Esta nota fue publicada en Aire Digital.
La muerte del empresario Hugo Oldani, un caso que comenzó como asesinato y derivó en una investigación por la posible existencia de una cueva financiera; en el que un par de horas después del homicidio mostró a una fiscal -Cristina Ferraro- permitiendo que familiares de la víctima se llevaran evidencias del lugar de crimen; en el que policías apagaron cámaras de seguridad intencionalmente; que derivó en una investigación inactiva durante meses en la Justicia de Santa Fe; que llevó a prisión a un hombre con pruebas que nunca existieron; en el que un sospechoso de asesinato apareció muerto en la cárcel de Las Flores y sobre el que existen sospechas de que podría salpicar a personajes poderosos de esta ciudad.
Es cierto que estrictamente existen dos causas judiciales a partir de los hechos ocurridos aquel fatídico 11 de febrero de 2020: las investigaciones de la Justicia provincial sobre el homicidio -que ya no tiene al principal sospechoso con vida porque apareció muerto en Las Flores-; y la causa de la Justicia federal por la posible existencia de una cueva financiera bajo la fachada de una agencia de turismo en pleno centro de la ciudad.
Esta causa federal es la que se encamina a un momento clave. Se estima que en dos o tres semanas, a más tardar, el fiscal Rodríguez pedirá formalmente la elevación a juicio.
Y en el banquillo de los acusados estarán Virginia Oldani –la hija del empresario asesinado-, María José Calle, Carina Amelia Chelmo, Leandro Javier Forchetti, Flavio Damián Giulioni, Ariel Juan Trucco, Eugenio Francisco Alonso, Marco Molinas, Carlos Nicolás Ciochetto y Carlos Aníbal Bacigaluppo.
Todos los planteos de los abogados defensores para anular los procesamientos y para que el caso pasara a manos de la Justicia de Santa Fe resultaron desestimados en los últimos meses.
No solo existieron repetidos intentos por sacarle el caso al fiscal federal Walter Rodríguez, sino también manifiestas trabas de la Justicia provincial cada vez que desde el fuero federal se requirió información sobre los hechos. Tanto fue así, que en una situación sin precedentes Rodríguez terminó solicitando la intermediación del gobernador Omar Perotti para acceder a los datos que estaban en manos de la Justicia de Santa Fe.
Preguntas clave para un caso oscuro
Las evidencias reunidas por la Fiscalía federal hasta el momento se basan en una enorme cantidad de mensajes y comunicaciones entre los sospechosos, en los que también aparece involucrado Hugo Oldani, cuya conducta no será investigada por haber fallecido.
La Justicia federal resolverá si realmente existió en Turismo Oldani una cueva financiera y si cada uno de los imputados estuvo relacionado con ese delito.
De todos modos y más allá de cuál termine siendo el veredicto, este caso disparó demasiadas preguntas que, al menos hasta ahora, siguen sin respuestas.
– ¿Por qué la fiscal Cristina Ferraro permitió a familiares de Oldani retirar lo que había dentro de las oficinas, minutos después de que se produjera la muerte del empresario?
– ¿Actuó por su cuenta o recibió la orden de algún superior del Ministerio Público de la Acusación?
– ¿Bajo qué circunstancias una fiscal se atreve a ordenar que policías desactiven cámaras de seguridad, mientras los familiares ingresaban a las oficinal del empresario que acababa de fallecer?
– ¿Por qué el fiscal general de la Provincia, Jorge Baclini, se negó una y otra vez a brindar detalles de lo sucedido?
– ¿Cuál fue el motivo por el que el fiscal regional, Carlos Arietti, no tomó ninguna decisión en el preciso momento en que la fiscal Mariela Giménez le notificó de las irregularidades cometidas por su colega Ferraro?
– ¿La Justicia federal indagará a Ferraro y le preguntará por qué hizo lo que hizo, o si recibió órdenes de algún superior o un tercero afectado por lo ocurrido?
– ¿Se hará cargo ella de toda la responsabilidad por los hechos inexplicables de aquel 11 de febrero?
– ¿Por qué tanta insistencia de los abogados defensores para que la causa pasara a manos de jueces y fiscales de Santa Fe, apartando a la Justicia Federal de las investigaciones?
– ¿Dónde fue a parar el dinero fotografiado por la policía dentro de las oficinas de Oldani: más de 1 millón de dólares y más de tres millones de pesos?
– ¿Por qué la fiscal no permitió que los policías abrieran la caja fuerte de Oldani? ¿Qué había en su interior?
– ¿Cómo fue posible que por el homicidio del empresario detuvieran al bioquímico Alfredo Sadonio, con pruebas que jamás existieron?
– ¿Por qué a diez meses del asesinato y luego de reconocer los groseros errores, la Justicia de Santa Fe no archiva la causa contra Sadonio o lo sobresee?
– ¿No habrá ninguna sanción al juez y a los fiscales que impulsaron la detención del bioquímico, sin evaluar fehacientemente si las pruebas en su contra eran válidas?
– ¿Cómo es posible que el sospechoso de un crimen tan resonante aparezca muerto en la cárcel de Las Flores y que en los minutos posteriores a su deceso se informara desde el Servicio Penitenciario que el fallecido era otro preso?
– ¿A quién -o a quiénes- pertenecía el dinero desaparecido de la oficina de Oldani?
– ¿Quién -o quiénes- operaban en esta supuesta cueva financiera?
– ¿El hilo se cortará en Virginia Oldani, María José Calle, Carina Amelia Chelmo, Leandro Javier Forchetti, Flavio Damián Giulioni, Ariel Juan Trucco, Eugenio Francisco Alonso, Marco Molinas, Carlos Nicolás Ciochetto y Carlos Aníbal Bacigaluppo?
Muertes inexplicables, errores inaceptables, silencios turbios y conductas misteriosas. A estas alturas de las circunstancias y frente a este oscuro entramado, Hugo Oldani apenas si luce como un actor secundario.
Los verdaderos protagonistas, parecen continuar en las sombras.