Christian Wulff fue elegido hace un año y medio por Angela Merkel para que fuera presidente de Alemania.
En otro rincón del mundo, Amado Boudou resultó escogido hace ocho meses por Cristina Fernández de Kirchner como candidato a vicepresidente de la Argentina, cargo al que finalmente accedió gracias a los votos de la ciudadanía.
Wulff se vio envuelto en un escándalo por presunto tráfico de influencias cometido hace cuatro años, cuando gobernaba la región de Baja Sajonia.
Boudou está sospechado de haber favorecido a un amigo de la infancia para que imprimiera billetes de cien pesos en un negocio que le costará al Estado nacional 50 millones de dólares.
Frente a las sospechas que pesan en su contra, el presidente alemán acaba de renunciar a su cargo. Mientras tanto, el vicepresidente argentino continúa en su puesto y en el gobierno no se habla del tema.
El ahora expresidente alemán anunció su renuncia luego de que la Justicia solicitase el jueves su desafuero. Entre las actitudes que se le reprochan a Wulff aparece un crédito altamente ventajoso que obtuvo en 2008 por 450.000 euros, que pidió y recibió de un joyero millonario procedente de la región de Baja Sajonia. Además, habría gozado de tarifas preferenciales para viajar en primera clase y para hospedarse en hoteles de lujo junto con su familia, siempre gracias a sus relaciones con empresarios de la región, con quienes mantenía buenas relaciones.
A la distancia, las acusaciones que pesan sobre el expresidente alemán parecen menores, sobre todo vistas desde un país acostumbrado a presidentes que exhiben con total desparpajo regalos como una Ferrari Testarrosa (¡Menem lo hizo!), a otros que compran leyes con una Banelco o a vicepresidentes que, mientras están sospechados de haber favorecido a un amigo en un negocio millonario en dólares, tocan la guitarra eléctrica junto a su banda de rock favorita.
El amigo de Boudou elegido para imprimir los billetes figura en la Afip como monotributista categoría B, cuyo límite de facturación anual es de 24 mil pesos. Pero eso no es todo. Las últimas revelaciones periodísticas indican que un socio del conocido de Boudou es, además, inquilino de una propiedad que el vicepresidente de la Nación posee en el exclusivo barrio porteño de Puerto Madero.
El juez Daniel Rafecas y el fiscal Carlos Rívolo investigan a Boudou por “violación de los deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles con la función pública y malversación de caudales públicos”.
Alcanzar el desarrollo de un país no es sólo cuestión de números, de PBI o de ingresos per cápita. Lograr el desarrollo representa, además del poderío económico, exhibir estándares de civilidad y conducta que se conjugan con el respeto por las reglas de juego.
En países como Alemania, el poder representa para el gobernante la obligación de cumplir los máximos estándares de responsabilidad y de credibilidad. Nada parecido sucede en la Argentina, donde algunos gobernantes sienten estar investidos por un poder absoluto, por el sólo hecho de haber sido votados por la mayoría.
