería preservar el Estado.

A modo de resumen:

– el 17 de febrero y el 13 de marzo, supuestos integrantes de una facción de barrabravas dispararon contra instalaciones del club.

– luego de estos hechos, el Club Colón se comprometió a tomar una serie de medidas para favorecer la seguridad en los partidos contra Aldosivi de Mar del Plata y ante Unión de Santa Fe, pero no las cumplió.

– el martes 5 de abril, los supuestos barras dispararon balas de plomo contra policías que custodiaban el estadio, hirieron a tres uniformados y a un hincha de Peñarol de Uruguay.

– pocas horas después, el ministro de Seguridad, Jorge Lagna, anunció que Colón jugaría sin público su próximo partido de local. Pero recién al día siguiente se conocieron en detalle los fundamentos de la sanción y entonces quedó claro que la medida se tomó por incumplimientos a los compromisos asumidos por el club antes de los partidos con Aldosivi y Unión.

– en este contexto, autoridades de Colón se reunieron con funcionarios del Ministerio de Gobierno.

– cinco días después de los anuncios de Lagna, se informó que esta sanción no será aplicada, que el público podrá estar en la cancha y que solo se clausurará una tribuna.

La verdad es que la decisión de dar marcha atrás con la sanción anunciada por el ministro de Seguridad, Jorge Lagna, se adoptó en otras esferas del gobierno. Tanto es así que, mientras Lagna aseguraba que aún no había cambios en las sanciones, fuentes de Casa Gris adelantaban que solo clausurarían una tribuna de Colón en el próximo partido de local, lo que finalmente terminó sucediendo.

Probablemente, la determinación de prohibir el ingreso al estadio de la gente haya sido excesiva e, incluso, el modo de anunciarlas no parece haber sido el mejor. A estas alturas de las circunstancias todo parece ser opinable y existen distintos puntos de vista.

Sin embargo y a pesar de las buenas intenciones, esta situación no solo terminó desgastando al ministro que tiene en sus manos la responsabilidad de conducir las políticas de seguridad, sino que también generó incertidumbre sobre la manera en que se toman decisiones desde el gobierno sobre temas tan sensibles.

¿Qué ocurrirá cuando Lagna u otro ministro anuncie sanciones contra un club de fútbol que no cumpla sus compromisos? Salvando las distancias, ¿que sucederá la próxima vez que la policía secuestre una moto que circula de manera irregular por las calles de Santa Fe?

Demasiadas preguntas quedan sobrevolando a partir de dos situaciones aparentemente inconexas.

Solo las certezas y un mensaje claro podrán fortalecer el principio de autoridad que debe preservar el Estado y reconstruir la confianza en una sociedad perpleja, fracturada y confundida