Habrá que convencerse de que el kirchnerismo todo lo puede. Lo que la oposición deshilachada -y en muchos casos incoherente- no logró en el transcurso de nueve años, el gobierno parece estar en condiciones de conseguirlo en apenas algunas semanas.
Como una avalancha de consecuencias imprevisibles, el “escándalo Boudou” arrasa con todo a su paso y empuja llamativamente a Cristina Fernández a sacrificar uno de los hitos más notables y respetables del kirchnerismo.
Cuando Néstor Kirchner asumió la Presidencia en 2003, no sólo se enfrentó con la necesidad de avanzar en la reconstrucción de un país en ruinas, sino que se encontró con una Corte Suprema de Justicia corrompida y carente de credibilidad, que había sido funcional a los designios de Carlos Menem, un presidente que gracias a la “mayoría automática” evadió toda condena frente a la catarata de denuncias de corrupción en su gobierno.
Los magistrados Julio Nazareno, Adolfo Vásquez y Guillermo López, renunciaron ante la posibilidad de enfrentar juicios políticos, mientras que Eduardo Moliné O Connor fue removido de su cargo a fines de aquel año.
La renovación de la Corte devolvió gran parte de la credibilidad perdida a la Justicia y fortaleció la figura de Néstor Kirchner. Hasta los más acérrimos opositores del gobierno debieron reconocer la decisión del presidente, que había tenido el coraje de generar un mecanismo que garantizara la independencia del máximo órgano de Justicia.
Nueve años después, Cristina Fernández hace trizas esta bandera irrefutable del kirchnerismo. La pisotea de tal manera, que desde ahora nada será como antes para las instituciones de la República y para el mismísimo sector político que la presidenta lidera.
Frente al “escándalo Boudou”, sacrifica la figura de Esteban Righi como procurador general de la Nación y avala el nombramiento de Daniel Reposo, un hombre sin méritos jurídicos, cercano al sospechado vicepresidente, cuyas únicas “virtudes” parecen ser la militancia y la obediencia.
Mensaje contundente
La señal es devastadora. El procurador general es nada menos que el jefe de los fiscales, quienes a su vez tienen la responsabilidad de investigar y llevar adelante la acusación en el proceso judicial. El mensaje es claro y contundente: quien se atreva a investigar a un integrante del gobierno, deberá enfrentar toda la furia del poder político y se verá condenado al más cruel de los destierros.
¿Por qué motivo Cristina opta por masacrar uno de los logros más importantes del gobierno de su esposo?, ¿es que acaso teme que la caída de Boudou pueda afectar su autoridad por haber sido la única responsable de elegirlo como candidato a vicepresidente?, ¿o tal vez ella haya estado al tanto de los hechos por los que hoy Boudou se encuentra bajo sospecha?
No resulta sencillo hallar una respuesta que satisfaga tantos interrogantes.
El “escándalo Boudou” puso a la institucionalidad argentina frente a un momento bisagra. No queda resquicio de dudas de que el nombramiento como procurador general de un hombre cuyos únicos méritos son la militancia y la obsecuencia, representaría reabrir las heridas que durante tanto tiempo desangraron la credibilidad de los más altos estamentos de la Justicia.
Lo mejor que le puede pasar al país, es que la oposición reúna los votos necesarios en el Senado de la Nación para rechazar la postulación de Reposo.
Desde una mirada alejada de cualquier interés mezquino, nadie puede desear que la figura de la Presidenta de la República se vea debilitada.
Por eso, y aunque con su singular actitud Cristina ya se encargó de mancillar irremediablemente uno de los principales logros del kirchnerismo, el rechazo al nombramiento de Daniel Reposo sería también lo mejor para ella y para su gobierno.