Mientras la Justicia provincial avanza en las investigaciones destinadas a establecer la responsabilidad de al menos cuatro personas en el homicidio del empresario Hugo Oldani, asesinado el 11 de febrero en una galería céntrica de la ciudad de Santa Fe, la Justicia Federal continuará investigando a la fiscal Cristina Ferraro porque sospecha que, por su accionar en las horas posteriores al crimen, encubrió posibles delitos federales vinculados con intermediaciones financieras ilegales.
A fines de agosto pasado, el fiscal federal Walter Rodríguez planteó las sospechas de que en la oficina de Oldani funcionara una “cueva” financiera y denunció por el posible delito de encubrimiento a la fiscal provincial Cristina Ferraro. Según el escrito de Walter Rodríguez, esta fiscal permitió a la hija de Oldani y al yerno del fallecido presenciar todo el procedimiento inmediato a la muerte y, luego, los autorizó a llevarse de la oficina el dinero y los elementos de valor que allí se encontraban. Incluso, avaló el pedido de ambos de que no se abriera una caja fuerte que estaba en el lugar.
Frente a esta situación, Ferraro planteó mediante su abogado defensor, Néstor Oroño, la incompetencia de Rodríguez para realizar esta denuncia e investigación. Sin embargo, dicha presentación fue rechazada y el fiscal federal continuará investigando a la fiscal de Homicidios.
El argumento de Ferraro, a través del Dr. Oroño, se basó en que para que exista un delito de encubrimiento, debe existir un delito previo a encubrir. Si bien en estos momentos se sospecha que Oldani realizaba actividades ilícitas en su agencia de turismo, al momento de su muerte no existía investigación alguna en su contra. Al haber fallecido, no resulta posible que el empresario sea imputado post mortem de delito alguno. Entonces, si no se podrá comprobar delito por parte de Hugo Oldani, no resulta posible establecer las bases de un potencial encubrimiento. En otras palabras, sin delito federal para encubrir -porque el supuesto responsable está muerto-, no habría encubrimiento posible que el fiscal Rodríguez deba investigar.
Sin embargo, la Justicia Federal tiene otra mirada. Poco después de la muerte de Oldani, se tomaron fotografías que revelaron la presencia en dicha oficina de 1.100.000 dólares estadounidenses y 3.050.000 pesos que, literalmente, desaparecieron de la escena del crimen.
Según de Walter Rodríguez, la fiscal Ferraro permitió a la hija de Oldani y al yerno del fallecido presenciar todo el procedimiento inmediato a la muerte y, luego, los autorizó a llevarse de la oficina el dinero y los elementos de valor que allí se encontraban. Incluso, avaló el pedido de ambos de que no se abriera una caja fuerte que estaba en el lugar.
Walter Rodríguez refleja que la misma hija de Oldani declaró tiempo después: “A la noche fui con mi marido a retirar el dinero porque la fiscal Ferraro nos autorizó a retirar todo lo de valor. Cargamos todo el dinero en una mochila y dos portafolios que se encontraban en los estantes”. Y agrega que José Luis Hernández, el yerno de Oldani, afirmó: “Fui con mi esposa a retirar el dinero porque la fiscal que lleva el caso autorizó a que se retirara todo el dinero”.
Al rechazar el planteo de incompetencia presentado por Ferraro, el fiscal Walter Rodríguez advierte que en estos momentos no está investigando al fallecido Hugo Oldani, sino que su trabajo apunta a detectar la responsabilidad delictiva de terceras personas que, obviamente, están vivas y se habrían beneficiado del posible encubrimiento de la fiscal Ferraro.
En primer lugar, la Justicia Federal quiere saber dónde está el dinero desaparecido y cuál es el origen de esos fondos que, en estos momentos, se encuentran en otras manos. “La investigación del delito precedente se encuentra dirigida a establecer la intervención de terceras personas distintas de quien fuera en vida Hugo Ernesto César Oldani”, aclara Rodríguez.
Además, se investiga la posibilidad de que estos potenciales delitos financieros tuvieran vinculación con empresarios o personas provenientes de otras provincias, como Córdoba y Entre Ríos, y también del norte de la provincia de Santa Fe.
Para avalar la competencia federal de este caso, Rodríguez insiste en que “esto nos sitúa frente a la posible comisión de un delito cuyo bien jurídico atacado -el orden económico y financiero, entendido éste como es la integridad del sistema financiero-, afecta directa e inmediatamente la política monetaria y crediticia -en este caso regional- y registra un interés federal ya que obstruye el normal funcionamiento de una institución nacional, el Banco Central de la República Argentina”.
Una investigación enrarecida desde el principio
El caso Oldani viene generando diversos interrogantes desde un principio. En agosto pasado, el fiscal regional Carlos Arietti apartó de la causa del homicidio de Hugo Oldani a la fiscal Cristina Ferraro. Y en el programa Creo, que se emite cada primera mañana en Aire de Santa Fe, el jefe de los fiscales provinciales, Jorge Baclini, se negó en reiteradas oportunidades a explicar por qué se había tomado esta decisión.
Sin embargo, algunos días después el funcionario comenzó a develar cuál era su mirada sobre el manejo de esta causa: ordenó una auditoría sobre los hechos y habló de una “falta grave” cometida por la fiscal Ferraro.
Las investigaciones sobre el homicidio reflejaron escasos avances luego del crimen. Tanto es así que, frente a esta situaución, el ministro de Seguridad de Santa Fe, Marcelo Sain, presentó una denuncia ante la Justicia Federal para que interviniera en la causa. Desde entonces, el fiscal Rodríguez comenzó a avanzar -con dificultades al principio por la falta de información del MPA- sobre este caso.
En junio de este año, Rodríguez solicitó información al Ministerio Público de la Acusación sobre la causa, pero las respuestas iniciales sólo consistieron en evasivas. Luego de dos meses de infructuosos pedidos al MPA para que compartiera información sobre las investigaciones relacionadas con el homicidio de Hugo Oldani, el fiscal federal Walter Rodríguez solicitó la intervención del gobernador de la provincia, Omar Perotti.
“Solicito su intervención como consecuencia de haber agotado todos los medios a mi alcance para lograr la remisión de distintas evidencias recogidas por el MPA en casos específicos, que incluye un infructuoso pedido de colaboración dirigido al secretario de Justicia de la Provincia de Santa Fe, Héctor Gabriel Somaglia, respecto del cual no tuve respuesta”, decía la nota dirigida a Perotti.
Los datos finalmente llegaron. Y desde entonces, Walter Rodríguez trabaja en reconstruir el posible esquema de intermediación financiera ilegal en el que estarían involucrados importantes empresarios de Santa Fe y de otras provincias.
Compra y venta de dólares
“Oldani se dedicó cuanto menos a la compra y venta de dólares, realizando transacciones de cambio chico con el dinero que tenía en un morral. Es el mismo morral que desapareció en el momento del disparo” que acabó con la vida del empresario, dijo en su momento en fiscal federal. Y agregó: “Ahora conocemos que Oldani celebraba operaciones de envergadura con empresarios o personas acaudaladas, provenientes de otras provincias y del norte de Santa Fe”.
El fiscal federal habla de distintos testimonios sobre personas que llegaban en automotores y estacionaban en dársenas internas de una playa de estacionamiento ubicada frente a la Galería Rivadavia. “Conducían sujetos no identificados que bajaban con cajas de cartón, ingresaban a la oficina de Oldani y salían con las mismas cajas hacia sus autos”, explica.
Según otros testimonios, “Virginia Oldani se dedicaba a las operaciones turísticas y a operaciones de cambio de poca cantidad de divisas. Hugo Oldani era el responsable de las tareas con montos que exceden el giro comercial real de la empresa”.
En una de las filmaciones realizadas poco después del crimen, “se observa una máquina calculadora encendida en el escritorio con una cifra marcada de 16.800.000. Esto indica que la víctima se encontraba en plena labor matemática en el momento de ser atacada”.
De acuerdo con el escrito de Walter Rodríguez, “la fiscal Ferraro le explicó a la hija de Oldani los pasos procesales que serían desarrollados en la escena del crimen y que todo debía realizarse en presencia de dos testigos. Pero la hija de Oldani se negó rotundamente al ingreso de toda persona ajena a su negocio y no acató la orden de la fiscal.… La fiscal accede al pedido de la hija de Oldani y el procedimiento dentro del local se realiza en presencia de la hija y de su esposo”.
Según consta en las primeras investigaciones, había en el fondo del local una puerta “hacia un pequeño reducto con una estantería improvisada, sobre la que se encontraba gran cantidad de dinero en moneda nacional y extranjera, separado en fajos… En se momento se invita a la hija a abrir una caja de seguridad mediana color naranja y ella se niega rotundamente a hacerlo“.
El 22 de febrero pasado, trascendieron a través de un medio de comunicación fotografías de las oficinas de Oldani, tomadas minutos después del asesinato. Allí se observan los fajos de dinero que luego desaparecieron y que la familia de la víctima del crimen reconoce haber retirado.
Walter Rodríguez también expresó su sorpresa por el hecho de que desde el MPA ni siquiera se haya iniciado una causa por posible falso testimonio por parte de la hija y del yerno de Oldani.
