Esta nota fue publicada en Aire Digital
Se trata de una lucha desigual: mientras Ariel “Guille” Cantero, el líder de la banda de Los Monos, levanta un teléfono desde la cárcel y manda a matar a un inocente en el casino de Rosario; socialistas y peronistas llevan meses discutiendo y echándose culpas, la policía se encuentra atravesada por la corrupción, la Justicia Federal no cuenta con los recursos suficientes, los jueces provinciales piden que los fiscales no se tomen vacaciones, los fiscales responden que los jueces también se queden a trabajar, el ministro de Seguridad le pide a los fiscales que no cierren sus oficinas con llave, la Justicia responsabiliza al Ejecutivo, el Ejecutivo a los jueces y entre todos, al Legislativo.
El enemigo es poderoso, rico, eficiente y decidido, pero quienes deben enfrentarlo desde el Estado están más preocupados por encontrar culpas ajenas o por no perder ciertos privilegios, que por trabajar de manera mancomunada en busca de la seguridad perdida.
Es cierto que el problema es complejo. Es verdad que no habría narcos, ni récords de homicidios, si no se tratara de una sociedad arrasada por la miseria y la marginalidad. Pero mientras unos y otros se sienten cómodos analizando las raíces del drama o buscando chivos expiatorios, las balas siguen repicando y la sangre continúa derramándose en una provincia abatida por el miedo.
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Quizá pueda parecer una descripción excesivamente dramática de lo que viene sucediendo desde hace demasiado tiempo. Sin embargo, hay hechos que están a la vista.
Esta semana, una nota de opinión publicada en Aire Digital titulada “La provincia se desangra y la Justicia está de vacaciones”, reabrió una polémica que no es nueva y dejó de manifiesto un cúmulo de miserias inaceptables frente a un enemigo que no perdona.
¿Es conveniente que jueces penales, fiscales y agentes judiciales tengan 31 días de vacaciones en enero, 14 en julio, 15 días de licencias extraordinarias, más fines de semanas, feriados y asuetos? ¿No representa un verdadero despropósito frente a una sociedad que reclama celeridad en la resolución de los casos? ¿No significa una ventaja inaceptable para el delito organizado que avanza y que acaba nada menos que con 25 vidas en apenas 15 días en Santa Fe y Rosario?
A nivel nacional, el exministro de Justicia, Germán Garavano, intentó llevar adelante modificaciones a este sistema de licencias judiciales. Pero no pudo.
En Santa Fe, el Ejecutivo insiste en que los jueces deberían ser más eficientes y que dejan en la calle a quienes tienen que estar tras presos, los jueces responden que “la Justicia no tiene nada que ver con la inseguridad” (lo dijo en el programa Creo, por Aire de Santa Fe, Daniel Erbetta, ministro de la Corte Suprema de Santa Fe), los fiscales carecen de estructura (tienen un empleado y un pasante cada uno), todos piden que cambien las leyes y los legisladores -que apenas trabajan ocho o nueve meses al año- responden que cada uno se dedique a hacer su trabajo como corresponde.
El poder del dinero
Si a este cóctel de mezquindades se añade que el dinero narco se derrama en los barrios más marginados, entre empresarios y profesionales de guantes blancos y en fuerzas policiales absolutamente corrompidas, se llega a la conclusión de que los que sólo piden vivir y trabajar en paz corren con una enorme desventaja.
¿Hasta dónde se extienden las garras de la corrupción narco?, ¿terminan en la policía o llegan a ciertos miembros de las esferas superiores de los poderes públicos?, ¿cuántos supuestos empresarios exitosos no son otra cosa más que lavadores de dinero con orígenes fraudulentos?
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Esta semana también se supo que, en algunos casos, las cámaras de seguridad de la Municipalidad de Santa Fe y del gobierno provincial apuntan hacia el mismo lugar, porque jamás existió coordinación al respecto. En los últimos años, el Municipio reclamó infructuosamente a la Provincia el acceso a al Sistema Cóndor durante los operativos de seguridad vial, que le permitiría a los agentes de la ciudad saber si un vehículo figura como robado o si existe alguna irregularidad.
Los problemas no son nuevos. Durante el gobierno kirchnerista de 2007 a 2015, la Justicia Federal se mantuvo prácticamente inactiva en Rosario, mientras los narcos hacían estragos en la ciudad. De hecho, el histórico juicio que terminó con 24 miembros de la banda de Los Monos -entre ellos la escalofriante cifra de 13 policías-, fue realizado en el marco de la Justicia provincial por delitos tales como homicidios y asociación ilícita, pero no por narcotráfico.
Mientras este contexto general no cambie, el Estado podrá ganar ciertas batallas. Pero será el narcotráfico el que cuente con mayores posibilidades de ganar la guerra. Lo sucedido en otros países es un ejemplo irrefutable de cómo puede terminar la historia si los responsables de tomar decisiones no están a la altura de las circunstancias y si la sociedad no despierta a tiempo.
El enemigo es poderoso, rico, eficiente y decidido. Quienes deben enfrentarlos, siguen enredados en sus miserias y mezquindades.
