Se sabe que la institución policial atraviesa una fuerte crisis en la provincia de Santa Fe, sobre todo luego de que sobre finales del año pasado quedara detenido el jefe de la fuerza. Aquel caso fue seguido por nuevas detenciones de uniformados, algunos de los cuales venían ocupando puestos clave como, por ejemplo, la Jefatura de Inteligencia de la Dirección Provincial de Control y Prevención de Adicciones.
El fenómeno de la corrupción y la falta de confianza en la policía no es exclusivo de la provincia.
Recientemente se conoció una encuesta realizada por la ONG Transparencia Internacional, denominada “Barómetro Global para la Corrupción 2013”. Según dicho relevamiento, el 74{e84dbf34bf94b527a2b9d4f4b2386b0b1ec6773608311b4886e2c3656cb6cc8c} de los latinoamericanos de 11 países consultados cree que la policía es corrupta o extremadamente corrupta.
Sin embargo, la percepción sobre la tarea policial varía de acuerdo con cada país. Los mayores grados de desconfianza se registran en México, El Salvador, Guatemala o Bolivia; mientras que en Chile y Uruguay mejora notablemente la imagen que la institución tiene entre la ciudadanía.
La diferencia no es casual. La peor percepción y la recurrencia de casos de corrupción, se producen sobre todo en países convulsionados por bandas delictivas, mafias y narcotráfico.
Frente a esta lógica, resulta comprensible que los casos más graves de presunta connivencia entre policías y delincuentes en la provincia se estén produciendo en estos momentos en la ciudad de Rosario donde, se sabe, organizaciones criminales fuertemente vinculadas con el negocio de las drogas han extendido su poder.
Las soluciones a estos fenómenos son eminentemente políticas. Resulta utópico pensar en la posibilidad de que la institución policial pueda autodepurarse, sobre todo porque las sospechas de complicidad llegan en muchos casos hasta las máximas jerarquías.
Los especialistas en este fenómeno ponen como ejemplo lo sucedido en Colombia, donde sucesivos gobiernos tomaron drásticas decisiones para transformar a las fuerzas de seguridad y ejercer un control eficiente. Incluso, trabajaron muy fuerte en modificar la formación, doctrina y cultura de la institución policial.
El gobierno santafesino asegura que se están realizando ingentes esfuerzos en este sentido. En estos momentos, por ejemplo, los aspirantes deben cursar durante dos años en el Instituto de Seguridad Pública (ISeP).
La reforma en marcha incluye otros aspectos como, por ejemplo, el reemplazo de la actual Jefatura de Provincia por cinco jefaturas territoriales y tres jefes no territoriales. Se espera que est permita una mayor cercanía y control por parte de la ciudadanía y las autoridades civiles.
Es cierto que todo proceso de cambio requiere tiempo. Sin embargo, la gravedad del problema exige resultados urgentes. Cuanto más se demore en la implementación de las reformas, más difícil será alcanzar soluciones frente a este flagelo que crece día a día y pone en jaque a la población indefensa.
Por eso, frente a este desafío generado por la descomposición de las fuerzas de seguridad, el gobierno provincial deberá estar a la altura de las circunstancias y demostrar, cuanto antes, resultados concretos y alentadores.
